Ciudad de México enfrenta una crisis silenciosa pero creciente: el número de zonas afectadas por socavones se disparó un 107% en el último año, pasando de 80 a 166 puntos críticos. Esta alarmante cifra fue confirmada por autoridades locales, quienes han iniciado operativos de desalojo en diversas colonias ante el riesgo inminente de colapso estructural.

Los hundimientos, provocados por el reblandecimiento del subsuelo, fugas de agua y el envejecimiento de la infraestructura urbana, han puesto en peligro viviendas, vialidades y servicios básicos. Las alcaldías más afectadas incluyen Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac, donde se han registrado grietas profundas, hundimientos súbitos y fracturas en muros y pavimentos.

Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) trabajan en conjunto para evaluar daños, reforzar estructuras y reubicar a familias en zonas seguras. Expertos advierten que el fenómeno podría agravarse con la temporada de lluvias y el crecimiento urbano descontrolado.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un plan de atención urgente que incluye monitoreo geotécnico, inversión en drenaje profundo y campañas informativas para prevenir riesgos. La ciudadanía ha sido llamada a reportar grietas y hundimientos al 911 o a través de la app CDMX.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional el cobro por Derecho de Servicio y Mantenimiento de Alumbrado Público en seis municipios de Quintana Roo, evidenciando una grave violación legislativa que afecta a miles de contribuyentes. Bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 19/2024, presentada contra la fórmula de cobro establecida en la Ley de Hacienda de Tulum.

El fallo señala que los diputados locales invadieron facultades exclusivas del Congreso federal al establecer una contribución que grava el consumo de energía eléctrica, lo cual corresponde a un impuesto federal y no a un derecho municipal. Esta fórmula, aplicada en municipios como Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Tulum, ha generado una recaudación estimada en más de 400 millones de pesos, considerada ilegal por la SCJN.

Playa del Carmen se distingue como el único municipio que utiliza una fórmula distinta, basada en costos reales y con un límite del 2.5% sobre el consumo eléctrico, reformada en 2019.

A pesar de múltiples amparos y devoluciones ordenadas por tribunales, los legisladores locales han persistido en aplicar esta fórmula, encabezados por Jorge Sanén Cervantes y Renán Sánchez Tajonar. El fallo de la SCJN marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los contribuyentes.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias