Cancún.- El dirigente del Partido Verde en Quintana Roo (PVEM) en el estado, Pablo Bustamante, rechazó que el juicio que enfrenta desde hace seis años forme parte de una presunta estrategia para apropiarse de lujosas propiedades en el Caribe Mexicano, en colusión con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso local, Gustavo Miranda, la madre de éste y personal de la Junta de Conciliación, del Registro Público y de un notario. 
 
La operación fue denunciada años atrás a nivel local y, hace dos días fue retomada por el periodista Carlos Loret de Mola, que bautizó el esquema como “el cártel de los despojos” por parte de ambos militantes pevemistas. 
  
El regidor con licencia y candidato a síndico dentro de la planilla de la alcaldesa con licencia, “Mara” Lezama -quien busca reelegirse en el cargo- atribuyó las acusaciones que se le imputan a una presunta “guerra sucia”, lanzada previo al arranque de las campañas dentro del proceso ordinario local 2021. 

Bustamante indicó que desde hace seis años hay un asunto jurídico que está siendo atendido ante las instancias correspondientes, sobre el cual no precisó de qué tipo, ni qué papel juega él en el juicio, pues argumentó que no puede hacer ninguna declaración en tanto la autoridad no resuelva. 
 
“Serán los tribunales quienes diriman los derechos que dicen tener cada una de las partes, por lo (que) debemos de respetar a las instituciones de administración de justicia y, si las partes involucradas en los juicios consideran que hay o hubo alguna irregularidad, es en los procesos y ante los juzgadores donde deben hacerlos valer y no ante los medios de comunicación”, señaló. 
 
Al asegurar que el eje de la contienda por parte del PVEM serán las propuestas, instó a las fuerzas políticas que participan del proceso electoral, a seguir esa misma vía y evitar “la guerra sucia”. PUBLICIDAD

SE INVESTIGA

 
De acuerdo con el reciente reportaje difundido por Latinus, Bustamante y otras tres personas se hicieron pasar por empleados de una empresaria -madre de su amigo, Gustavo Miranda- para simular un juicio laboral. 
 

El cuarteto demandó el pago de 10 millones de pesos y obtuvo el fallo a su favor, por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cozumel, que aceptó que se cobraran a través de una propiedad de la demandada, inmueble con un valor de 13 millones de pesos ubicado en Puerto Cancún. 
 
La empresaria había adquirido la propiedad a crédito, con el banco español Sabadell, al cual dejó de pagarle.  
 
La institución acudió al Registro Público de la Propiedad y el Comercio y se dio cuenta de que el inmueble ya no aparecía a nombre de quien pidió el crédito, sino de Bustamante y las otras tres personas. El condominio fue vendido por el cuarteto, por lo que el banco inció una acción legal que sigue en proceso. 
 
Bustamante agregó sobre lo difundido que, “se debe considerar que, al revelar copias de las carpetas de investigación se violan la ley y el debido proceso, con un efecto corruptor”. 
 
Anoche, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción del estado anunció que a partir de la denuncia periodística que involucra a funcionarios públicos y a un notario, se abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos, que datan del 2015. 
 
La institución fue creada en 2017, es decir, dos años después, pero el caso Bustamante-Miranda, ligado al juicio laboral y sus efectos, ocupó las portadas de diarios locales tiempo después, sin motivar una sola reacción pública de esa u otra autoridad. 
 
Ayer mismo, el diputado Miranda García calificó la situación como una “ficción construida” que busca dañar su imagen, pero que “ni me quiebro, ni me doblo”. 

Fuente El Universal