CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE OCTUBRE.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) en Nuevo León investiga la denuncia que interpusieron organismos ciudadanos contra el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” por presunto desvío de recursos públicos en su campaña para competir por la presidencia de la República.

El organismo fiscalizador dio entrada a la denuncia presentada el mes pasado por integrantes del Consejo Cívico, organismo no gubernamental que hizo propia la denuncia del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el presunto desvío del mandatario, quien utilizó funcionarios públicos para recabar firmas para registrarse como candidato presidencial.

La ASE dará a conocer los resultados de la investigación hasta octubre del año próximo, cuando se presenten las auditorías de las cuentas públicas correspondientes al año actual.

La Unidad de Investigación de la ASE será la encargada de realizar las indagatorias y darlas a conocer al Congreso del Estado para que sea este órgano el que determine, en 2019 y en caso de detectarse anomalías, las sanciones que se pudieran aplicar.

El pasado 6 de septiembre los organismos Ciudadanos Contra la Corrupción, Consejo Cívico y Evolución Mexicana pidieron a la auditoría investigar a “El Bronco” por violar el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En un comunicado difundido en esa ocasión, los grupos civiles señalan que se incluye en la demanda a los trabajadores del gobierno estatal que fueron acusados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de utilizar su tiempo laboral para recabar firmas a favor de “El Bronco”.

Los denunciantes informaron que interpusieron la demanda, “porque hasta el momento ninguna autoridad ha interpuesto las sanciones administrativas que Tribunales Electorales Federales manifestaron en la sentencia, al detectar que funcionarios de primer nivel levantaron firmas en días y horas de trabajo”.

El documento agrega que “de acuerdo con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 3°, la ASE tiene las facultades de iniciar investigaciones ante presuntas irregularidades y actos de corrupción. En este caso, se denuncian las siguientes faltas administrativas graves:

“Desvío de recursos, por el uso indebido de tiempo de trabajo de servidores públicos del Estado para obtener firmas y recabar apoyos en el proceso electoral relativo a la Presidencia de la República. Consideramos que esta decisión del Tribunal, puede contribuir al inicio de otra investigación en el ámbito administrativo”, señalan.

En julio pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal pidió imponer una multa “ejemplar” al Mandatario por falsificar firmas de apoyo para registrar su candidatura presidencial por la vía independiente, revocando la sanción de 4 mil 030 pesos que le había impuesto la Sala Regional Especializada.

Fuente Zócalo