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Morena y Poder Judicial pactan austeridad

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CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE DICIEMBRE.- Hay acuerdos. Ayer se reunieron diputados federales de Morena y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que obliga a que nadie gane más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la reunión se confirmó que será el Poder Judicial de la Federación el que definirá el monto de los salarios y que la reducción solamente aplicará a los que ingresaron desde 2010 o nuevos ingresos.

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, subrayó que en la cita estuvo el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y se garantizó que se aplicará la disposición transitoria de la reforma constitucional de 2009, en la que se prevé que los ministros electos a partir de 2010 entrarían en la dinámica de reducción de sueldos por debajo del Presidente, que ahora se fijó en 108 mil pesos mensuales netos (con impuestos descontados).

“En el Presupuesto 2019, la Suprema Corte mantendrá sus mismos salarios y será solamente quienes ingresen como nuevos ministros los que podrán ver reducido su salario. Seremos cuidadosos en que se respete esta disposición por parte de todos los jueces, ministros y magistrados que hayan sido instalados después de 2010, eso está claro, y hay una coincidencia que todos tenemos que respetar la ley, la Constitución”, precisó Delgado tras la reunión, acompañado del vicecoordinador Pablo Gómez.

Así, al próximo sustituto del ministro José Ramón Cossío se le aplicará un nuevo tabulador y ganará menos que López Obrador. Lo mismo pasará con los que ocupen próximamente las vacantes de Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar, José Fernando Franco y Arturo Zaldívar.

Otro acuerdo es que aplicarán una reducción de cinco mil millones de pesos en el gasto del Poder Judicial para el siguiente año (la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral tienen 77 mil 266.3 millones de pesos en 2018).

Niegan disputa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que no existe disputa con la Corte sino con los partidos que se oponen a que exista una verdadera política de austeridad republicana.

Informó que ayer, junto con el diputado Pablo Gómez Álvarez, sostuvo un encuentro con un grupo de ministros para intercambiar visiones sobre la suspensión de la Ley de Remuneraciones.

Precisó que durante el encuentro, donde estuvieron el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y otros cuatro ministros, se dejó en claro que Morena no mantiene un desacuerdo contra el Poder Judicial. “Por el contrario, se expuso que hay un fuerte compromiso por establecer una política de austeridad republicana, impulsada por el Presidente, y la vamos a llevar a cabo respetando la ley.

Dijo que la disputa política está en otro lado, con los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como es el PAN, el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad en el tema de salarios y remuneraciones ante la Suprema Corte.

“Ellos pidieron que en el Presupuesto 2019 se dejaran todos los sueldos y salarios tal y como están en este año, afortunadamente la Corte tuvo la sensibilidad de no otorgarles eso y la resolución del ministro Pérez Dayán nos permite transitar hacia un presupuesto con los criterios de austeridad republicana, señaladas a partir, en materia de sueldos y salarios, en el Artículo 127 constitucional”.

Precisó que la suspensión de la Ley de Remuneraciones por parte de la SCJN no complica en nada la elaboración del Presupuesto de Egresos 2019 porque existen los textos constitucionales de los Artículos 127, 94 y 75 para fundamentar este tema y hacer la determinación que nadie puede ganar por encima de lo que percibe el Presidente.

“Por primera vez en nueve años se va a respetar el texto constitucional del Artículo 127 donde nadie puede ganar más que el Presidente”.

Indicó que la Suprema Corte envía su proyecto de Presupuesto de Egresos al Poder Ejecutivo, que no puede cambiarle ni una coma, pues tiene que integrarlo directamente al proyecto general para mandarlo a la Cámara de Diputados, que si está facultada para realizarle modificaciones y que finalmente decide y puede fijarlo; no obstante, la Corte definirá sus salarios.

Atentan contra la  independencia del Poder Judicial: abogados

La Ley de Remuneraciones atenta contra la independencia de la función judicial, señalan Jorge Torres González y Rodrigo Lazo, expresidentes y miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco.

El principal efecto de la ley, recuerda Torres González, es bajar los salarios que estén por encima de los 108 mil pesos mensuales, pero también afectaría a los funcionarios que no ganan más que el Presidente, lo que ha generado amparos. “(Estos funcionarios) no están infringiendo el Artículo 127, pero se les está reduciendo su remuneración”.

El también integrante de la firma Torres/Morante comenta que esta ley, suspendida por la Corte, hubiera avanzado sin problema si se hubiese contemplado un transitorio que incluyera al Poder Judicial, en el que se precisara que los cambios aplicarían sólo a los nuevos cargos. “Lo que advierto es que se están utilizando los sueldos de 500 mil pesos al mes (ya con prestaciones) de algunos ministros  para atacar y reducir a todos”. Sin embargo, tras el acuerdo de ayer entre Morena y ministros, todo indica que se respetarán los salarios y sólo se reducirán a los que ingresaron después de 2010 para que nadie gane más de 108 mil pesos.

La preocupación que tienen los abogados es qué pasará con el Poder Judicial si los funcionarios “de bien” se empiezan a retirar.

Rodrigo Lazo, por su parte, acentúa que muchos jueces de Distrito y magistrados han decidido retirarse anticipadamente, “otros dicen: mejor me voy a salir aunque pierda mi antigüedad, pero voy a ganar más de 108 mil pesos en lo privado. Entonces, el talento que va a llegar a suplir esos espacios será de personas que no tienen la misma experiencia. Es un problema real”.

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y López Obrador deberá servir para implementar medidas para acabar con los excesivos sueldos y el nepotismo, consideran los abogados Jorge Torres González y Rodrigo Lazo.

Torres González subraya que si esto sucede, “se lo vamos a deber a Andrés Manuel, a esta disrupción que hizo”. Sin embargo, considera que la austeridad en el Poder Judicial debe ser fruto del diálogo entre Poderes y no impuesta por los cambios establecidos en esta ley aprobada en noviembre pasado.

Remarca que el cambio ya se observa en todos los candidatos que aspiran a la presidencia de la Corte, los cuales han priorizado en sus planes de trabajo, precisamente, los temas de austeridad y combate al nepotismo.

Aunque es necesario eliminar los excesos, insiste en que la reducción de sueldos en magistrados o jueces, por ejemplo, podría impactar la calidad de las resoluciones que emiten. “Eso está probado a nivel mundial, que (la baja calidad en las resoluciones) tiene una incidencia inversamente proporcional en las soluciones violentas que las personas asumen: el tomar justicia por su propia mano”.

Rodrigo Lazo considera que esto podría provocar que algunos funcionarios busquen compensar esas remuneraciones a través de la corrupción. “Si yo tenía una estabilidad económica de trabajo, de carrera, de estudio, y me lo reduces de un plumazo (el sueldo), naturalmente, no todos, pero algunos que sean proclives, van a buscar compensar esos recortes y solucionar los asuntos con alguna dádiva”.

Torres González recuerda que hay puestos donde se tiene prohibido asumir una responsabilidad remunerada adicional al cargo que se desempeña, por lo que podría haber fugas de talento. “Si debilitamos al Poder Judicial, literalmente una sola persona va a tener el control. La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, pero esa soberanía está depositada en los tres Poderes”.

Lamentó la amenaza del senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, de liquidar a los actuales ministros de la Corte si no reducen sus salarios (como ocurrió en 1994). “A lo mejor es una bravuconada en Twitter, pero lo que no es un bravuconada es la iniciativa que se presenta de que los ministros ahora sean electos popularmente”.

Esta última amenaza se originó luego de que la Corte suspendiera la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Lo ideal, dice el abogado, es que esa ley quede sin efectos y se elabore una nueva propuesta en la que se dialogue y se incluya al Poder Judicial, pero sin violentar la Constitución, como ocurre con la actual.

La reducción de los sueldos, explica, ocurrirá eventualmente por la presión social, que también está justificada.

Fuente E Informador

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¿”Simplificación orgánica” o “Capitalización inmediata”?

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  • La eliminación de estos organismos significaría una suma a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos que planean otorgarse al Fondo de Pensiones del Bienestar.

CDMX.- Entre confrontaciones verbales, carteles, videos y audios, senadores de Morena y oposición discutieron reforma constitucional denominada “simplificación orgánica”, la cual fue aprobada en lo general y particular por mayoría calificada y con ello desaparecen siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Además del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Ahora, el dictamen pasará a las legislaturas locales para su análisis y eventual aprobación. Se requiere el aval de 17 congresos estatales para que sea turnado el Ejecutivo y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la eliminación de estos organismos se prevé sumar a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.

Durante cinco horas, Morena y aliados argumentaron que se busca evitar la duplicidad de funciones y desvío de recursos. Mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que será un retroceso.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina expuso que el gobierno humanista ha alcanzado la madurez institucional y ha demostrado que esta listo para reasumir las funciones que fueron delegadas a organismos autónomos, “garantizando transparencia, honestidad, eficacia y austeridad en el manejo de los recursos”.

Subrayó que reasumir estas funciones “no es un retroceso, sino un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal y mucho menos, que vaya en contra de los intereses del pueblo que sirva solo a los intereses de unos cuantos y muchas veces a los intereses de los extranjeros”.

Aseguró que este dictamen “es el recordatorio de que debe el poder debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de eso privilegios”.

Posteriormente, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza subrayó que, “en modo alguno, se transgreden los compromisos internacionales de México, no, en todo momento se garantiza la libre competencia y concurrencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión asegurando que no se afecten las reglas del mercado ni los principios de competencia económica”.

Expuso que esta reforma propone que el Ejecutivo federal a través de las autoridades correspondientes regule de manera asimétrica a los actores de estos mercados para eliminar barreras a la competencia lo que redundará en un beneficio para los consumidores y mayor transparencia”.

Sobre la reestructuración de los entes públicos que establece que las estructuras orgánicas deberán ajustarse a los principios de racionalidad y austeridad republicana, “esto no solo contribuirá a una administración más eficiente, sino que permitirá que los recursos se destinen de manera más efectivas a áreas prioritarias, como educación, salud y la infraestructura”.

Afirmó que ésta es una medida necesaria para modernizar la administración pública, garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalece las políticas de bienestar social, “y avanzar en un gobierno más austeros, transparente y comprometido con el bienestar de los mexicanos”.

Así aprobaron la extinción de siete organismos autónomos en el Senado
El senador priista Manlio Fabio Beltrones recordó que la creación de estos organismos tuvo una razón de ser, revisar los actos del Estado ejercidos por los gobiernos para que la ciudadanía tuviera una participación directa en los mismos y en la revisión de su aplicación y en los recursos que se emplearon.

Con la constitución de estos organismos, dijo, se buscó evitar el control unilateral y unipersonal sobre temas que atentaban los derechos de la sociedad.

Aseguró que con esta extinción “estamos suprimiendo también los derechos ciudadanos y la vida democrática”.

“Estoy seguro de que ninguna república que se diga de vanguardia va a dejar de tener en su diseño de estado este órgano constitucional que hoy estamos lastimando. Hoy, lo que estamos escenificando aquí es el revivir al “ogro filantrópico de 1990 y del que nos habíamos alejándotelas cuando podíamos hacer acuerdos todos los responsables de vigilar al Estado mexicano”.
La emecista Amalia García, otra de las políticas que luchó por la construcción de organismos autónomos, expresó:

“El INAI puede tener todos los defectos que quieran, pero lo que no puede ser es que desaparezca un órgano autónomo que nos costó tantas luchas y tanto esfuerzo a tantos mexicanos para crear un estado democrático. No puede ser. Yo me siento agraviada y triste, me resulta inconcebible, no puedo ni dormir de la tristeza, porque nos costó mucho”.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano rechazó la extinción de órganos autónomos y mostró videos de Ricardo Monreal, Alejando Encinas, Zoé Robledo, Luis Armando Melgar y Luisa María Alcalde celebrando la existencia de la transparencia, “desafortunadamente hoy lo van a eliminar, porque ya están en el poder y no quieren ser cuestionados”.

La morenista Martha Lucía Mícher cuestionó que el consejo del INAI aprobara preguntas absurdas sobre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como “cuánto papel del baño usaba, cuántas botellas de agua tomaba al día y cuánto presupuesto se utilizaba para comprar ropa interior o que marca era el abrigo y costo que utilizó en Sonora”.

En contraste, mencionó que información sobre los viajes del Instituto de Transparencia no se respondió.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda afirmó que los ciudadanos pueden preguntar lo que quieran.

La senadora de Morena, Verónica Camino subió a tribuna con una mampara para explicar los excesos de los órganos autónomos, “los legisladores de la cuarta transformación estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al poder Ejecutivo. Todas las cosas evolucionan, respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia del país”.

El senador del PAN, Marko Cortés adelantó el voto en contra de su bancada, “es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín creía en las instituciones, y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista, es concentrar el poder y no solamente en transparencia”.

La senadora priista Claudia Anaya dijo que 0.05 pesos de cada cien es lo que se gasta en los organismos, “las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Este Senado de la República cuesta, ciérrenlo, si esa es la solución, acábenlo”.

Y la panista Mayuli Martínez dijo que a Morena no le gusta la transparencia, “porque les toca a ustedes” y mostró un audio de supuesta corrupción en Quintana Roo… “ahí está, vamos a darle la mochadita total, ya cuando se descarrile el tren, ya será otro pedo”.

La reforma a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución plantea la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas atribuciones serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública; mientras que las funciones en materia de medición de la pobreza y de los programas sociales que realiza el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval), serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En materia de Acceso a la Información y Datos Personales, quedarán bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y no del INAI, por lo que sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

El dictamen señala que, en materia energética y de competencia económica, en lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus funciones serán ejercidas por las Secretarías de Estado correspondientes.

Se avaló la creación de un órgano desconcentrado, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.

Tendrá independencia técnica y operativa, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno.

Fuente:Milenio

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Todo por servir acaba, Morenistas desaparecen el INAI, organo que ellos impulsarón

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Cancún.- Antes como morenistas priistas y panistas defendian al INAI hoy como Morenistas lo desprecián hasta su desaparición.

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