Nacional
Consulta para juzgar a expresidentes debe realizarse en agosto, ordena la Corte al INE
Ciudad de México. – La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente la controversia constitucional que promovió el INE contra los decretos que regulan la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes, la cual sí se realizará.
“Actor Instituto Nacional Electoral, el proyecto propone. Primero: Es procedente, pero infundada la controversia constitucional”, resolvieron los ministros en sesión pública realizada este miércoles por videoconferencia.

Con ello, los ministros confirmaron la validez del Decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular emitida por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2020.
También, avalaron el Decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de noviembre de 2020.
Así será la boleta de la consulta para enjuiciar a expresidentes de México

La decisión –relacionada a la controversia constitucional 203/2020, promovida por el INE–, no tuvo discusión de por medio de los ministros y fue aprobada por unanimidad, junto con otros asuntos, en votación económica (a mano alzada).
Cabe destacar que, en la sesión remota, el secretario de acuerdos tuvo una falla, ya que en vez de decir la palabra confirma, señaló la palabra revoca, lo que en principio hizo creer que la consulta se había cancelado, pero el error fue aclarado con posterioridad a la votación.
Este caso estaba en lista para resolverse antes de las elecciones del 6 de junio pasado, pero de última hora el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo decidió retirarlo para incluirlo en la sesión de hoy.
De acuerdo con los antecedentes, el INE apeló, en primer término, el “Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de octubre de 2020.
Asimismo, impugnó el “Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular’ publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2020.
En el primero de los decretos, advierte que la fecha de la consulta será el domingo 1 de agosto próximo; y delimita la pregunta que será sometida a consideración de la población, la cual señala:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
En el segundo de los decretos impugnados se señala que la Convocatoria de Consulta Popular entrará en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el INE realice las acciones necesarias para realizar el ejercicio popular.
La consulta fue propuesta por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que la ciudadanía decida si se somete o no a juicio a los últimos cinco expresidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto).
El caso se envió a la Suprema Corte quien, el 1 de octubre de 2020, aprobó la realización de la consulta y determinó que la materia de la misma no viola la Constitución federal.
Señaló que el espíritu de la Consulta es que la ciudadanía tenga la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado, para garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
Sin embargo, al final modificaron la pregunta que les envió el presidente López Obrador, de la cual quitaron cualquier tipo de referencia a las palabras expresidentes, y evitaron poner los nombres de los últimos cinco mandatarios del país.
¿Cómo será la boleta para el domingo 1 de agosto?
Hace una semana, el INE presentó el diseño de la boleta para la Consulta Popular del 1° de agosto.
Con diversas tonalidades en rosa, la boleta viene con marcas de agua para mayor seguridad y así, evitar falsificaciones.
La pregunta señala:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Por lo que las opciones son dos: Sí o No.
Nacional
RansomHub expone vulnerabilidad en sistemas informáticos del Gobierno de México
Agencia.- El grupo de ransomware RansomHub añadió al Gobierno de México en su lista de víctimas, apuntando específicamente a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJEF). Según datos compartidos en su plataforma en la deep web, el grupo afirma haber encriptado y secuestrado 313 GB de información confidencial, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad y operación de esta entidad clave en la administración pública.
La advertencia fue reportada inicialmente por el especialista en ciberseguridad y analista de amenazas Miguel Becerra, quien, a través de su cuenta en X, señaló que el dominio www[.]gob[.]mx podría haber sido comprometido por los atacantes.
¿Qué datos secuestro RansomHub?
El grupo de ransomware asegura haber obtenido información altamente sensible, entre la que se incluyen:
- Contratos administrativos.
- Datos financieros.
- Información de seguros.
- Listas de funcionarios de la CJEF con nombre completo, fotografía, RFC, correo institucional y área de trabajo.
Como prueba de su ataque, el grupo publicó un contrato de lineamientos para el arrendamiento de inmuebles utilizados por la Consejería Jurídica. Esta dependencia, fundamental para la estructura administrativa del Ejecutivo Federal, es responsable de revisar y validar los instrumentos jurídicos que se someten a consideración del Presidente de la República y de elaborar los proyectos de iniciativas de ley que este presenta al Congreso de la Unión.
Evidencia publicada por RansomHub en su foro de la dark web.
Evidencia publicada por RansomHub en su foro de la dark web.
Plazo y consecuencias de una potencial filtración del Gobierno de México
El grupo de ciberdelincuentes otorgó un plazo de 10 días para que el gobierno de México pague el rescate. Aunque la cifra exigida no se ha hecho pública, RansomHub amenaza con liberar toda la información en la deep web si no se cumple con el pago.
Entre los archivos secuestrados se encuentran datos críticos que, de ser divulgados, podrían comprometer tanto la operatividad de la Consejería Jurídica como la confidencialidad de los funcionarios y las decisiones estratégicas del gobierno.
Cabe destacar que diversos especialistas como Víctor Ruiz, instructor certificado en ciberseguridad y fundador de SILIKN, recomiendan no pagar a los grupos de ransomware; sin embargo, la decisión también puede depender de las potenciales afectaciones.
“Al saber que la víctima paga, el grupo de ciberdelincuentes puede optar por vender, alquilar o intercambiar con otros grupos el acceso inicial, las credenciales o la información extraída, permitiendo que otros atacantes también se aprovechen de la situación”, alertó Ruiz en otro caso reciente de ransomware.
En referencia al ataque a la CJEF, Ruiz advirtió que los grupos cibercriminales especializados en ransomware, como RansomHub, suelen conservar la información utilizada para vulnerar los sistemas de una empresa o institución gubernamental: “Esto les permite, por un lado, ejecutar nuevos ataques contra las mismas víctimas, continuar extorsionándolas o incluso comercializar estos datos con otros grupos delictivos para amplificar el impacto del ataque”.
El especialista, en declaraciones para Publimetro México, señaló que es fundamental que el gobierno implemente medidas inmediatas y refuerce sus controles de seguridad, ya que, de no hacerlo, “corren el riesgo de que vuelvan a ser atacados y vulnerados en el transcurso de las siguiente semanas”.
¿Quién es RansomHub y cómo opera?
RansomHub es un grupo de ransomware que ha ganado notoriedad global por sus ataques bien organizados y su modelo de Ransomware-as-a-Service (RaaS). Fundado a inicios de 2024, tras el desmantelamiento del grupo ALPHV/BlackCat, RansomHub permite que sus afiliados (quienes utilizan su malware) ejecuten ataques y retengan el 90% de los pagos obtenidos, mientras que el grupo central recibe el 10%. Este modelo ha atraído a numerosos ciberdelincuentes y ha ampliado su impacto global.
El grupo opera bajo un conjunto de reglas que limitan sus objetivos. Por ejemplo, prohíben atacar hospitales sin fines de lucro y organizaciones en países como Cuba, Corea del Norte, y China. Sin embargo, se enfocan en instituciones y empresas con alta capacidad de pago, priorizando objetivos que manejan información sensible, como el sector gubernamental y corporativo.
Una de sus estrategias es liberar pequeñas muestras de datos robados para presionar a las víctimas a pagar. Si el rescate no se realiza, los datos completos son liberados en la deep web, exponiendo información confidencial que puede ser utilizada por otros actores malintencionados.
Entre las víctimas de RansomHub en México están OMA, UNAM y Mabe, con datos sensibles comprometidos en la dark web.
Víctimas mexicanas de RansomHub
México ha sido un blanco recurrente de este grupo. Entre sus víctimas más destacadas se encuentran:
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA): RansomHub liberó 2.2 terabytes de información, incluyendo auditorías, contratos y datos de seguridad de 13 aeropuertos mexicanos.
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): En mayo de 2024, atacaron a la universidad, comprometiendo datos de más de 37,000 usuarios y empleados.
- Mabe: La empresa mexicana de electrodomésticos también fue blanco del grupo, con amenazas de liberar datos bancarios y personales de miles de clientes
La creciente amenaza del ransomware en México
Este nuevo ataque al Gobierno de México subraya la creciente amenaza que representa el ransomware para las instituciones públicas y privadas en el país. Con datos estratégicos comprometidos y el riesgo de divulgación masiva en caso de incumplimiento, la presión sobre la CJEF es enorme. Este incidente también refuerza la necesidad de invertir en ciberseguridad y establecer protocolos robustos para prevenir y mitigar ataques cibernéticos que comprometen no solo a las organizaciones, sino a la confidencialidad y seguridad nacional
Fuente: Publimetro
Nacional
Anuncian recorte presupuestal en seguridad, salud y cultura
CDMX.- De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda entregó este viernes a la Cámara de Diputados, 16 de las 19 secretarías gubernamentales registran recortes presupuestales para el próximo año con respecto a los recursos que ejercieron durante el 2024.
Las más castigadas son las secretarías de la Defensa Nacional, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Salud, Medio Ambiente, Energía y Cultura.
Para el siguiente año, el presupuesto para la Secretaría de la Defensa pasa de e 270 mil 465 millones a 151 mil 995 millones de pesos, con una disminución de 118 mil 470 millones, equivalentes a menos 43.8 por ciento. Mientras, los recursos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pasan de 110 mil 339 millones a 70 mil 422 millones, una reducción de 39 mil916 millones, lo que representa 36.2 por ciento menos; mientras para Medio Ambiente el recorte es de 39.4 por ciento al pasar su presupuesto de 73 mil 232 millones a 44 mil 370 millones.
¿De cuánto será el recorte para la Ssa?
Para la Secretaría de Salud el recorte que se le aplica es de 34 mil 420 millones, al pasar su presupuesto de 101 mil 114 millones a 66 mil 693 millones de pesos, mientras el gasto de la Secretaría de Cultura sufre una reducción de 17 mil 467 millones a 12 mil 081 millones, con una disminución de 5 mil 385 millones de pesos.
Lo mismo ocurre con la Secretaría de Energía que para el siguiente año se le asigna un monto presupuestal por 138 mil 307 millones de pesos; es decir, 36 mil 561 millones menos cuando este año tuvo 174 mil 868 millones de pesos.
En contraste, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tendrá un incremento de aumento de 51 mil 467 millones de pesos, al pasar de 89 mil 331 millones a 140 mil 799 millones. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también tiene un de 183.3 por ciento; actualmente ejerce 13 mil 427 millones pero para el siguiente año su gasto crece a 38 mil 048 millones. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Bienestar que, de acuerdo con el PEF, su presupuesto pasará de 567 mil 061 millones a 579 mil 883 millones de pesos.
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