CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE AGOSTO.-
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició el proceso para que los estados del país regresen 20 mil 300 millones de pesos a las arcas de la Federación.

Irma Eréndira Sandoval informó que desde que tomó la dirección de la SFP, comenzó el seguimiento de los fondos entregados a estados y municipios, a través de procedimientos administrativos y auditorías de desempeño.

Entrevistada por Adriana Delgado, Gabriel Bauducco y Alberto Tavira en el programa El Dedo en la Llaga, de El Heraldo Radio, la funcionaria destacó que el resultado de ese trabajo fue la localización de los fondos en las carteras de entidades que no ejercieron los recursos, que iban destinados a programas de apoyo social e infraestructura, en beneficio de las comunidades.

“Ya hemos determinado un monto de casi 20 mil 300 millones de pesos que los gobiernos locales deberán de reintegrar al erario federal por no haber sido aplicados a los fines previstos en los programas iniciales.

“También hemos reintegrado a la federación, un total de casi siete mil millones de pesos por faltas administrativas; entonces, estamos trabajando a marchas forzadas”, dijo.

En los trabajos de fiscalización de las entidades gubernamentales, abundó, se han realizado observaciones en el gasto y distribución presupuestal a lo largo y ancho de la administración pública.

Entre las empresas productivas del estado se encontró a Pemex como la entidad con mayor número de señalamientos; el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) también generó observaciones destacadas.

“La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue uno de nuestros blancos a atender, cuando llegamos. Y lamentablemente también todos los institutos vinculados a la seguridad social y a la salud, el IMSS, el ISSSTE y todos los institutos nacionales de ciencias médicas, de nutrición y de todo esto que tiene que ver con la atención a la salud de la sociedad”, señaló.

RELANZAN FUNCIÓN PÚBLICA

Sandoval Ballesteros señaló que se transformó la dinámica de administraciones pasadas, “estamos combatiendo esta falta de atención a la denuncia, sobre todo, queremos una cultura de la denuncia no una cultura de la simulación”.

Para el proceso de renovación se contemplaron cambios en la estructura y puestos claves de desempeño. Para ello, se inició con la sustitución de todos los titulares de órganos internos de control, titulares de las unidades de auditoría, del departamento de quejas y áreas de responsabilidad.

“Había una especie de deporte aquí en Función Pública que era cerrar los expedientes por faltas, supuestamente, de sustento o de pruebas, o se declaraban improcedentes los procedimientos. Nosotros transformamos de raíz esto.

“También transformamos de raíz nuestro ejercicio fiscalizador en términos de las auditorías; ya no son auditorías como fueron en el pasado: legalistas, normativas; sino son auditorías de desempeño, es decir de cumplimiento de objetivos, de resultados, y estamos haciendo mucho énfasis en los cierres de los procesos de entrega-recepción”, apuntó.

A la titular de la Función Pública se le cuestionó sobre el lugar 138 que ocupa México en materia de percepción de corrupción, según la organización Transparencia Internacional; en respuesta, reconoció que, lamentablemente, hay casos emblemáticos de corrupción.

Sin embargo, dijo confiar en su equipo de trabajo y “evidentemente en el liderazgo del Presidente”, para obtener una evaluación positiva de desempeño de esta secretaría.