CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE OCTUBRE.- La violencia que se vive en el país es sumamente costosa, no sólo en vidas humanas sino en mediciones que van más allá del gasto en armamento. De acuerdo con el reporte “Los Costos de la Impunidad”, la pérdida salarial que implicó el asesinato de 228 mil 957 personas entre el 2007 y 2018 en México asciende a 135 mil millones de pesos, lo que equivale en un promedio de 0.15 del Producto Interno Bruto (PIB).

Según con los datos publicados por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Creatura, la pérdida de mano de obra que implicó el asesinato de esas personas “genera un impacto negativo en el crecimiento futuro del PIB de dimensiones considerables”.

Sostiene que la economía mexicana habría crecido 2.48 por ciento hacia el 2030, 6.07 por ciento hacia el 2040 y 11.79 por ciento hacia el 2050 si no se hubiera dado la pérdida salarial resultante de la muerte acumulada de vidas, entre el 2007 y 2018”.

En el estudio se detalla que la epidemia de homicidios y desapariciones han generado perdías importantes de capital humano, ya que sugiere que 182 mil 306 jóvenes no terminarán la secundaria a raíz de esto, lo que se traduce una pérdida salarial de 7 mil 792 millones de pesos.

En entrevista con El Sol de México, Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, aseguró que la impunidad deja pérdidas millonarias, pero esto va aunado a la falta de una estructura institucional ineficiente que no imparte justicia.

Anaya Muñoz dijo que en “Los Costos de la Impunidad”, se trata de “subrayar desde la expeditiva de la que las instituciones son ineficientes y no solucionan los agravios y afectaciones que en general sufrimos los mexicanos en todos los aspectos”.

Abundó que lo datos y cifras que se manifiestan en el informe, intentan que la sociedad se dé cuenta de que “la impunidad nos cuesta y afecta ya que quizá una manera de pensar de la sociedad en general es que “a mi no me afecta porque no estoy en conflicto con la ley”, pero va más allá de eso.

Alejandro Anaya Muñoz, investigador del ITESO, sostiene que otro costo de la impunidad que se vive en el país es la que padecen familias enteras por el desplazamiento forzado.

Sostiene que las pérdidas son incalculables, pero lo más terrible es que “el desplazamiento forzado es una problemática invisibilizada, ya que en México no se habla de ese problema, comparado con las desapariciones y los asesinatos que son temas muy visibles.

Refiere que al no tenerse una cifra exacta, quién ha hecho un cálculo es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual llegó a la cifra de 300 mil personas desplazas en México. “Las afectaciones que les genera a las familias que se han desplazado de su casa y este proceso de irse de su lugar en donde tienen su patrimonio y manera de vivir, dejan propiedades y dejan negocios, pero al poco tiempo tienes familias empobrecidas y lejos de sus redes de apoyo social y familiar más amplio, y se tienen a familias en la calle en poco tiempo”, dice en la charla el especialista a la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Insiste que las afectaciones económicas son tremendas, además de que se manifiestan otras afectaciones como a la salud y de manera muy dramática de salud emocional, por lo que las dinámicas internas de las familias se desmoronan.

“Son miles de familias las que se desplazan en México al año y están despedazadas porque los planes de cada uno de los integrantes se desvanecieron”.

Deja en claro que el desplazamiento forzado de las personas se da en un contexto de impunidad, porque son familias que fueron amenazadas y que fueron atacadas y que nadie las defendió.

El especialista sostiene que la impunidad es una parte importante del problema, ya que genera más inseguridad, genera más violencia.

Alejandro Anaya aseveró que el punto de partida para la impunidad tiene que ver con las Fiscalías estatales y la federal. “Ahí tendríamos que ver una estrategia de trabajo más clara y mucho más decidida para fortalecer las capacidades técnicas, humanas y de recursos que no se está haciendo, además de atacar el problema de la corrupción y la colusión de las autoridades con el crimen organizado”, dijo.