CHETUMAL ( Ericka Novelo / 5to Poder).- Aarón Alberto Pereira Lizama, juez del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, luego de analizar la petición de Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación en el gobierno de Roberto Borge negó otro amparo al ex funcionario.

De acuerdo con su resolución consideró que la petición iba más allá de la simple negativa a negar la designación de un defensor legal, por lo que lo consideró improcedente.

Juan Pablo Guillermo Molina es considerado prófugo de la justicia desde hace aproximadamente 2 años, que fue obsequiada un orden de aprehensión en su contra, motivo por el cual el ex funcionario recurrió a la Justicia Federal para tener acceso a distancia de la Carpeta Penal Oral 144/2018.

El ex titular de Sefiplan promovió, en otras ocasiones, la revisión en materia penal para impugnar las actuaciones Rodrigo Barrera Díaz, juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.

Sin embargo, el pasado lunes en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito negó el amparo indirecto del Juzgado Sexto de Distrito. La resolución jurídica no reconoció la existencia de un defensor particular para tener acceso, conocer y poder reproducir los registros de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado FGE/QR/CHE/ESP/12/8/2016.

Juan Pablo Guillermo Molina es considerado el operador de millonarios desvíos cometidos en el gobierno de Borge Angulo, motivo por el cual se le ha negado suspensiones provisionales y definitivas para evitar que sea citado, presentado y encarcelado en el proceso que sigue el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.

Otro de los amparos negados a Juan Pablo Guillermo de Molina ha sido en los juzgados Segundo y Sexto de Distrito y el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje del universo de casi 12 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus testaferros tan sólo entre 2015 y 2016, a él en particular se le relaciona con el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el hoyo financiero supera los 16 mil millones de pesos, pero en instancia de gobierno se habla de que el quebranto podría rozar los 30 mil millones de pesos.

Si se tomara como referencia las tarifas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) con los mil 500 millones de pesos desviados atribuidos solamente a Juan Pablo se podrían edificar casi tres hospitales de segundo nivel, con un costo de 578 millones 500 mil pesos cada uno.