Visión Periférica

Por Cliserio E. Cedillo Godínez

Tantos errores, uno tras de otro y los que vienen por parte del gobierno federal, tienen en la desesperación al partido Morena y a su dirigencia. Ahora resulta que su líder Alfonso Ramírez Cuéllar, desesperado por el franco declive hasta el 45% de las simpatías hacia el presidente López Obrador, como resultado del mal manejo de la crisis por Covid 19, propone que se le otorguen facultades al INEGI para revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país.

El instituto “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”. De igual forma, el INEGI “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”, propone.

Y no solo esos, sino que el presidente de Morena plantea que el instituto “También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”. Esto dice en un comunicado de prensa, con el título: “El bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional”.

Según el texto la propuesta forma parte de un Acuerdo de Unidad y Solidaridad que propone Ramírez Cuéllar para dar cumplimiento al Estado de bienestar enarbolado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habla de que “Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.

Es sin duda el preámbulo a otro gran yerro del presidente, donde se insiste en imponer un régimen socialista, como se ha venido anunciando desde hace 18 años, aunque, con otras palabras. Sin embargo, en su desesperación por la pérdida no solo de simpatías sino de credibilidad, en todos los niveles, se olvidan de que el Artículo 16 Constitucional establece que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”

Si estos yerros los cometen por su desesperación para enfrentar la crisis económica que ahora se complica por el Covid 19 y la crisis mundial. Pareciera que López Obrador y el gobierno federal estuvieran parados sobre un pantano, porque en cada movimiento se hunden más y más y no hay soluciones. En cambio, ahora el presidente deja la responsabilidad a los gobernadores de que sean ellos quienes determinen los pasos a seguir para entrar a “la nueva normalidad”. Aunque, de por sí, siempre han estado solos.

En el caso de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín lo explica bien en una excelente entrevista exclusiva que le hizo el periodista Hugo Martoccia, publicada este domingo en su columna Mesa Chica, de la cual nos permitimos extraer lo siguiente:

Afirma el gobernador que el estado lleva gastados mil 100 MDP en la contingencia, y que la caída de ingresos anuales podría llegar hasta un insólito 34%; adelanta que se harán ahorros muy grandes en el estado con la supresión de eventos como los informes de Gobierno, y una posible reducción salarial en la administración estatal, de subdirectores para arriba.

Reconoce Carlos Joaquín que la Federación ha apoyado en infraestructura de salud, pero solo eso, porque tampoco ha adelantado recursos. Acepta también las diferencias en el Semáforo de Alertas, aunque dice que en este caso la Federación le fue cediendo su lugar a los estados.

Explica que de los mil 100 millones gastados en la contingencia sanitaria 600 millones fueron para atención a la salud con infraestructura, equipamiento médico y contratación de recursos humanos; en cuestión de alimentos, ayudas y apoyos a la familia se han invertido cerca de 50 millones de pesos e igual cantidad en el pago de energía eléctrica; en apoyo de despensas casi se llega a 400 millones de pesos y se adquirieron vales para la compra de gas por 40 millones de pesos. A esto se deben sumar los subsidios para el mantenimiento de las redes de agua potable y, dice, “aunque no se está condonando se está siendo flexible con la gente”.

Habla el gobernador de la caída en la recaudación estatal a niveles sin precedente y de que a nivel federal no se tienen ningún dato financiero. “Evidentemente hay un tema no tocado… entendemos que es así como que “no se toca porque no queremos platicarlo”. Concluye Carlos Joaquín que “Los planes que no incluyen dinero, son cartas de buenos deseos”.