CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE SEPTIEMBRE.- Pese a los avances, en México más de 19 millones de personas (15.5 por ciento de la población) no tienen acceso a servicios de salud, lo que resulta injustificable, condenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al inaugurar el foro de análisis El derecho humano a la salud en México, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que en los pasados ocho años la cifra de habitantes sin acceso a la salud en el país pasó de 42.8 a 19.1 millones, por lo que los esfuerzos son todavía insuficientes, ya que es un derecho exigible.

Resaltó que datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que en 2016 nueve entidades federativas presentaban cifras de personas sin acceso a este derecho superiores a 15.5 por ciento. Se trata de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.

González Pérez lamentó que en los años recientes se haya reducido al menos en 10 mil millones de pesos el presupuesto para ese rubro, pues en 2016 el gasto público en la materia representó 2.9 por ciento del producto interno bruto.

Por ello, puso en relieve las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud, conforme a los estándares nacionales e internacionales, por lo que hizo un nuevo llamado a las autoridades a ratificar e integrar en nuestro sistema jurídico el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que permite al Comité respectivo recibir comunicaciones de personas o grupos que consideren fueron violados sus derechos en estos ámbitos, instrumentos que se constituyeron vía complementaria de garantía internacional para la exigibilidad y realización del derecho a la protección de la salud.

Puntualizó que el panorama actual en el país demanda políticas públicas y programas nacionales para garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud en igualdad y no discriminación; velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios en esa materia; vigilar la apropiada formación de médicos y personal relacionados, así como facilitar medicamentos esenciales y proporcionar la atención integral a los pacientes.

Al referir las observaciones finales del Comité DESC de la ONU sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados al Estado mexicano, emitidas en marzo pasado, señaló que se debe prevenir y combatir la persistente discriminación para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud, disminuir el número de trabajadores en la economía informal e incluir a ese sector en las actividades de los servicios de inspección laboral y seguridad social en el trabajo.