CHETUMAL, 14 DE NOVIEMBRE.- En el último año el Poder Judicial de Quintana Roo ha mostrado sustanciales avances en la materia que le ha valido el reconocimiento a nivel nacional por las acciones implementadas en el Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022. Con su incorporación a la mesa para la construcción de la paz y seguridad de Quintana Roo, como resultado, comparando enero-octubre de 2018 y 2019 se logró una mayor judicialización en Cancún y Playa del Carmen, pues por citar un ejemplo, los casos de narcomenudeo pasaron de 199 a 269, mientras en homicidio se pasó de 51 a 104 y en robo de 103 a 262.

Asimismo la instancia se pone a la vanguardia, por ejemplo, en materia de justicia indígena y en el cumplimiento de la Ley General de Archivos. Adicionalmente el Poder Judicial del estado de Quintana Roo obtuvo el primer lugar en la clasificación del ranking nacional del Censo de Impartición de Justicia Estatal 2018, que elabora el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).

De hecho, desde el mes de agosto del año 2017 en que inició formalmente la administración a cargo del magistrado José Antonio León Ruiz, se dieron a conocer los compromisos y acciones que se tienen desde entonces a través del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, sobre todo, respecto del rezago en sistema penal tradicional que existía, trabajando para el abatimiento a través de mecanismos que han permitido reducir el número de personas que se encuentran privadas de su libertad sin recibir sentencia.

Es importante recordar que cuando se inició la actual administración judicial del Magistrado Presidente José Antonio León Ruiz, el 74 por ciento de la población interna recluida en los penales de las ciudades de Playa del Carmen y Cancún, no tenían sentencia.
No obstante, al mes de enero del presente año este porcentaje se redujo a tan solo el 47 por ciento, lográndose la certidumbre jurídica de quienes se encontraban privados de su libertad.

En una comparativa del último año, relacionada con el período enero-octubre de 2018 y 2019, destaca el hecho que existían 1400 sentencias pendientes por dictar, en tanto que con la defensoría pública se llevaron visitas directas a internos para impulsar sus procesos penales en sistema tradicional.

Con la nueva administración judicial se ofreció consolidar el sistema de justicia penal y se establecieron conversatorios que en 2018 fueron abundantes sobre diversos temas como de la fiscalía de la mujer, atención a víctimas, por citar algunos.

Finalmente en lo que toca a las audiencias y actividad de los 86 jueces de Quintana Roo (55 por ciento mujeres, 45 por ciento hombres) se ha incrementado la efectividad de control de detención y en el periodo alusivo enero-octubre 208 y 2019 se solicitaron 200 controles de detención de los cuales 136 calificaron de legal y ahora han sido 446, duplicándose, de las que 323 fueron calificados de legal. Las vinculaciones del año pasado fueron 396 y en lo que va del 2019 son 604, de las que 517 se calificaron de legal.