CHETUMAL, 13 DE MARZO. – El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Tóh Euán, emitió la Recomendación 03/2019 en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos municipal de Othón P. Blanco, así como un Juez Calificador en razón a la Violación al Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia, así como al Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, en agravio de una mujer víctima de violencia en la ciudad de Chetumal, el pasado diciembre del 2018 donde el agresor quedo en libertad.

Como se recodará fue en el mes de Diciembre del 2018 cuando la cubana Addisbel Pupo Núñez, quien trabajaba como cantante en el restaurante “Forasteros” de la ciudad de Chetumal, recibió una golpiza salvaje que le fue propinada por su ex pareja sentimental.

El agresor, identificado por las autoridades como: Noel Jesús Castro Santeliz, hijo del propietario del restaurante donde Addisbel laborada le genero lesiones graves que pusieron en riesgo su vida y donde se tienen secuelas físicas irreparables.

La situación se torno aún más complicada, ya que Santeliz fuera liberado por un juez calificador solamente acusado por cometer una falta administrativa, pero sin ningún tipo de condena por el acto antes mencionado.

Por ello, la recomendación, que se desprende del expediente de queja VG/OPB/414/12/2018, iniciada de oficio por este organismo protector, al tener conocimiento por un medio de comunicación local, se dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública y Presidencia Municipal de Othón P. Blanco ante las actuaciones indebidas de respectivas autoridades en la detención y presentación ante el Juzgado Calificador de Othón P. Blanco.

De acuerdo a la investigación, a pesar de las graves lesiones de la víctima y que se efectuó la detención de un hombre en el lugar de los hechos por los agentes de la Policía Estatal Preventiva, éstos omitieron ponerlo a disposición del Fiscal del Ministerio Público, como probable responsable del delito pues fue consignado ante el Juez Calificador Municipal de Othón P. Blanco por falta administrativas por estar “ebrio y alterar el orden público”.

Derivado de esta omisión por parte de los agentes, el hombre detenido fue presentado ante el Juzgado Calificador Municipal y recibido por personal no facultado para ello, asimismo, el Juez Calificador, a pesar de no encontrarse presente en el Juzgado, insertó su nombre en el documento de referencia, lo selló y no llevó a cabo la sustanciación del procedimiento sumario; omisiones que tuvieron como consecuencia que no conociera, determinara y calificara la falta por la que el detenido fue puesto a disposición. 
De igual forma al no estar presente y una vez que se presentó, omitió verificar el Informe Policial Homologado y, por ello, confirmar si se trataba de una puesta a disposición por incurrir en faltas administrativas o de un hecho probablemente constitutivo de delito; por lo que en su caso, tenía la obligación de suspender su intervención y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Ante esta cadena de acciones y omisiones de las autoridades responsables, el detenido obtuvo su libertad el mismo día, previo pago de la multa, siendo importante señalar que hasta la fecha de la firma de la recomendación, y a pesar de existir una orden de aprehensión en su contra, la persona imputada se encuentra sustraído de la acción de la justicia.

Cabe señalar que esta investigación se llevó a cabo en el contexto de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017 por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por lo que resulta importante hacer los señalamientos necesarios para que las y los servidores públicos actúen conforme a la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y repara las violaciones a los derechos humanos, y aún más observar y cumplir, en este caso, con el marco normativo nacional e internacional respecto al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.

La CDHEQROO se pronunció a través de esta resolución a favor de la cero tolerancia a las acciones y/u omisiones de todas las autoridades, que favorezcan la perpetuación y aceptación social de la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como privado, y en consecuencia el deber de actuar con la debida diligencia y a la luz de la perspectiva de género, y especialmente evitar incurrir en violencia institucional.

Ambas autoridades recibieron como puntos recomendatorios la reparación integral a la víctima; realizar los trámites para su inscripción ante el Registro de Víctimas del Estado; iniciar y substanciar hasta su resolución definitiva a través de la autoridad competente, un procedimiento para determinar si existieron faltas administrativas de las autoridades responsables; así como diseñar e implementar un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos, además de incluir que en materia de actuación con perspectiva de género, se haga conforme instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belem Do Pará.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública igualmente se recomendó ofrecer una disculpa pública a la víctima y girar instrucciones al personal para que los Agentes de la Policía Estatal Preventiva que atiendan casos en los que se denuncien violencia contra las mujeres, cumplan cabalmente con el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, regir su actuación con perspectivo de género, así como diseñar e implementar un Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género.

Necesario aplicar normas estrictas en venta de alcoholes 

El diputado presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado Eduardo Martínez Arcila apuntó que tipificar como grave la venta clandestina de alcohol en donde se espera que la prisión de 6 meses a un año, genere un freno a estas actividades sobre todo en zonas como: Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

Mencionó que se ha presentado esta iniciativa que estará a consideración de diversas comisiones en el poder legislativo donde las modificaciones al Código Penal tienen como propósito establecer sanciones ejemplares contra aquellos que vendan alcohol sin tener el debido permiso por parte del Estado.

Martínez Arcila, explicó que con esto no se pretende dejar ningún tema suelto ante las modificaciones que se hacen en la Ley de Alcoholes para que se logre evitar el clandestinaje en las principales ciudades del estado o las más turísticas.

Explicó que la iniciativa busca combatir la venta clandestina de bebidas alcohólicas que se pudiera generar a raíz de las recientes reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, para normar los horarios de venta y distribución de dichas bebidas.

Cabe mencionar que la sanción que se propone es: prisión de seis meses a un año y de 150 a 200 días multa. La propuesta contempla que la pena se duplique cuando se vendan o distribuyan bebidas alcohólicas a menores de 18 años, aún cuando se efectúe en los establecimientos y horarios autorizados.

Y las reformas que se tendrán que realizar sería en el decreto por el que se adiciona el Capítulo VIII denominado “Venta y/o distribución ilícita de bebidas alcohólicas” y el artículo 220 sexies, al Título Tercero “Delitos contra la Administración Pública” de la Sección Cuarta “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo “Parte Especial” del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Pero explicó también que una de las atribuciones que se brindaría a las autoridades locales que puedan ingresar a los predios o domicilios donde sea detectado el clandestinaje de la venta de dichos productos, por ello es que se buscará dotar de estas herramientas con esta iniciativa.

Negó que se trate de alguna situación que pueda afectar a los empresarios del ramo, ya que esto provoca que se pongan al corriente muchos de los negocios que expende bebidas alcohólicas

Caso de la comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Tóh Euán, emitió la Recomendación 03/2019 en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos municipal de Othón P. Blanco, así como un Juez Calificador en razón a la Violación al Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia, así como al Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, en agravio de una mujer víctima de violencia en la ciudad de Chetumal, el pasado diciembre del 2018 donde el agresor quedo en libertad.

Como se recodará fue en el mes de Diciembre del 2018 cuando la cubana Addisbel Pupo Núñez, quien trabajaba como cantante en el restaurante “Forasteros” de la ciudad de Chetumal, recibió una golpiza salvaje que le fue propinada por su ex pareja sentimental.

El agresor, identificado por las autoridades como: Noel Jesús Castro Santeliz, hijo del propietario del restaurante donde Addisbel laborada le genero lesiones graves que pusieron en riesgo su vida y donde se tienen secuelas físicas irreparables.

La situación se torno aún más complicada, ya que Santeliz fuera liberado por un juez calificador solamente acusado por cometer una falta administrativa, pero sin ningún tipo de condena por el acto antes mencionado.

Por ello, la recomendación, que se desprende del expediente de queja VG/OPB/414/12/2018, iniciada de oficio por este organismo protector, al tener conocimiento por un medio de comunicación local, se dirigió a la Secretaría de Seguridad Pública y Presidencia Municipal de Othón P. Blanco ante las actuaciones indebidas de respectivas autoridades en la detención y presentación ante el Juzgado Calificador de Othón P. Blanco.

De acuerdo a la investigación, a pesar de las graves lesiones de la víctima y que se efectuó la detención de un hombre en el lugar de los hechos por los agentes de la Policía Estatal Preventiva, éstos omitieron ponerlo a disposición del Fiscal del Ministerio Público, como probable responsable del delito pues fue consignado ante el Juez Calificador Municipal de Othón P. Blanco por falta administrativas por estar “ebrio y alterar el orden público”.

Derivado de esta omisión por parte de los agentes, el hombre detenido fue presentado ante el Juzgado Calificador Municipal y recibido por personal no facultado para ello, asimismo, el Juez Calificador, a pesar de no encontrarse presente en el Juzgado, insertó su nombre en el documento de referencia, lo selló y no llevó a cabo la sustanciación del procedimiento sumario; omisiones que tuvieron como consecuencia que no conociera, determinara y calificara la falta por la que el detenido fue puesto a disposición. 
De igual forma al no estar presente y una vez que se presentó, omitió verificar el Informe Policial Homologado y, por ello, confirmar si se trataba de una puesta a disposición por incurrir en faltas administrativas o de un hecho probablemente constitutivo de delito; por lo que en su caso, tenía la obligación de suspender su intervención y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Ante esta cadena de acciones y omisiones de las autoridades responsables, el detenido obtuvo su libertad el mismo día, previo pago de la multa, siendo importante señalar que hasta la fecha de la firma de la recomendación, y a pesar de existir una orden de aprehensión en su contra, la persona imputada se encuentra sustraído de la acción de la justicia.

Cabe señalar que esta investigación se llevó a cabo en el contexto de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017 por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por lo que resulta importante hacer los señalamientos necesarios para que las y los servidores públicos actúen conforme a la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y repara las violaciones a los derechos humanos, y aún más observar y cumplir, en este caso, con el marco normativo nacional e internacional respecto al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.

La CDHEQROO se pronunció a través de esta resolución a favor de la cero tolerancia a las acciones y/u omisiones de todas las autoridades, que favorezcan la perpetuación y aceptación social de la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como privado, y en consecuencia el deber de actuar con la debida diligencia y a la luz de la perspectiva de género, y especialmente evitar incurrir en violencia institucional.

Ambas autoridades recibieron como puntos recomendatorios la reparación integral a la víctima; realizar los trámites para su inscripción ante el Registro de Víctimas del Estado; iniciar y substanciar hasta su resolución definitiva a través de la autoridad competente, un procedimiento para determinar si existieron faltas administrativas de las autoridades responsables; así como diseñar e implementar un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos, además de incluir que en materia de actuación con perspectiva de género, se haga conforme instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belem Do Pará.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública igualmente se recomendó ofrecer una disculpa pública a la víctima y girar instrucciones al personal para que los Agentes de la Policía Estatal Preventiva que atiendan casos en los que se denuncien violencia contra las mujeres, cumplan cabalmente con el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, regir su actuación con perspectivo de género, así como diseñar e implementar un Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género.

Necesario aplicar normas estrictas en venta de alcoholes 

El diputado presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado Eduardo Martínez Arcila apuntó que tipificar como grave la venta clandestina de alcohol en donde se espera que la prisión de 6 meses a un año, genere un freno a estas actividades sobre todo en zonas como: Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

Mencionó que se ha presentado esta iniciativa que estará a consideración de diversas comisiones en el poder legislativo donde las modificaciones al Código Penal tienen como propósito establecer sanciones ejemplares contra aquellos que vendan alcohol sin tener el debido permiso por parte del Estado.

Martínez Arcila, explicó que con esto no se pretende dejar ningún tema suelto ante las modificaciones que se hacen en la Ley de Alcoholes para que se logre evitar el clandestinaje en las principales ciudades del estado o las más turísticas.

Explicó que la iniciativa busca combatir la venta clandestina de bebidas alcohólicas que se pudiera generar a raíz de las recientes reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado, para normar los horarios de venta y distribución de dichas bebidas.

Cabe mencionar que la sanción que se propone es: prisión de seis meses a un año y de 150 a 200 días multa. La propuesta contempla que la pena se duplique cuando se vendan o distribuyan bebidas alcohólicas a menores de 18 años, aún cuando se efectúe en los establecimientos y horarios autorizados.

Y las reformas que se tendrán que realizar sería en el decreto por el que se adiciona el Capítulo VIII denominado “Venta y/o distribución ilícita de bebidas alcohólicas” y el artículo 220 sexies, al Título Tercero “Delitos contra la Administración Pública” de la Sección Cuarta “Delitos contra el Estado” del Libro Segundo “Parte Especial” del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Pero explicó también que una de las atribuciones que se brindaría a las autoridades locales que puedan ingresar a los predios o domicilios donde sea detectado el clandestinaje de la venta de dichos productos, por ello es que se buscará dotar de estas herramientas con esta iniciativa.

Negó que se trate de alguna situación que pueda afectar a los empresarios del ramo, ya que esto provoca que se pongan al corriente muchos de los negocios que expende bebidas alcohólicas