Por Germán Arreola

CANCÚN.– María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (por sus siglas, INECC), reveló que un grupo interinstitucional del gobierno federal trabaja en la elaboración de los lineamientos normativos de manejo y aprovechamiento del sargazo en el Caribe mexicano.

Es una de las discusiones en el seno de la comisión donde participa el INECC, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de Marina (Semar), el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), entre otras.

Se trata de cómo clasificar a la macroalga, ya que podría ser considerada como residuo peligroso, debido a que al descomponerse produce lixiviados tóxicos que se pueden filtrar a los mantos acuíferos.

“Esa es la discusión justamente que hay actualmente, pero en realidad el sargazo no es un residuo peligroso, no lo es en sí mismo, depende para quién, en qué condiciones, cuándo y dónde, por eso hay que avanzar de la mano del conocimiento científico”, manifestó Martínez Arroyo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud para el aprovechamiento comercial del sargazo, pese a que desde el año pasado proliferan anuncios en Mercado Libre de personas que venden costales de cinco kilogramos de la macroalga seca desde 300 a tres mil pesos, ya sea entero, en polvo o molido a mano de manera artesanal.

El sargazo que llega a las costas de Quintana Roo sirve según los científicos, para producir cosméticos, fertilizantes, textiles, alimento para ganado, y en la entidad hay quien elabora tabiques para la edificación de vivienda, y hay quien asegura que hasta las vías del Tren Maya se podrían elaborar,

En tanto, un grupo de científicos pedirá a senadores y diputados crear una norma oficial emergente para actualizar, a corto plazo, la normatividad que quedó rebasada por el recale cíclico y masivo de sargazo en las costas de Quintana Roo y, para permitir a las autoridades estatales y federales un marco legal para la recolección, aprovechamiento y disposición final del recurso orgánico.

Mediante un comunicado, los científicos, integrantes del Comité Técnico Asesor que se integró en 2018 a convocatoria del gobierno estatal, sugirieron desde el año pasado la actualización de las leyes y normatividad relacionadas con el fenómeno y han avanzado en su diseño identificando fortalezas, debilidades, lagunas y contradicciones del marco legal vigente.

Es la primera vez que la comunidad científica trabaja en un proyecto legislativo, normalmente es el Poder Ejecutivo, estatal o federal, y las diferentes fracciones de los congresos, las que elaboran y promueven reformas o nuevas leyes; durante una reunión a distancia se integraron reconocidos especialistas, como Dalila Aldana Aranda, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

La norma emergente es una medida urgente porque la normatividad actual quedó rebasada ante el fenómeno: “El sargazo siempre ha existido como ecosistema costero, pero llegaba con poco volumen y no era nocivo; ayudaba a transportar peces pelágicos como el dorado y a preservar los arenales ante la embestida de los vientos

“Sin embargo, como efecto de la contaminación y el cambio climático, empezó a reproducirse masivamente y a llegar en gran volumen, convirtiéndose en una especie de plaga invasiva que afecta al ecosistema y que al descomponerse implica riesgos a la salud. La normatividad actual no está hecha para enfrentar esos cambios”, explicó el Comité Técnico Asesor.