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Instalaciones de reclusorios pasarán a ser del gobierno: Rosa Icela Rodríguez

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Ciudad de México.- La administración de ocho reclusorios privados en el país supuso 67 por ciento del presupuesto de 2020, consistente en 22 mil 772 millones de pesos, destinado a Readaptación Social, circunstancia que obligó al Gobierno de México a renegociar los contratos con las empresas a cargo de esa tarea.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se logró una renegociación de los contratos que permitió una reducción de costo al gobierno de 15 por ciento, así como la incorporación de las instalaciones al patrimonio de la nación.

“Se trata de un gasto equivalente al hospedaje en un hotel de cinco estrellas, por los gastos de operación y para alimentación de cada interno”, expresó.

Rodríguez Velázquez detalló que existen 12 mil personas privadas de la libertad en esos ocho penales y hay casos en los que el porcentaje de ocupación era de 32 por ciento, como el de Morelos, pero se pagaba como si estuviera al 100.

Entre las condiciones de renegociación con las empresas proveedoras del servicio, se encuentra la revisión permanente de las obligaciones del contrato y que se busque siempre el respeto de los derechos humanos.

“Además, hay procesos penales abiertos para los funcionarios que han hecho daño al patrimonio de México”, advirtió.

Informó que no se pagarán estos servicios hasta que se firmen los contratos, suspendidos de enero a abril, con las nuevas condiciones de trabajo.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que con el dinero que se ahorrará con la renegociación de los contratos de los reclusorios se financiará la construcción de 100 cuarteles de la Guardia Nacional.

Aseveró que con la renegociación de estos contratos se prevé un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos por año.

“En los cuatro años que nos quedan podremos ahorrar 10 mil millones, equivale a que se puedan construir los cuarteles de la Guardia Nacional, cada cuartel cuesta 25 millones de pesos, de calidad, y no hay corrupción”.

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LA INFLACIÓN EN MÉXICO REPUNTA A 4.22% EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, en la primera quincena de mayo de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación anual de 4.22%, superando las expectativas del mercado y saliendo del rango objetivo del Banco de México (3% ±1%).

Principales factores del incremento

El aumento en la inflación se atribuye principalmente al alza en los precios de alimentos como el pollo (8.96%), la papaya (16.25%) y el jitomate (4.37%). La inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, se ubicó en 3.97% anual, con incrementos en mercancías (3.51%) y servicios (4.49%). Por otro lado, la inflación no subyacente alcanzó el 4.78%, impulsada por mayores precios en productos agropecuarios (5.79%) y energéticos (3.71%).

Impacto regional

En términos regionales, algunas ciudades experimentaron variaciones significativas en el INPC. Por ejemplo, San Andrés Tuxtla, Veracruz, registró una variación quincenal de 0.96%, mientras que Veracruz, Veracruz, tuvo un aumento del 0.71%. Estas cifras reflejan las diferencias en la dinámica de precios a nivel local.

Perspectivas económicas

Este repunte inflacionario podría influir en las decisiones de política monetaria del Banco de México. Recientemente, el banco central redujo la tasa de interés a 8.5%; sin embargo, con la inflación superando el 4%, es posible que se considere una pausa en el ciclo de recortes de tasas.

A pesar del aumento en la inflación, la economía mexicana mostró signos de resiliencia, evitando una recesión técnica al registrar un crecimiento del 0.2% trimestral y 0.6% anual en el primer trimestre de 2025, impulsado principalmente por las actividades primarias, que crecieron un 7.8%.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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GARCÍA LUNA Y SU ESPOSA DEBERÁN PAGAR 2,488 MILLONES DE DÓLARES A MÉXICO POR CORRUPCIÓN

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Washington, D.C., 22 de mayo de 2025 — Un tribunal federal en Estados Unidos dictó una sentencia histórica contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles el pago de 2,488 millones de dólares al gobierno mexicano por su implicación en actos de corrupción y lavado de dinero.

La jueza encargada del caso determinó que el matrimonio incurrió en una operación sistemática de desvío de recursos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), utilizando empresas fantasma y contratos simulados para desviar fondos destinados a la seguridad pública. La resolución se basa en evidencia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, así como en declaraciones de testigos colaboradores.

Este fallo se considera un hito en la lucha contra la corrupción, ya que marca un precedente para la recuperación de activos robados al erario mexicano a través de procesos legales internacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador —quien ha seguido el caso desde su inicio— celebró la decisión y reiteró que su gobierno continuará impulsando acciones legales contra exfuncionarios que se beneficiaron ilícitamente del poder público.

Actualmente, García Luna se encuentra preso en Estados Unidos tras haber sido declarado culpable en 2023 por cinco cargos relacionados con narcotráfico y conspiración. Su esposa, aunque en libertad, enfrenta procesos judiciales complementarios por su papel en la triangulación de fondos.

El gobierno mexicano espera que parte de los fondos recuperados sean destinados a programas sociales y de seguridad pública, como parte de una estrategia de reparación del daño causado por la corrupción sistémica.

Este caso refuerza la colaboración binacional entre México y EE.UU. en el combate a la impunidad y la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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