En una decisión que promete cambiar el panorama del servicio público en México, el Senado de la República ha aprobado una reforma que permite a los servidores de distintas dependencias portar armas de fuego. Entre las instituciones incluidas destacan la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otras.

Un cambio histórico

La iniciativa surge como respuesta a las crecientes amenazas que enfrentan trabajadores públicos, particularmente en áreas de alta incidencia delictiva o en actividades sensibles como auditorías, inspecciones y operaciones en zonas rurales. Según los legisladores que impulsaron la reforma, esta medida busca proteger a los empleados de agresiones y garantizar la continuidad de funciones clave para el país.

Detalles de la medida

La reforma incluye estrictos requisitos para la portación de armas, como la capacitación obligatoria en manejo de armas, exámenes psicológicos y la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Asimismo, se establece un marco regulatorio para garantizar que las armas solo sean usadas en casos extremos y bajo supervisión.

Además de las dependencias federales, la medida considera la autorización para que ejidatarios y jornaleros en zonas rurales porten rifles y escopetas de bajo calibre como protección en sus propiedades, fuera de áreas urbanas.

El debate nacional

La aprobación de esta reforma ha generado una fuerte polarización en la sociedad mexicana. Mientras que algunos ven la medida como necesaria frente a los desafíos de seguridad, otros advierten sobre posibles abusos de autoridad y tensiones entre los ciudadanos y los servidores públicos.

Los críticos también señalan que la proliferación de armas en el ámbito público podría agravar problemas ya existentes relacionados con la violencia armada. Por su parte, los defensores aseguran que esta es una oportunidad para fortalecer la protección de los trabajadores y aumentar la efectividad en actividades clave del gobierno.

Próximos pasos

Ahora la reforma será remitida al Ejecutivo para su promulgación y posterior implementación. En las próximas semanas, se espera un intenso análisis sobre los protocolos que regirán la portación de armas, así como una evaluación de los impactos de esta decisión en el contexto de seguridad nacional.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

En un giro inesperado, el gobierno federal ha destapado una red de corrupción que involucra a 59 proveedores de medicamentos, quienes participaron en licitaciones públicas sin contar con razón social farmacéutica. Estas empresas, que incluyen desde inmobiliarias hasta vendedores de combustibles, habrían presentado documentación falsa para ganar contratos millonarios en el sector salud.

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que una de las empresas, Biomics Lab México, ya fue inhabilitada por un periodo de 15 meses debido a irregularidades en la compra consolidada de medicamentos para 2025-2026. Además, se prevé que esta semana se presenten denuncias penales contra otra empresa por falsificar permisos de Cofepris.

El impacto de estas irregularidades es significativo, ya que los contratos adjudicados a estas empresas suman más de 276 millones de pesos. Entre los casos más destacados se encuentra una licitación del extinto Insabi por más de 101 millones de pesos para la entrega de material médico, así como contratos del ISSSTE y el Instituto de Salud del Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se están tomando medidas urgentes para garantizar el abasto de medicamentos, incluyendo la implementación de subastas inversas para acelerar los procesos de compra y evitar sobrecostos. Sin embargo, este escándalo pone en evidencia las malas prácticas que persisten en la industria farmacéutica y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión.

Este caso no solo afecta la confianza en el sistema de salud, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en las licitaciones públicas. Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción continúa investigando a las empresas involucradas, prometiendo sanciones ejemplares para quienes hayan violado la ley.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias