CHETUMAL, 11 DE FEBRERO.- Este 10 de febrero entró en vigor la Ley Sobre Venta y Consumo de Alcohol en Quintana Roo en la que se limita la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, bares y clubes hasta las 11 de la noche, lo que ha generado inconformidad por empresarios que han amenazado con ampararse dado que consideran que habrá pérdidas millonarias.

El ayuntamiento de Othón P. Blanco y empresarios de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, confirmaron que interpondrán una demanda de controversia constitucional contra la entrada en vigor de la ‘Ley de Alcoholes’ por considerar que no fue consultada y violenta los derechos e intereses, no obstante las autoridades han señalado que más que un horario lo que se busca con este tipo de normatividad es garantizar la seguridad de los habitantes, como primer objetivo.

El presidente de la Unión de Restaurantes, Bares y Similares, Joaquín Noh Mayo indicó que en el caso de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, por lo menos 120 afiliados tienen listos para interponer un recurso de amparo en contra de la citada ‘Ley de Alcoholes’.

Mientras que Heyden Cebada Rivas, síndico en Benito Juárez indicó que serían entre 12 y 14 millones de pesos los que perdería el Ayuntamiento cada mes, debido al cobro de horas extras que desde ahora pasa a manos del Gobierno del Estado.

“Nos reuniremos con quien mande el Gobierno del Estado para platicar los alcances de la ley”, externó en entrevista el funcionario.

Por su parte el secretario general en Benito Juárez, Jorge Aguilar Osocio, indicó que se elabora un proyecto de controversia constitucional que se presentará ante un Juzgado Federal.

“Hay inconformidad no solamente de los recursos que se le retienen a los municipios, sino también hemos escuchado a los restauranteros que tienen una molestia con la anuencia de seguridad pública”, pero previo a ello espera una negociación.

En el tema, Juan Pablo Aguirre de la Torre, ex director de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), advirtió que dicha ley podría afectar negativamente a la industria de restaurantes.

Por su parte, la síndico de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández confirmó que interpondrían un recurso de controversia, toda vez que estarían dejando de percibir cerca de 11 millones de pesos. 

“Si bien en la capital del Estado hay incidencia delictiva, no es en la misma proporción que en la  zona norte de la entidad”.

En su momento, el gobernador reconoció que, efectivamente, la ley no es específica en algunos temas, sobre todo relacionados con el horario de venta en zonas turísticas “que es algo que falta adecuar”.

“Lo que pretende esta ley es generar seguridad para que la gente acuda a esos sitios con esa necesidad de tranquilidad que tienen”, enfatizó.

En este marco Ascencio Suárez, procurador fiscal del estado señaló que se revisarán las reformas analizadas sobre la extensión de horarios, a fin de que con consenso se llegue a acuerdos a favor del estado, mientras que reafirmó que el gobierno Estatal respetará la autonomía Municipal y no intervención en la recaudación e ingresos de los Ayuntamientos.

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