CHETUMAL ( Ericka Novelo / 5to Poder).- Durante la “mañanera” que se realiza en el congreso del estado cada lunes, un grupo de sindicalizados increparon al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Gustavo Miranda por la indemnización de una trabajadora recientemente jubilada que padece enfermedad crónico degenerativa. Miranda García, afirmó se trata de un movimiento con fines políticos y personales, motivado por la suspensión de onerosas compensaciones. Confirmó una crisis económica heredada de las pasadas administraciones que encabezaron otros legisladores.

El viernes pasado la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado, Mercedes Hernández Ocejo, dio a conocer el caso de G. A. S. quien se jubiló en agosto pasado y la Dirección Administrativa del Congreso del Estado se negó a finiquitar su indemnización.

La mañana de este lunes, integrantes del gremio se manifestaron en el Poder Legislativo. Rodríguez Ocejo expuso que la negativa a finiquitar a la ex trabajadora llevó a este movimiento.

Eso fue manifestado por la supuesta afectada, en el templete, a petición del presidente de la Jugocopo. Miranda García afirmo que la protesta se basa en motivos personales y políticos.

Porque la dirigente sindical era de las que, hasta el año pasado de Ejercicio Constitucional, percibían compensaciones exorbitantes, y que, al serle suspendida, organizó la manifestación.

El hecho obligó a la suspensión temporal de la conferencia “mañanera”.

Acusó que el pago de la indemnización de la jubilada debió aplicar en agosto pasado, cuando Morena presidía la Jugocopo, situación de la cual Rodríguez Ocejo había sido informada.

Empero, la situación será atendida y solventada, refirió, Gustavo Miranda.

Expuso que a más tardar mañana se informará a la ex trabajadora respecto a su indemnización.

Al retomar “la mañanera”, Miranda García dio a conocer que la aplicación de la Ley deriva en estos actos que consideró desesperados.

Pues la suspensión de pagos a “aviadores” y suspensión de elevadas compensaciones ha llevado a denostaciones.

Inclusive, de una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que no prosperará, pues es subjetiva.

Además, las investigaciones han llevado a comprobar que las descalificaciones en redes sociales son pagadas.

“Solamente el mes pasado se pagaron 74 mil pesos en estos ataques… En lo que va del presente van 20 mil”, denunció.

Insistió que la situación financiera del Poder Legislativo es compleja, y así se recibió la administración en septiembre pasado. Los pasivos son demasiados y están en revisión.

Advirtió que, de confirmarse irregularidades, se procederá conforme a la Ley.