La carretera que conecta Monterrey, Nuevo León, con Reynosa, Tamaulipas, se ha convertido en escenario de creciente preocupación ante una serie de desapariciones reportadas en los últimos días. Al menos seis personas han desaparecido recientemente en este tramo, lo que ha provocado la reacción inmediata de autoridades nacionales e internacionales.

El tramo más peligroso identificado se encuentra entre Cadereyta y Los Ramones, donde se han concentrado los casos. Entre los desaparecidos hay tres mujeres que regresaban de una visita familiar, así como un enfermero que se dirigía a su trabajo en Reynosa. Cuatro de las víctimas fueron localizadas con vida, pero no han brindado declaraciones públicas; las otras dos personas siguen sin ser localizadas.

Las autoridades estatales han desplegado operativos en caminos rurales cercanos, donde fueron hallados vehículos abandonados. Se teme la posible operación de una red criminal que aprovecha la falta de vigilancia en ciertas zonas de la carretera.

Este tramo es una ruta estratégica para el comercio y la movilidad entre el norte de México y la frontera con Estados Unidos. La situación no solo pone en riesgo a la población local, sino también a trabajadores del transporte, turistas y familias enteras que transitan por esta vía.

Se recomienda no viajar de noche, evitar paradas innecesarias y mantener informados a familiares sobre el itinerario de viaje. La situación también ha sido señalada por observadores internacionales como un reflejo de los retos de seguridad que enfrenta el país en regiones clave.

La incertidumbre y el miedo siguen creciendo entre los habitantes de los municipios cercanos, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda y vigilancia reforzada.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

La Fiscalía General de la República inició una investigación contra varios alcaldes y diputados en funciones en Guanajuato por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Las indagatorias son conducidas por autoridades federales con acompañamiento institucional del gobierno estatal.

Aunque no se han revelado nombres ni afiliaciones políticas, se estima que al menos ocho funcionarios electos podrían estar relacionados con organizaciones delictivas. Esta situación ya había sido advertida públicamente en 2024, cuando surgieron señalamientos sobre posibles candidatos con nexos criminales, cuyas denuncias fueron remitidas a la fiscalía correspondiente.

Actualmente, ninguna de las carpetas ha sido judicializada. Desde el gobierno estatal se pidió responsabilidad y prudencia para no entorpecer el debido proceso. Las autoridades insisten en que no se busca generar escándalos, sino actuar conforme a derecho cuando existan elementos suficientes.

La ciudadanía sigue con atención el desarrollo del caso, que podría derivar en consecuencias políticas y legales importantes. La situación también pone sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles durante los procesos electorales y la vigilancia sobre quienes aspiran a cargos públicos.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias