CIUDAD DE MÉXICO, 5 DE FEBRERO.- El gobierno federal presentó este martes el ambicioso Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que contiene 11 acciones para atender esta “crisis humanitaria”.

La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien informó que en México hay 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas y alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses.

Estas cifras dan cuenta de “la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a derechos humanos que estamos enfrentando”, dijo Encinas, quien no dudó al advertir que México se convirtió en una “gran fosa clandestina”.

El funcionario explicó que el objetivo fundamental de este plan es diseñar con las familias de las víctimas y organismos las bases generales y políticas públicas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables.

“Buscamos desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el país que, lamentablemente, se ha convertido en una enorme fosa clandestina”, dijo.

Encinas dijo que para las familias de las víctimas “la verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y castigo a los responsables”.

Aseguró que el gobierno federal trabaja en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en la creación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y en un Instituto Nacional de Identificación Forense.

Al asegurar que en el pasado hubo “simulación” en la atención del problema de las desapariciones, Encinas previó que el SNB contará con un presupuesto de 400 millones de pesos.

Este dinero sí será ejercido para su propósito, y no como ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que instaló el SNB dos semanas antes de finalizar su gestión, le asignó un presupuesto de 468 millones de pesos (unos 24 millones de dólares), pero sólo aplicaron 6 millones (unos 300,000 dólares).

Encinas destacó que una prioridad será la búsqueda de personas con vida. “Debemos actuar de manera inmediata para recuperar a personas ligadas a la desaparición forzada y enfrentar problemas vinculados a la trata de personas”.

El plan presentado es el resultado de una serie de consultas que el nuevo gobierno federal llevó a cabo desde el periodo de transición, entre julio y noviembre pasados, con colectivos, organizaciones, familiares de las víctimas y en atención a peticiones de organismos internacionales.

El funcionario afirmó que un reto fundamental es la integración de comisiones de búsqueda en los 32 estados del país y recordó que actualmente 20 entidades están sin decreto, cuatro ya están formadas y otras ocho están en proceso.

“El objetivo es tener todos los registros posibles en un solo banco de datos con lo cual tendremos certeza de la magnitud de problema y enfrentarlo de manera más eficiente”, señaló.