Por Clicerio E Cedillo G.

Hay que reconocer que, en esta pandemia, la mayor responsabilidad decisoria la enfrenta el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Como gran reto tiene la prioridad de salvar vidas y al mismo tiempo tratar de conservar, a como dé lugar, la mayor cantidad de empleos. Es cierto, la mayoría de empresarios hoteleros han hecho en poco tiempo verdaderos emporios y han obtenido ganancias extraordinarias, claro, con el apoyo promocional de las tres instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, ahora es justo que les toque regresar algo y ayuden a sortear la crisis, porque está visto que con el gobierno central no se cuenta.

Ese algo, en el que pueden apoyar los hoteleros es en la conservación de las fuentes de empleo, porque a diferencia de la mayoría de estados del país, aun siendo costeros, sustentan su economía en diferentes ramas de la industria, a diferencia de Quintana Roo que basa su sustento en el turismo del que depende la mayoría de la población. Es cierto la pandemia les pega a todos, solo que, en esta entidad, sin turismo no hay prácticamente nada.

Ante este panorama es fácil entender la gran responsabilidad del gobernador que se enfrenta, sin temor a equivocarnos, al mayor reto de su vida, pues no es fácil decretar la inactividad y medidas rígidas que le pueden representar un gran costo político. Sin embargo, es de alabarse que para Carlos Joaquín lo más importante es la preservación de la salud de la población, de ahí que le seguirá la labor de regresar del turismo y el rescate del empleo, lo que requerirá de la participación decidida de los empresarios de la industria turística, así como de los prestadores de bienes y servicios.

Para el analista Francisco Zea, quien enfrenta un reto colosal es el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en primer lugar, por la naturaleza de la actividad económica del estado, con vocación eminentemente turística, donde los servicios están suspendidos y una gran cantidad de hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios han tenido que recortar su plantilla laboral.

Según los datos, “el primer reporte de la Secretaría del Trabajo, ha arrojado 63 mil 847 personas que perdieron su empleo, lo que, en sí mismo, es un problema mayúsculo, ante el cual está preparando un ambicioso plan de recuperación económica de la mano de los líderes hoteleros y turísticos. En segundo lugar, no le ha temblado la mano para dictar medidas que extremen el distanciamiento social con el fin de romper la cadena de contagio”.

Esto cierto, lo reafirma el articulista de Excélsior: “Ha restringido la movilidad, exceptuando a quienes realicen actividades esenciales, ha ordenado el cierre de avenidas principales, estableciendo filtros sanitarios, ha prohibido las reuniones públicas, determinó el uso obligatorio de cubrebocas y el abasto familiar tendrá que ser en la tienda más cercana al domicilio.

“Además, los ciudadanos deberán contestar una vez a la semana el cuestionario sobre el COVID-19 para ubicar y aislar casos de contagio, también ordenó que sólo deben abrir establecimientos esenciales y quien incumpla esta medida será duramente castigado, asimismo se limitará el horario de venta de bebidas alcohólicas”. Sin duda, me parece, dice el analista, que las medidas de Carlos Joaquín son valientes y, aunque implican un costo político, las vidas de los quintanarroenses son, por supuesto, más valiosas que cualquier cálculo.

Resalta Francisco Zea, lo que hemos venido diciendo, pues “resulta paradójico que las medidas más fuertes y presuntamente más eficaces se encuentren desconectadas de las del gobierno federal”. Pero, dice, “lo que más me preocupa es esta locura de país que estamos generando, en donde nadie tiene confianza en nadie, en donde las autoridades, a veces con buena fe y otras inmersas en la lógica político-electoral, se descalifican unos a otros, con la participación de algunos compañeros periodistas, dándole, literalmente, en la “madre” a la de por sí erosionada confianza de la opinión pública en el manejo de esta crisis en todos los niveles de gobierno…”

Es cierto, ya lo dijimos en un artículo anterior, los gobernadores se están cansado de malas decisiones, del ocultamiento de la verdad y de la entrega de materiales quirúrgicos de pésima calidad. No solo son los mandatarios estales panistas, adheridos a la asociación de gobernadores del PAN (GOAN), entre los que se cuenta a Carlos Joaquín, además de los mandatarios de Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro y Tamaulipas, quienes exigen cuentas claras, sino que entre los inconformes se cuenta también a los perredistas Silvano Aureoles y Enrique Alfaro, de Michoacán y Jalisco, respectivamente; a Jaime Bonilla, de Morena, en Baja California; lo mismo que Miguel Barbosa, de Puebla, entre otros.