CANCÚN, 27 DE JULIO.- Protestan organizaciones civiles y ambientalistas por las vedas que levantó al firmar los 10 decretos de reservas de agua el pasado 5 junio el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 2ª Jornada Nacional de Acción por el Agua, realizada en las oficinas de la Conagua.

En total, se han presentado más de 30 amparos en 12 estados contra los 10 decretos firmados por EPN. Las salvaguardias demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos.

Esas acciones dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual Ley de Aguas Nacionales: “el agua es de quien la solicita primero”, pero la reforma constitucional exigió reemplazar la actual legislación antes de febrero de 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.

Mediante un comunicado, los inconformes exigen que Peña Nieto vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una Ley de Aguas Nacionales que cumpla con la Constitución de México.

Los más de 30 amparos han sido presentados por los pueblos indígenas teenek y nahua, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

También la Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

En conjunto, cuestionan la legalidad y constitucionalidad de los 10 decretos de reservas firmados por Enrique Peña el 5 junio pasado.

Los amparos se basan en uno o más de los siguientes argumentos: el levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos, y se abrió un gran volumen de aguas a ser concesionadas sin respetar el principio del “acceso equitativo”, que establece la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua.

Se emitieron los decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados; adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la naturaleza, que son reconocidos en esa entidad federativa.

Carlos Águila Arreola