CANCÚN, 12 DE FEBRERO.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados (Canirac) recurrirán al amparo contra la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, por considerar que su aplicación sería “muy discrecional”. Se espera que más de 200 afiliados ingresen el trámite.

La legislación –conocida coloquialmente como Ley de Alcoholes–, limita los horarios de venta en todo el estado hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos hasta las 5 de la tarde, informó Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac Cancún.

Los dirigentes gastronómicos reaccionan diferente, y es que la ley es una burla porque los comercios –donde se centra el principal problema de la venta de bebidas alcohólicas por las consecuencias en la sociedad–pueden pagar horario extraordinario y alargar el horario de venta hasta las 03:00 de lunes a sábado, y hasta las 23 horas los domingos.

La Canirac comenzará la defensa legal porque si bien reconocen que la inseguridad es grave, no se debe perder de vista hasta dónde el gobierno puede obligar a implementar una política criminal por medio de los negocios, además de que no hay claridad en la misma.

En ese sentido, Miguel Ángel Rivera Monsalvo, asesor jurídico del organismo, aseguró que se está dando el beneficio de la duda a las autoridades sobre la aplicación de la ley que entró en vigor el domingo 10 de febrero y que, si bien trata de lograr una colaboración como sociedad, también tiene varias violaciones de las que buscan defenderse.

“La ley está trasladando parte de la responsabilidad del estado para salvaguardar a la sociedad, y en ese caso quiere comenzar por medio de los comensales o quienes visiten establecimientos con patente de alcohol. Los obliga a tener un sistema de seguridad que ni las propias instituciones gubernamentales tienen”, lamentó.

De su lado, José Julio Villarreal Zapata, secretario general de la Canirac, aclaró que la postura sería responder en términos legales con amparos, pues inclusive algunos municipios están recurrieron a la controversia contra el estado porque la ley no es clara y deja muchos huecos, dudas e incertidumbres a los comerciantes en general.

“Lo que buscamos es que esta ley sea clara, sea clara en sus motivos y su aplicación. La postura de la Canirac es ir al amparo sin dejar de negociar con los gobiernos del estado y el municipal para llegar a un buen consenso”, agregó.

Para interponer el amparo se tendrán que esperar los tiempos legales, considerando las afectaciones específicas a los 207 agremiados que en conjunto representan más de seis mil 300 restaurantes en la entidad, de los que dependen 30 mil empleados.

Entre las obligaciones en la ley, de las que aún no hay especificaciones, está la colocación de cámaras conectadas al C5, pero ni siquiera hay confianza en su funcionamiento y en general hay imposiciones sin definir criterios, ni quiénes integrarán la comisión que estaría revisando esos esquemas y que podrían significar la pérdida de patentes.