CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE OCTUBRE.- Un juez del Reino Unido concedió a Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, el beneficio de seguir en libertad su proceso de extradición a México el cual inició el martes.

Una vez que compareció, el Gobierno de México tendrá 60 días para formalizar la extradición con base en una orden de captura librada el 28 mayo de 2018 por el desvío de 112 millones de pesos del erario de Veracruz.

Autoridades federales dijeron que el juez impuso a la esposa de Duarte medidas cautelares para garantizar su presencia en las audiencias en las que se determinará si es o no procedente su entrega a la justicia de México.

Extraoficialmente se dijo que entre dichas medidas de restricción impuestas está el pago de una fianza por 150 mil libras esterlinas (3.6 millones de pesos), y no abandonar Londres, ciudad donde radica desde abril de 2017, tras la detención de su esposo en Guatemala.

Hasta ahora se desconocen mayores detalles de la audiencia, que se prolongó por más de seis horas, y sobre todo los términos en los que el juez británico ordenó la libertad.

El martes se confirmó la presencia de Macías ante un juez del Reino Unido. La Fiscalía General de la República advirtió que fue detenida como resultado de las gestiones que hizo, con el apoyo de la Cancillería, ante las autoridades del Reino Unido.

Pero la defensa aseguró que fue la propia Karime quien acudió al juzgado en atención a un citatorio en el cual se le advirtió que debía estar a las 09:00 horas.

A partir del 28 de mayo de 2018 cuando el juez de Procesos y Procedimiento Penal del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, ordenó la detención de Macías Toubilla, se hicieron algunos trámites diplomáticos tendientes a su entrega.

El 31 de octubre de 2018 se formalizó la solicitud de extradición y en agosto de 2019, ya en la nueva administración, se ratificó ese pedimento mediante un escrito de 42 páginas con los detalles de los cargos.

Ese escrito señala que la esposa de Javier Duarte fue acusada por las autoridades de Veracruz de fraude en agravio del erario local, por un monto de 112 millones de pesos.

Advierte que a través del DIF de Veracruz, el cual encabezó entre 2010 a 2016, ordenó la firma de contratos con unas 33 empresas ‘fantasma’ con el fin de desviar los recursos.

Además, podrían sumarse algunas más, incluso del fuero federal, toda vez que en diciembre la Secretaría de Hacienda reveló que denunció a Macías por defraudación fiscal. Según la acusación la mujer omitió el pago de 2.4 millones de pesos de impuestos entre 2011 y 2012, derivado de compras por más de 7.6 millones de pesos con una tarjeta de crédito.