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LA HIJA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI MANLIO FABIO BELTRONES OCULTÓ 10,4 MILLONES DE DÓLARES EN ANDORRA
CDMX.- La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según una investigación de EL PAÍS. El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.
La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del ministerio público.
La senadora Beltrones, hoy de 38 años y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abrió entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declaró a la BPA que su intención era depositar en esta institución financiera 2,8 millones de dólares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.
El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas. “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”, indica por teléfono Manlio Fabio Beltrones.
El exdirigente tricolor señala que no ha sido notificado de esta investigación de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas. “Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, pronostica Manlio Fabio Beltrones.
La jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora, en referencia al Estado mexicano del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la Cámara Alta. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneció oculto a la opinión pública.
La investigación en Andorra se archivó provisionalmente el 18 de octubre de 2018 después de que la fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle había prescrito.
Durante el mandato del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), la fiscalía utilizó la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado, que movió 120 millones de dólares en el Principado. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.
Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía y reconoce el editor a este periódico.
“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, indica Capdevielle.
Una de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el envío de una comisión rogatoria [procedimiento de colaboración judicial entre países]. En un intento de impedirlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados. La magistrada dictó entonces suspensión de la petición de información a Andorra, pero determinó que la investigación de la fiscalía podía continuar. En los próximos meses celebrará una audiencia en la que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio público.
La documentación a la que ha tenido acceso este periódico revela que la senadora Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario. Y que figuró como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. También, que se vinculó a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.
Capdevielle traspasó el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de dólares. El dinero llegó una semana después de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 millones de dólares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusionó con Mexvisa LTD, filial helvética del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.
Capdevielle, que presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana (AEDIRMEX), sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa por 10 millones de dólares de la marca de la publicación Aviso de ocasión, una sección de clasificados donde se vendían coches y propiedades.
El letrado de Mexvisa, sociedad helvética de Televisa, defendió ante la jueza que la compra por 10 millones de dólares de Aviso de ocasión fue real. “Fue adquirida al legítimo titular con la inscripción de la compraventa en el registro público”, expresó. Jordi Segura Cobo, abogado en Andorra de dos ejecutivos del Grupo Televisa que permanecieron investigados en la causa hasta su archivo, en 2018, ha declinado responder las preguntas de este periódico.
En su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada Ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compañía rechaza que la reforma de la ley de televisión de 2006 “supusiese ningún beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusión”.
La senadora Sylvana Beltrones también lo niega y afirma a este periódico que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de la tienda de artículos del hogar Habica que gestionó con él en Ciudad de México. Y añade que ingresó en 2009 en el país pirenaico nueve millones de dólares porque Capdevielle le “pidió” que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre.
Manlio Fabio Beltrones rechaza también que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley. “Es ridículo y falso que se pueda haber hecho. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara”, añade el exdirigente priista.
Nacido en Villa Juárez (Sonora), Manlio Fabio Beltrones pasa por ser una de las figuras más influyentes de la política mexicana de las últimas cuatro décadas. Economista de 68 años, Beltrones ha tocado todas las teclas del poder. Fue diputado, senador, gobernador de Sonora, presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado. En 2011, presentó y retiró su candidatura presidencial frente a un emergente Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.
El peso de Manlio Fabio Beltrones ha sido especialmente notorio en el Congreso. Como líder del PRI en ambas cámaras, fue el gran operador en la sombra que facilitaba el tránsito de las iniciativas y quien construía acuerdos que permitían las mayorías. Desde diciembre de 2012 y hasta mediados de 2015 fue fundamental como cabeza de la bancada para sacar con éxito el ambicioso programa de reformas impulsado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre ellas la reforma energética. En agosto de ese año se convirtió en presidente del PRI, un partido que sufrió en las urnas por la impopularidad del mandatario y salpicado por varios escándalos de corrupción. La formación perdió en junio de 2016 en las elecciones intermedias de junio 7 de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas en Estados que siempre había gobernado. Esto significó la salida de Beltrones.
Desde su caída, se alejó de los principales escenarios de la política. Su última polémica se remonta a 2017, cuando fue arrestado el que fuera su adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Gutiérrez, por pertenecer a una presunta trama que desvió 12,6 millones de dólares a través de gobiernos locales para favorecer a la formación en las elecciones locales de 2016. Beltrones defendió entonces a su excolaborador y rechazó la existencia del supuesto esquema de financiación ilegal.
Frente al apartamiento del padre, la figura de su hija ha ido ganando presencia. Abogada por la Universidad Iberoamericana, un centro privado de Ciudad de México, inició su trayectoria política en marzo de 2010 como coordinadora de programas de Estrategia y Difusión en la secretaría general del PRI, en manos en ese entonces de Jesús Murillo Karam. Desde entonces, Beltrones Sánchez comenzó a escalar posiciones. Primero dentro del partido hasta que en 2015 se convirtió en diputada por el Estado de Sonora, que su padre gobernó entre 1991 y 1997. La legisladora no llegó al Congreso por el voto popular sino por la vía plurinominal, un sistema de representación proporcional que otorga diputados a los diferentes partidos dependiendo de los votos sumados en la contienda. En la legislatura, Beltrones Sánchez tuvo una marcada predilección por los temas sociales. Presentó reformas para regular la reproducción asistida, proteger a las madres reclusas y eliminar los plásticos de un solo uso. En febrero de 2018 pidió separarse del cargo para comenzar su camino al Senado. En las elecciones de ese año su partido fue arrollado en el Estado, pero se convirtió en senadora por ser la primera minoría.
La venta de la discordia
El segundo ingreso más importante de la senadora Beltrones en su cuenta personal en la BPA se registró en marzo de 2009. La parlamentaria, quien había regresado tres años antes de la universidad y no tenía trabajo según su currículum público, percibió entonces dos traspasos de Capdevielle por valor de un millón de dólares. El dinero, explicó este último al banco, procedió de la venta por 2,4 millones de una propiedad de 894 metros en el número 39 de la calle Julio Verne en el exclusivo barrio de Polanco de Ciudad de México. El comprador fue el propio banco andorrano, que destinó el inmueble a su sede social. La BPA se desprendió del local en 2012 tras venderlo por casi el doble. Actualmente, el edificio está en venta y se encuentra ocupado por la minera Autlán.
El hecho de que la hija del expresidente del PRI tuviera 26 años en 2009, cuando se formalizó la venta del inmueble y la poderosa figura de su padre, llevaron a los investigadores andorranos a apuntar que la senadora pudo actuar como “representante de su familia” en Andorra. Capdevielle no tenía en Andorra cuentas con saldos significativos, salvo los ya mencionados.
En enero de 2013, ya durante la presidencia de Peña Nieto, Sylvana Beltrones se convirtió en directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En su declaración patrimonial, la funcionaria evitó hacer públicos sus datos. Tampoco añadió información sobre presuntos conflictos de interés. La negativa se mantuvo en dos modificaciones más de su declaración, una obligación para los funcionarios públicos. Beltrones Sánchez abandonó el cargo de la Secretaría de Turismo en mayo de 2014 para preparar su campaña como diputada.
¿Por qué Capdevielle volvió a traspasar el dinero a la hija de Manlio Fabio Beltrones? Según explicó el editor al banco del principado pirenaico, la senadora era su socia al 50% en la empresa de decoración Habica SA ubicada en el local vendido al banco andorrano en Julio Verne. La relación entre Habica y la senadora se remonta a septiembre de 2003, siete meses después de su creación y cuando la hoy parlamentaria tenía 20 años. Sin embargo, la mandataria no mencionó su vínculo con esta firma, hoy inactiva, en su declaración ante el Senado. “Los dos éramos socios. Habíamos vendido Habica. Yo me divorcio. Transferí mis recursos a Sylvana en custodia y luego me los devolvió cuando se dictó la sentencia de divorcio. No conocía a nadie más en el banco y decidí pasárselos a ella”, esgrime Capdevielle por teléfono.
La dirección de Habica se registró en el número 145 del Bulevar de los Virreyes, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. La dirección coincide también con la ubicación de los Consultores Jurídicos Alesy, el despacho de abogados de Capdevielle que dio a Sylvana Beltrones su primer trabajo como asociada tras salir de la universidad, donde revisaba y formulaba contratos entre 2010 y 2013, según detalló en su ficha al acceder al cargo de diputada federal. El editor dijo a la juez que su amistad con Beltrones se remonta a 32 años y que conoce a su hija desde la infancia. Otra cuenta en Andorra se abrió también a nombre de Consultores Jurídicos Alesy S.C.
La jueza andorrana Mingorance, sin embargo, incidió en que una cosa era el local vendido y otra el negocio de decoración que acogió el edificio. El dueño del local era una sociedad exclusivamente de CapdevielIe, por lo que la magistrada destacó que “no hay documentación” para acreditar la relación de Sylvana Beltrones y la firma dueña local.
La cuenta personal en la BPA de la senadora permaneció abierta entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de diciembre de 2011. La política del PRI cerró entonces su depósito, traspasó sus productos financieros y 850.555 dólares a Capdevielle, que dio en ese momento plenos poderes en su cuenta a la hija de Manlio Fabio Beltrones. Según el editor, Sylvana le transfirió todo el dinero que le había dejado bajo “custodia”.
El depósito donde figuraron el editor y la senadora estuvo abierto hasta marzo de 2015, cuando la BPA fue intervenida por un presunto delito de blanqueo de capitales tras bloquearse el capital de sus 29.200 clientes. “Mis fondos fueron liberados y están ahora en el nuevo banco andorrano “, señala Capdevielle en alusión a Vall Banc, la entidad financiera del país europeo que asumió los activos de la BPA tras su disolución.
Joan March Masson, exresponsable de la BPA en México y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, explicó a la juez en enero de 2016 que la senadora traspasó la mayor parte de sus fondos al editor para proteger su anonimato. “Beltrones es una familia muy conocida en México y [la senadora] no sabía qué repercusiones podía tener el hecho que se conociera su cuenta en el extranjero”, indicó el ejecutivo.
La hija de Manlio Fabio Beltrones se suma a la nómina de dirigentes y personalidades próximas al PRI que recurrieron en la última década a la BPA para ocultar sus fondos, según ha revelado este periódico. La relación de clientes priistas en la institución financiera incluye al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que refugió 1,5 millones, y a los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un millón). Este último fue compañero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la LIX Legislatura.
El PRI, el partido que gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años hasta 2000, se ha visto salpicado por innumerables casos de corrupción en los últimos años, muchos de los cuales salieron a la luz durante la presidencia de Peña Nieto, con la que el partido tricolor recuperó el poder tras 12 años de gobiernos panistas, entre Vicente Fox y Felipe Calderón. La mancha de la corrupción acarreó un fuerte castigo a la candidatura del PRI en las últimas elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Con información de El País
Nacional
Cámara de Diputados le dice adiós a siete órganos autónomos en México
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para extinguir siete órganos autónomos.
Se derogan las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, declaró un receso y citó para mañana jueves 21 de noviembre, a la 9:00 horas, a fin de continuar la discusión del dictamen en lo particular.
Aspectos del dictamen
Entre otras cuestiones, se establece que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Indica que información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención. Determina que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Señala que las leyes deberán establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.
Menciona que el organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica también estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones y establecer las formas de coordinación del organismo con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
Resalta que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.
Subraya que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto.
Se derogan las disposiciones relativas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y transfiere sus facultades a la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Determina que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.
Hace mención que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
En los artículos transitorios, menciona que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste.
Además, respecto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 134 constitucional del decreto, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.
El Ejecutivo Federal deberá emitir los decretos de extinción correspondientes a efecto de dar cumplimiento al artículo 134 párrafo tercero, del decreto.
De igual modo, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable.
Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el Artículo Segundo Transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme a este decreto.
Una vez que entre en vigor la legislación a la que hace referencia el Artículo Segundo transitorio, se entenderán extintos los entes públicos a los que hace referencia el decreto.
Los actos jurídicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales.
Los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según corresponda, en los términos del decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita.
Argumenta que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los Organismos garantes de las entidades federativas, que a la entrada en vigor del presente Decreto continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a que aluden los artículos Segundo y Cuarto transitorios, respectivamente, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente.
Subraya que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura, el cual modifica los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución Política, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, así como de diversas iniciativas conexas de diputadas y diputados.
Plantea extinción de organismos constitucionalmente autónomos
Al dar cuenta de la síntesis del dictamen, la diputada Kenia López Rabadán (PAN), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó que la propuesta busca reestructurar la Administración Pública en México, promoviendo un modelo que priorice eficiencia, austeridad y buena administración, mediante la medicación de varios artículos de la Constitución.
Se plantea, dijo, extinción de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la redistribución de sus funciones entre las dependencias del Ejecutivo Federal, lo que incluye a instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.
La idea subyacente, argumentó, es centralizar estas funciones. Las funciones de mejora continua de la educación, previamente a cargo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública.
Respecto a la transparencia y protección de datos, relató, la responsabilidad pasará a la Secretaría de la Función Pública y otros órganos internos. La medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas, sociales y laborales que pertenecían al Coneval se integrarán al Inegi.
López Rabadán comentó que los transitorios de la reforma establecen plazos para la implementación de estos cambios; por ejemplo, el Congreso deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días naturales y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para la armonización.
Además, dijo, los ahorros de la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y los recursos humanos y materiales de las entidades que se extingan serán transferidos a las instituciones responsables, y se respetarán los derechos laborales de los servidores públicos afectados.
Desechan moción suspensiva
En votación económica, se desechó moción suspensiva de la diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) para interrumpir la discusión del dictamen, pues los órganos constitucionales autónomos fungen como reguladores, son garantes de los derechos humanos y pilares de la democracia, y porque en el proceso legislativo no se incluyó la opinión de las y los integrantes de la LXVI Legislatura, ni se escuchó a la academia ni a la sociedad.
Nacional
En G20, Claudia Sheinbaum propone millonario programa de reforestación en México
CDMX.-Desde la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) en Río de Janeiro, Brasil, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso sembrar paz y vida, en lugar de guerras, al destinar el 1 por ciento del gasto militar para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia.
“La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24 mil millones de dólares al año (12 veces lo que ya destina México) para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como cuatro veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y el Salvador juntos, o 30% la de Suecia.
“Con ello ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida”, destacó en su participación en la Primera Sesión de Trabajo: “Lucha contra el Hambre y la Pobreza”.
Como ejemplo de que con la reforestación y el apoyo a sembradores se logran cambios importantes, expuso que en nuestro país actualmente se implementa el programa Sembrando Vida, uno de los más ambiciosos del Gobierno de México, el cual consiste en dar un jornal a las familias pobres del campo, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos.
Precisó que este apoyo, –al que se le destinan cada año 1,700 millones de dólares (mdd)–, beneficia a 439 mil familias mexicanas y a 40 mil en Guatemala, Honduras y El Salvador, permitiendo con ello la reforestación en los últimos seis años de más de un millón de hectáreas con la siembra de mil 100 millones de árboles, lo que equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂).
La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, asiste al G20 a hacer un llamado a las grandes naciones a construir la paz, la fraternidad y la igualdad.
“¿Qué está pasando en nuestro mundo que en tan solo dos años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial? ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de pobreza?
“Resulta absurdo, sinsentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída, por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás”, dijo.
Durante su intervención, recordó que desde el 2018, México construye un nuevo rumbo gracias al pensamiento del Humanismo Mexicano, al modelo de la Economía Moral y al principio máximo de Prosperidad Compartida que se enmarca en el “por el bien de todos, primero los pobres”, con el cual se deja en el pasado el dogma neoliberal basado en que el mercado lo resuelve todo.
Expuso que, de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es de los menos endeudados, con menor tasa de desempleo y en donde el salario mínimo aumentó a más del doble en seis años; se fortalece la educación y la salud pública como derechos y el 80 por ciento de las familias recibe un apoyo de manera directa. Además de que se registra el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México.
“Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, la pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir, se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz”, resaltó.
Ante las y los representantes de los países miembros del G20, reiteró que al convertirse, hace seis semanas, en la primera mujer Presidenta de México, las mujeres mexicanas también llegaron al máximo puesto de la nación.
“Tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer Presidenta de mi país y no llegué sola, llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas, llegamos todas las mujeres mexicanas”, destacó.
Puntualizó que pertenece a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y que proviene de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica, una nueva historia.
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