WASHINGTON, 12 DE SEPTIEMBRE.- Estados Unidos sancionará a cualquier país, empresa o persona extranjera que interfiera en unas elecciones internas. La medida está contenida en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump ha firmado este miércoles, y coincide con los esfuerzos de las agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad por blindar las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán el 6 de noviembre, ante previsibles ataques extranjeros. “Esto es un esfuerzo más, dentro de una serie de medidas que se están tomando, para proteger a Estados Unidos contra injerencias extranjeras en nuestro proceso electoral”, ha explicado el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en una conferencia telefónica con periodistas.

El presidente ha firmado la orden a pesar de que acostumbra a ridiculizar la investigación oficial que está teniendo lugar sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, que llevaron al magnate a la Casa Blanca. Bolton ha asegurado que se han detectado intentos de injerencia desde Rusia, pero también desde China, Irán o Corea del Norte. “No hemos visto la intensidad de lo que sucedió en 2016”, ha reconocido, “pero solo está a un clic de distancia”.

La orden -que forma parte de una serie de medidas tomadas por el Gobierno para garantizar la seguridad en unas elecciones en las que el Partido Republicano se enfrenta al difícil reto de mantener su mayoría en las dos cámaras legislativas- habla de dos modalidades de injerencia en elecciones: los intentos de hackear la infraestructura electoral y, en un sentido más amplio, los esfuerzos por influir en la opinión pública a través de propaganda digital coordinada o filtraciones sistemáticas de información política privada. Esto último, según las conclusiones de la inteligencia estadounidense, es lo que hicieron hackers rusos al filtrar información confidencial del Comité Nacional Demócrata antes de las últimas presidenciales.

Para determinar si ha habido injerencia, la orden establece una estructura de agencias encabezadas por la Oficina del director nacional de Inteligencia y que incluye a la CIA. Después serán el Departamento de Estado y el Tesoro quienes decidirán las sanciones apropiadas, ha explicado Bolton, dentro de una lista incluida en la orden ejecutiva, que se publicará próximamente. Estas pueden incluir la congelación de activos, la limitación de acceso a las instituciones financieras de EE UU o la prohibición a ciudadanos estadounidenses de invertir en las empresas responsables de la injerencia. “Esto es un esfuerzo continuo y nos ocupará 24 horas al día hasta las elecciones”, ha asegurado Dan Coats, director de la Inteligencia Nacional.

El presidente Trump ha sido severamente criticado en los últimos meses, desde las filas demócratas pero también republicanas, por su endeble reacción ante las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de 2016. En especial, tras su reunión el pasado mes de julio en Helsinki con Vladímir Putin, en la que aceptó la palabra del presidente ruso, negando la participación del Kremlin en la injerencia, por encima de las informaciones de las propias agencias de inteligencia estadounidenses. Ante la pregunta de los periodistas de si la orden ejecutiva firmada hoy por el presidente puede constituir un intento de contrarrestar la idea de que ha sido excesivamente complaciente con Putin hasta la fecha, Bolton se ha mostrado firme en su negativa. “Cero”, ha querido zanjar. “El presidente está completamente comprometido con que no haya injerencias. Sus acciones hablan por él”.

Legisladores de uno y otro signo no han tardado en señalar que la orden ejecutiva carece del suficiente alcance. Los senadores Marco Rubio y Chris Van Hollen, republicano el primero y demócrata el segundo, han publicado un comunicado conjunto en el que piden al Congreso que proceda a legislar con más dureza. “El anuncio de hoy del Gobierno reconoce la amenaza, pero no va lo suficientemente lejos para responder a ella”, opinan. “Estados Unidos puede y debe hacer más”.

Fuente El País