CDMX.- Los programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno tienen recursos garantizados pese al COVID-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el plan que aplicará para afrontar la crisis económica que generaron la pandemia y la caída del precio del crudo.

La estrategia refrenda el apoyo a personas de escasos recursos, la austeridad y la continuación de proyectos.

“La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”, puntualizó.

Se demostrará, afirmó, que hay otra forma de enfrentar las crisis sanitarias o económicas, siempre y cuando se evite la corrupción.

El plan reitera que se reducirá el salario a los altos funcionarios y no tendrán aguinaldo. Tampoco se ejercerá 75% del presupuesto disponible en las partidas de servicios generales, materiales y suministros. Se cancelarán diez subsecretarías, se mantendrá el cierre de oficinas al menos hasta agosto y se dejarán de pagar rentas.

DEFINE PLAN PARA HACER FRENTE A CRISIS

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este miércoles el plan que aplicará su gobierno para afrontar la crisis económica que se generó por la caída de los precios del petróleo y de la epidemia de COVID-19.

El plan consta de unos 11 puntos en los que se refrenda su política de apoyo a personas de escasos recursos, austeridad económica en su administración, continuación de proyectos de infraestructura, y reitera que las fuerzas armadas y la recién creada Guardia Nacional serán las únicas entidades que no estarán sujetas a estas medidas.

“El planteamiento se hace respecto a la concepción sobre desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo o lo que se hacía en el periodo neoliberal. Se detallará en estos días cada medida”, informó el titular del Ejecutivo.

El plan tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y enfatiza en primer lugar que ningún trabajador al servicio del Estado será despedido.  Se reducirá el salario de los funcionarios públicos, y no tendrán aguinaldo a fin de año.

Además, no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluso de lo ya comprometido y se cancelarán 10 subsecretarías sin que sus empleados sean despedidos y se mantendrá el cierre de oficinas al menos hasta agosto y se dejarán de pagar rentas.

El Presidente recalcó que la entrega de los programas sociales se mantendrán sin alteraciones.

También se mantendrán los proyectos de infraestructura echados a andar por su gobierno, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, el corredor interoceánico, la refinería de Dos Bocas y el suministro eléctrico al Sureste.

Los programas sociales y proyectos prioritario tendrán garantizados 622 mil 556 millones de pesos para continuar su marcha.

“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier índole siempre y cuando no se permita la corrupción”, reiteró el Presidente de la República.

 

LA ESTRATEGIA

• Algunos de los puntos más importantes del plan anunciado por el presidente López Obrador para hacer frente a la crisis derivada del  COVID-19.
• No será despedido ningún trabajador; se reducirá el salario de los altos funcionarios hasta en 25%.
• Se cancelan 10 subsecretarías pero se garantiza el empleo, rango e ingresos a quienes dejarán cargos.
• Cierre de la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público.
• Se mantienen los programas prioritarios, entre ellos la refinería Dos Bocas y pensión para adultos.
• Se crearán dos millones de nuevos empleos. Todo lo cual hará posible proteger a 70% de las familias.
• Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.
• Se extenderá la suspensión de labores a trabajadores con goce de sueldo hasta el 1 de agosto.
• Reubicación de servidores para no rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros.
• Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.

USARÍAN DINERO INCAUTADO

El gobierno echará mano del dinero del crimen organizado para hacer frente a la grave situación económica.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, hay congelados en bancos 5 mil 400 millones de pesos y 52 millones de dólares, producto de actividades ilícitas; no obstante, por disposiciones legales no han podido pasar a la hacienda pública.

Dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República que solicite a los jueces la extinción de dominio.

Detalló que hay 160 procesos de 2019 y 35 de 2020 presentados ante la Fiscalía General bajo estas condiciones, por lo que habrá que esperar la judicialización de todas y cada una de las indagatorias para poder saber el destino de los recursos congelados.

Sobre las 15 empresas deudoras de impuestos, el SAT envió a la UIF una vista para que investigue a dos y definir si se configuran acciones de lavado de dinero.

Fuente: Excélsior