Morena, PT y Verde en el Senado desestimaron el proceso de elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con 87 votos impusieron la reelección de Rosario Piedra Ibarra, a pesar de que fue la peor evaluada entre 15 aspirantes y del rechazo de la mayoría de los propios senadores afines a la autollamada Cuarta Transformación.

Asimismo, se negaron a utilizar una mampara —propuesta e instalada por el PAN y MC— para que los senadores oficialistas pudieran ejercer su voto en secrecía y evitar la línea del coordinador, Adán Augusto López Hernández, para votar a favor de Piedra Ibarra.

Con ello, a pesar de tener mejores evaluaciones, quedaron en el camino el resto de la terna conformada por Paulina Hernández Díaz y Nashieli Ramírez Hernández, así como más de una decena de aspirantes a presidir la CNDH con mayores méritos y calificaciones.

A pesar de que la oposición logró que no se foliaran las cédulas, como proponía López Hernández, para con ello evitar que se conociera posteriormente el sentido del sufragio de senadores de Morena, PT y PVEM, al final se impuso la mayoría en favor de la actual titular de la CNDH, que seguirá al frente del organismo los próximos cinco años.

Con ello, la incipiente rebelión de un grupo de senadores como Javier Corral, Higinio Martínez y Malú Micher, quienes amagaron con votar contra Piedra Ibarra, fue aplacada al no permitir la secrecía del voto.

Con mayoría calificada, el bloque oficialista avaló la continuidad de la actual ombudsperson, cuestionada por su pobre desempeño, no sólo por la oposición, sino también por legisladores de Morena y por organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos. Y durante la votación le cantaron Las mañanitas a López Obrador.

Con su voto a favor de Piedra Ibarra, Morena, PVEM y PT le dieron la espalda al proceso que condujeron los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Celeste Ascencio, y de Justicia, Javier Corral.

De nada sirvieron el parlamento abierto, el registro de 48 aspirantes, la comparecencia de 47 de ellos y la evaluación que hicieron los senadores de ambas instancias legislativas, en las que Piedra Ibarra reprobó.

Al final del proceso, valió más el criterio político y la línea que los senadores recibieron desde las más altas esferas de la Cuarta Transformación, concretamente del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como reconocieron en privado varios legisladores de Morena.

A decir de senadores del oficialismo —quienes pidieron guardar el anonimato—, el proceso se distorsionó desde el momento en que, aun después de una pésima comparecencia y de haber sido evaluada en último lugar, Piedra Ibarra fue incluida en la terna de finalistas, sin importar los méritos de otras candidatas, “por una decisión política”. La bancada de Morena llegó este martes dividida entre la corriente del coordinador López Hernández, que impulsaba la reelección de Piedra Ibarra, y la mayoría de los senadores que se pronunciaban por un cambio. En esas condiciones, ninguna de las candidaturas de la terna tenía viabilidad, puesto que no alcanzaban los votos de las dos terceras partes. En la reunión del grupo parlamentario, previa a la sesión del pleno, el exsecretario de Gobernación pidió el respaldo de toda la fracción a la actual presidenta de la CNDH. Para convencer a sus senadores, explicó que no se trataba de una decisión arbitraria. “Es una decisión de Estado”, advirtió.

Muchos que se negaban a votar por Piedra Ibarra expusieron sus motivos. “¿Cómo vamos a apoyar algo que va contra nuestros principios, cuando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha enarbolado el postulado de no reelección?”. Al final, prácticamente todos los senadores del grupo en el poder cedieron y acataron la instrucción de votar por Piedra Ibarra. “No estoy de acuerdo, pero acepto la indicación”, dijeron.

Más tarde, la bancada de Morena se reunió con la ombudsperson para dialogar, expresarle su respaldo y hacerle algunas observaciones en el desempeño de su responsabilidad. La presentación del dictamen con la terna finalista se fue postergando por las dudas de Morena de alcanzar los votos requeridos, al grado que el coordinador de la bancada pidió llamar a Denisse Ortiz, suplente de la senadora Yeidkol Polevnsky, quien está fuera del país, para garantizar la mayoría calificada.

En la discusión del acuerdo para el debate y votación, que fue avalado por 85 votos, senadoras del PAN ingresaron una mampara al pleno, lo cual derivó en jaloneos y el malestar del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Ante ello, la oposición alertó del fantasma de cédulas ya marcadas para favorecer la reelección de Piedra Ibarra, lo cual rechazó Adán Augusto López. Al final, se impuso el criterio político y se desdeñó el proceso de selección en el que participaron casi 50 candidatos.

Agencia.- Una nueva tragedia ha cimbrado a México. Un comando armado irrumpió en el bar Los Cantaritos de Querétaro y abrió fuego el sábado por la noche contra decenas de personas. El ataque duró un par de minutos y dejó al menos 10 muertos y 13 heridos, entre ellos dos graves, de acuerdo con las autoridades.

La masacre volvió a encender los cuestionamientos por la ola de violencia que azota al país en el arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum y ha entrado de lleno al terreno político; al ser enarbolada por la oposición para exigir un endurecimiento de la nueva estrategia de seguridad de la presidenta, presentada el pasado 8 de octubre, una semana después de la toma de posesión. En las horas que siguieron al ataque, la presidenta no se pronunció y privilegió un viaje de trabajo al estado norteño de Zacatecas, uno de los focos rojos de la inseguridad.

“Habrá castigo contra los responsables de este acto brutal”, prometió el gobernador, Mauricio Kuri, del opositor Partido Acción Nacional (PAN). El ataque en Querétaro, un Estado que no suele estar entre los más violentos, ha desbordado las preocupaciones por su brutalidad y la posibilidad de un efecto contagio desde la vecina Guanajuato, la localidad que más asesinatos ha registrado en México en lo que va de año, con 1.863 investigaciones abiertas hasta finales de septiembre. “No vamos a permitir contaminarnos de lo que pasa en otras partes”, dijo el panista.

A tan solo 200 kilómetros de la capital, Querétaro es una pieza clave en el mapa criminal de México, señala el analista David Saucedo. Colinda al oeste con Guanajuato, en disputa durante casi cinco años entre el Cartel de Santa Rosa de Lima, una poderosa organización regional, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las fuerzas criminales más peligrosas del mundo. Saucedo señala que Querétaro es la retaguardia de Santa Rosa de Lima, la zona donde se repliega después de los enfrentamientos, recarga suministros y concentra buena parte de su poder de fuerza. El Cartel Jalisco tiene amplia presencia en Guanajuato y el Estado de México, colindante con la capital, y Querétaro les permitiría unir esos territorios. Hay al menos otras dos células importantes en la región: La Familia Michoacana y mafias locales que se dedican al tráfico de combustible.

SEDENA
Las autoridades no han señalado todavía a ningún cartel ni han precisado el móvil del ataque, aunque anunciaron una detención. Saucedo plantea tres hipótesis, todas enmarcadas en la guerra de carteles. La primera posibilidad es el llamado “cobro de piso”, extorsiones que el crimen organizado impone a los negocios para dejarlos funcionar. La otra es el ataque a un punto de venta de droga de un grupo rival, aunque no se ha confirmado la presencia de narcóticos en la escena del crimen. Una más es que alguno de los carteles optara por “calentar la plaza”: desestabilizar los territorios que controlan los adversarios. El ángulo de tiro de los perpetradores y los videos de las ráfagas contra los comensales hacen dudar al especialista de que se trate de un ataque directo y apuntan a un atentado contra la población civil para infundir miedo.

La oposición no dudó en presionar al Gobierno de Sheinbaum tras el ataque. “Urge poner en práctica la nueva estrategia de seguridad anunciada hace un mes”, afirmó la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. La política aseguró que la aproximación del expresidente Andrés Manuel López Obrador de poner atención a las causas de la violencia ―conocida como “abrazos no balazos”― no es suficiente y exhortó a Sheinbaum a concretar la promesa de fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano. “La inseguridad nos está rebasando y el discurso de responsabilizar a un Gobierno que acabó, ya no queda”, dijo Gálvez.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también cuestionó al oficialismo. “Es una tragedia que expone la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad”, señaló el dirigente Alejandro Alito Moreno. Su alfil en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se sumó a la condena de los hechos. “La indolencia es un regalo para los criminales”, afirmó el legislador.

Los reclamos se centran en las escenas de brutalidad que se han visto en las últimas semanas: la explosión de dos coches bomba en Guanajuato; la decapitación del alcalde de Chilpancingo, en Guerrero; el hallazgo de 11 cadáveres dentro de una camioneta en esa misma ciudad; y la guerra intestina del Cartel de Sinaloa, que ha dejado ya cerca de 320 asesinatos en Sinaloa. El gobernador Kuri, en su doble papel de gestor y opositor, hizo un llamado a la concordia. “Aquellos que han usado estos casos para cuestiones políticas, les pido que no es momento de dañar a ningún partido”, comentó y agregó que está en contacto permanente con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Sheinbaum.

“Cuando hay episodios de violencia e inseguridad, se llenan los medios de comunicación dando estas noticias, pero pocas veces se reconoce cuando hay trabajo serio, constante y disciplinado”, dijo Sheinbaum desde Zacatecas, al asegurar que era el Estado donde más han bajado los homicidios. Durante la semana, la mandataria también atacó al dirigente del PAN, Marko Cortés, que empuja por la tipificación del delito de “narcoterrorismo”. “No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria porque no hay explicación intermedia”, arremetió la presidenta.

Además, la victoria de Donald Trump ha encendido las alarmas en México ante el pronóstico de nuevas presiones en Seguridad. Trump ha amagado durante años con designar a los carteles de la droga como grupos terroristas con la idea de justificar, bajo las leyes estadounidenses, intervenciones y operativos militares en territorio mexicano, lo que socavaría el Derecho Internacional. Por su parte, relegada a la marginalidad política tras su fracaso en las elecciones; la oposición mexicana ha coqueteado con la idea de etiquetar la violencia del narco como “terrorismo” en aras de recobrar protagonismo. “Está llamando a la intervención extranjera”, zanjó Sheinbaum. El nuevo Gobierno sabe que no puede correr ningún riesgo frente a Trump, que regresa a la Casa Blanca con más poder y recursos para cumplir su agenda.

La masacre en Querétaro no es solo una muestra de la violencia que sufre México, sino que evidencia también las divergentes posiciones políticas ante la crisis de seguridad. En un extremo, el PAN y el PRI buscan capitalizar la violencia que ha marcado el nuevo ciclo político en el país. En el otro, el Gobierno de Morena tiende a minimizar los incidentes y acusar a sus rivales de lanzar campañas de desprestigio. Esta vez, los reclamos de la oposición se estrellaron contra un muro de silencio del oficialismo. Los mayores golpes sobre la mesa, sin embargo, vienen del crimen organizado. En un país que cree haberlo visto todo en más de dos décadas de guerra contra las drogas; el narco reaparece cada semana con ataques, asesinatos y atentados ―cada uno más brutal que el anterior― para mandar mensajes a sus enemigos, amedrentar a las autoridades y aterrorizar a la población.

La narcoviolencia no es casual. Se ha sofisticado y, a solo 40 días de la llegada de Sheinbaum al poder, se ha consolidado como el mayor reto para su Administración. Además, carcome la confianza de la población, ensucia el juego político, siembra el caos en amplias zonas del territorio, tensa la relación con Estados Unidos y anualmente le cuesta al país 245.000 millones de dólares, casi el 20% del PIB, según el Instituto para la Economía y la Paz. También destruye vidas: las últimas, al menos 10, tras la peor tragedia que se recuerde en Querétaro en tiempos recientes.

Fuente: El País