CDMX.- Quienes recurran a esquemas de subcontratación ilegal enfrentarán penas de 13.5 años de cárcel debido a que esta práctica se considerará un delito calificado, advirtió Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación.

Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto en el tema de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, Romero aseguró que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica.

“El mensaje debe ser claro, las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de personal o la simulación de servicios especializados”, señaló.

Aseguró que el que un delito sea calificado significa que las prestadoras acusadas de cometerlo llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos, lo cual está de conformidad con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero el 2020.

“La iniciativa tiene por objeto esclarecer una calificativa específica para este tipo de casos. Manda un mensaje claro a la población con el efecto de inhibir estas prácticas.

“Quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13.5 años de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de tres o más personas que ejecuten estos esquemas de manera reiterada y permanente, serán procesados por delincuencia organizada. Esto también va en congruencia con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de este año”, explicó Romero.

La intención del Gobierno, dijo, es terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal como la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Este problema trastoca los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona grandes problemas al fisco”, subrayó.

Citó cifras de la Secretaría del Trabajo (STPS), la cual ha señalado que en el País existen cerca de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden el pago de impuestos por 21 mil millones de pesos.

También, dijo, se tienen detectadas mil 200 empresas con distintos esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862 mil 489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales.

“Son subcontrataciones basadas en el engaño porque están basadas en aparentar la subcontratación de sus propios empleados para eludir el pago del impuesto sobre la renta y acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera ilegal”, subrayó Romero.