Por Ericka Novelo

CHETUMAL, 26 DE NOVIEMBRE. – En conferencia de prensa se presentó la Asociación “Quintana Roo Plural”, que pretende englobar a ex militantes del PRD, PRI, MORENA y otros partidos con el objetivo de dar seguimiento a las campañas y promesas políticas hacia los ciudadanos de sus diferentes demandas sociales.

Los integrantes de esta nueva asociación: Manuel Aguilar, Arely Camargo Chávez, Roger Pedraza, Moisés Pacheco, Mario Rivero, Rafael Chim, Mario Vargas, entre otros dieron a conocer los principales objetivos de la misma.

Manuel Aguilar comentó que las prácticas partidistas y políticas convencionales se han agotado. Que las pragmáticas alianzas electorales de los partidos políticos propician que los candidatos y candidatas que compiten para cargos de elección popular respondan más a los intereses de los dirigentes partidistas que a sus electores.

Agregó que en consecuencia, la voluntad y los compromisos de los candidatos se concentran más en satisfacer los intereses de las cúpulas partidistas y de las burocracias políticas, que en defender los intereses de quienes representan o dicen representar, es decir, a los ciudadanos.

Bajo estas premisas, agregó, “resultan naturales, entonces, la creciente desconfianza, la incredulidad y el rechazo ciudadano a una gran parte de los partidos y a los políticos en general. Una prueba de este divorcio entre partidos y ciudadanía se observó, sin dudas ni reservas, en nuestras más recientes elecciones locales, el pasado 2 de junio, cuando vivimos la más baja participación electoral en la historia reciente de nuestro Estado”.

En el mismo sentido, los conceptos de servicio público y de representación popular se han distorsionado o se han deteriorado -tanto por quienes ejercen la función pública como para aquellos a quienes deben servir-.

Así, de forma alarmante y por absurdo que parezca, tanto el ingreso al servicio público como el acceso a los cargos de elección popular se han convertido, en nuestros días, en verdaderas oportunidades para obtener beneficios económicos y políticos, sin que haya límite o sanción oficial alguna.

Bajo estas condiciones, la ciudadanía se opone a participar en la vida pública de sus comunidades ya que perciben, sin distinción, tanto a los servidores públicos como a los representantes populares, como elementos inexpertos, faltos de vocación de servicio y, en muchas ocasiones, como sujetos prepotentes y soberbios.