Por Ericka Novelo

CHETUMAL.- Al considerar que existen elementos suficientes para fincar presunta responsabilidad a Roberto Borge Angulo, ahora por vínculos con el crimen organizado, la Fiscalía General de la República presentó las pruebas ante un juzgado federal y obtuvo una orden de comparecencia para que al ex gobernador de Quintana Roo se le procese también por delincuencia organizada por cometer delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a la causa penal 541/2019, radicada en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, derivada de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-10F/749/2016, la FGR cuenta ya con la orden de presentación correspondiente para imputar el delito de delincuencia organizada al ex mandatario estatal, aunque requiere de la autorización del gobierno de Panamá, donde fue aprehendido, para poder ampliar los términos del convenio de extradición.

En base al mandato otorgado por el juzgado federal, la Embajada de México, a través de un oficio fechado el pasado 20 de enero, informó al Ministerio de Relaciones Públicas de Panamá que la fiscalía abrió un nuevo expediente en contra del ex mandatario por el ilícito de delincuencia organizada:

“La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilìcita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciòn de Delitos en Delincuencia Organizada, requirió dar trámite a la solicitud de consentimiento a la Regla de Especialidad del Tratado de Extradición, entre México y Panamá, para que el gobierno panameño autorice que a Borge Angulo se le pueda imputar la nueva causa penal”.

Conforme al Principio de Especialidad, signado entre ambas naciones, Borge sólo puede ser juzgado por los cuatro delitos que se especificaron al inicio de la solicitud de extradición, de tal manera que para que se le pueda fincar presunta responsabilidad penal por un nuevo cargo, Panamá tendría que ampliar los términos de la solicitud de extradición, a efectos de que el enjuiciamiento por un hecho constituvo de delito, distinto al de la petición original, pueda proceder.

Sin embargo, debe acotarse que además de la autorización del gobierno panameño, es necesario que haya una orden de aprehensión otorgada por un juez y la FGR cuenta sólo con una orden de presentación.

Al respecto la FGR señala que la orden de presentación “es una de las distintas formas de conducir a una persona a una audiencia inicial, para que comparezca de manera voluntaria y si hay resistencia o excepciones se emite la orden de aprehensión.

En el caso de Borge, argumenta la FGR, éste ya se encuentra detenido y sujeto a prisión preventiva, conforme a la causa penal 381/2017, en el CEFEREPSI de Morelos, por lo que consideró que no era necesario pedir la orden de aprehensión.

De darse la autorización del gobierno de Panamá, se sumaría un quinto delito al ex gobernador de Quintana Roo.

El primero de ellos y que motivó su detención en Panamá, fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita, causa 381/2017, al vender a prestanombres 22 predios a precios por debajo de su valor real, causando un quebranto de más de 900 millones de pesos.

El segundo caso por aprovechamiento ilícito del poder, causa penal 151/2019, correspondiente al tema de la línea Aérea VIPSaesa; el tercero, desempeño irregular de la función Pública, causa 154/2019, respecto a la exención de pago de derechos por la renta de carritos de golf; el cuarto por peculado, causa 159/2018, referente a la enajenación de 18 inmuebles a un precio inferior a su valor comercial y este último por delincuencia organizada que dio pie a la causa penal 541/2019.

El gobierno de México confía en que la respuesta de la justicia panameña, que aún se halla pendiente de resolución, sea favorable a su petición para continuar con el quinto proceso que se desahogaría en el Juzgado de Distrito de Almoloya de Juárez, Estado de México.