Chetumal (Ericka Novelo /5to Poder). – Al cumplirse 3 años del auto-atentado suscitado en uno de los barcos de la desaparecida empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C.V., mejor conocida como “Barcos Caribe”, las investigaciones están estancadas y la impunidad es parte de esta situación relacionada con el ex gobernador del estado Roberto Borge Ángulo.

Como se recordará, el hecho se produjo el 21 de febrero de 2018. Y de acuerdo con investigaciones el auto-atentado fue perpetrado por Roberto Borge Martín, quien continúa libre y es padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

De acuerdo con información obtenida, Borge Martín fue el autor intelectual y el fin era desviar las investigaciones en torno al lavado de dinero que se hacía desde la empresa naviera. La explosión arrojó un saldo de 26 personas heridas.

Por tal hecho se integraron tres carpetas de investigación: Una estatal y dos federales. Hasta la fecha no han servido para esclarecer el caso y detener a los responsables.

Las investigaciones levantaron las sospechas de que los propietarios de la naviera eran los ex gobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo.

Que para ocultar su identidad se valieron de prestanombres entre amigos, colaboradores y hasta familiares.

Las indagatorias de las autoridades estrecharon un cerco en torno a la naviera, como uno de los principales puntos utilizados para el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.

Entonces los dueños urdieron diferentes maniobras para intentar desviar las investigaciones. Una de ellas fue simular un ataque de la delincuencia organizada, incluso un ataque terrorista, versión que caería por su propio peso al descubrirse ciertos movimientos de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernante.

El día de los hechos, el miércoles 21 de febrero, originó la presencia de bomberos, cuerpos de emergencia médicos, rescatistas y personal de seguridad, que acudieron al Muelle Fiscal de la Terminal Marítima de Playa del Carmen.

Fueron 26 los lesionados, entre ellos cinco turistas norteamericanos, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó intervenir de inmediato.

A la vez, el gobierno estadounidense ordenó la cancelación de cruceros hacia Quintana Roo y que se dieran alertas de viaje para los turistas provenientes de Canadá y Reino Unido.

La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación 18/2018, pero se declaró incompetente “por razones de jurisdicción y materia”. Fue entonces que la Subdelegación de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, inició la carpeta de investigación FED/QR/PC/0000140/2018.

Posteriormente, se acumularía otra carpeta de investigación, luego de que una persona se presentara el 1 de marzo en la Estación Naval de Cozumel con un objeto de PVC, cilíndrico, blanco, con unos tubos conectados en su interior a una caja de color negro.
Se trataba de un artefacto explosivo similar al que se había sido utilizado en la explosión del Caribe I. Entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ordenó el cese de operaciones de la naviera.

En una grabación se observó a Borge Martín cuando abordaba la nave en Cozumel y detrás un sujeto, no identificado, que sube con una mochila a la espalda. En la misma grabación se ve cuando el padre del ex gobernador baja de la nave, en Playa del Carmen, y al individuo que, sin valija, también desciende de la misma.

El desconocido baja de manera precipitada y se aleja rápidamente del lugar, mientras que Borge Martín se queda en el muelle, observando el ferry del que descendió, y ahí permanece durante 15 minutos hasta que se da el momento del estallido.
Tras la explosión, a Borge Martín se le observa tranquilo, sin mostrar nerviosismo o angustia al ver que se quemaba uno de los barcos de la empresa de la que era uno de los principales accionistas.

Y después, tranquilamente, se retira a paso lento del lugar y sube a otro barco.

Ese mismo día, luego de la resolución de la SCT que ordenó el cierre de operaciones, se dio a conocer el video proporcionado por la agencia extranjera.

Borge Martín desapareció de la escena pública y desde entonces las autoridades no lo han vuelto a ver. Lo consideran un “fugitivo”; aunque al parecer todo mundo sabe dónde anda.

Incluso, a sabiendas de la existencia de la filmación, la familia Borge se declaró “perseguida política”, pretendiendo mostrar una imagen de inseguridad e inestabilidad en el Estado y con la intención de cobrar el seguro de la nave siniestrada, de varios millones de dólares.