“Good morning. Stress Begins (Buenos días. Comienza el estrés)”, se lee en un pequeño cuadro de madera que cuelga muy cerca del escritorio desde donde Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), despacha en las oficinas centrales de Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
A Lorenzo Córdova le ha tocado dirigir el proceso electoral más complejo de los últimos tiempos, el de mayor “guerra sucia” en redes sociales, el de más intervención abierta de actores sociales como el empresariado, el de más modificaciones nuevas en la legislación electoral en la historia reciente, el de mayor violencia en contra de políticos y candidatos, el más estresante.
Aunado a esto, las elecciones del 1 de julio representan para el instituto electoral que encabeza Lorenzo Córdova una prueba de confianza entre la ciudadanía, después de que en 2006 su antecesor, el IFE, dejara en un sector importante de la población la sensación de que las elecciones presidenciales de ese año no fueron del todo equitativas, y del pasado proceso electoral en el Estado de México, donde salieron a relucir prácticas corporativistas y de coacción del voto, con supuesta intervención directa de autoridades estatales.
“Mucho hemos aprendido del pasado reciente, y sabemos que tenemos que trabajar para ganarnos la confianza de los ciudadanos, que no solo desconfían de esta institución, también de otras instituciones democráticas del país”, comenta el presidente del INE.
En entrevista exclusiva con Forbes, Lorenzo Córdova explica cómo se prepara el INE para hacer frente a la elección más grande de la historia, que tiene como ‘aderezo’ operar bajo la legislación electoral modificada en 2014, en la que una de las principales novedades fueron las candidaturas independientes, cuestionadas tanto por sus procedimientos como por la forma en que buscaron competir algunos personajes bajo esta nueva modalidad.
¿A qué se enfrenta el INE en esta elección presidencial?
Hemos tenido tres ciclos electorales (2015, 2016 y 2017) que anteceden a éste, pero es la primera vez que con las reglas de 2014 se organiza una elección presidencial. Dicho en otras palabras, es la primera vez que el INE, ya no el IFE, organiza una elección presidencial.
Un segundo aspecto es la dimensión de la elección. Nunca habíamos organizado una elección tan grande como la que está en curso. Hay 30 estados que van a renovar alguno de sus poderes electivos locales y van a tener elecciones federales; salvo Baja California y Nayarit. Vamos a la elección con el padrón electoral más grande de nuestra historia: 89.1 millones de ciudadanos y ciudadanas tendremos la posibilidad de elegir a nuestros representantes en la jornada del 1 de julio.
Todo esto detona una serie de números nunca antes vistos. Tendremos un número de casillas inédito: 157,000. En virtud de la concurrencia, en 30 estados operará la figura de la casilla única. Esto significa una casilla más grande, es decir, en el mismo centro de votación se recibirá el voto federal y local. Esto implica que necesitaremos un número de ciudadanos fungiendo como funcionarios de casillas nunca antes visto: 1 millón 400,000 personas recibirán y contarán los votos de los electores. Solamente como comparación, en 2012 se requirió 1 millón de ciudadanos.
También es una elección que nos va a permitir cerrar el primer ciclo de vida de la reforma de 2014. Al cabo de este proceso electoral sólo la gubernatura de Baja California, que se renovará en 2019, será el único cargo electivo no elegido bajo estas reglas o, dicho al revés, después de está elección todos los cargos, salvo la gubernatura de Baja California, habrán sido elegidos con estas reglas y, consecuentemente, esto nos permitirá hacer un corte de caja de las necesidades de mejora que tiene este conjunto, digámoslo así, de reglas derivadas de la reforma.
Desde la reforma constitucional de 2012 se contemplaron una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos la posibilidad de que pudieran participar de manera independiente en cargos de elección popular. Esto derivó en las candidaturas independientes. Varios fueron los personajes que buscaron competir bajo esta modalidad por la presidencia de la República, la mayoría con antecedentes de participación en partidos políticos. Solo dos llegaron a la última instancia: Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala (ésta última declinó), con muchos cuestionamientos sobre la manera en que obtuvieron las firmas ciudadanas que exigió el INE.
¿Las candidaturas independientes se pueden considerar un fracaso?
Las candidaturas independientes llegaron para quedarse; es un mecanismo que sin duda se tendrá que revisar, que es perfectible en términos de la regulación que hoy tienen, pero creo que ya forman parte del ‘paisaje electoral’ en nuestro país. Creo que a todos los mexicanos nos deja una enseñanza este proceso electoral respecto a las candidaturas independientes, y creo que es positiva, porque las candidaturas independientes habían generado una inflación de expectativas en el pasado, que por cierto estaba alimentada de ese discurso maniqueo e irreal que decía que los candidatos independientes eran buenos respecto a los de enfrente.
Creo que hay una lección que nos deja esto: la política no es para los arcángeles, si llegaran a existir. La política la hacen políticos. Algunos hacen política por la vía independiente, otros hacen política por la vía de los partidos, y una vía u otra no necesariamente implica bondad, malicia o maldad.
Si los requisitos fueron muy altos, si hay que bajarlos o no, debemos plantearlo. Ser candidato independiente requiere un apoyo y una base social, no puede ser una mera ocurrencia, por lo tanto que haya requisitos que no sean excesivos y que vuelvan inalcanzables las candidaturas independientes es importante y es pertinente. Hoy tenemos compitiendo por distintos cargos de elección popular en el ámbito federal a más de 50 candidatos independientes y muchos de ellos probablemente en posibilidades de éxito. Hoy tenemos alcaldes, un diputado federal, un gobernador y diputados locales que han llegado a sus cargos a través de la vía independiente; es decir, habrá que seguir reflexionando y establecer cuáles son las mejores condiciones para no abaratar las candidaturas independientes, pero tampoco para volverlas algo inalcanzable.
En 2017 se llevaron a cabo elecciones en el Estado de México para elegir gobernador. Muchas fueron las denuncias que tuvieron lugar en ese proceso electoral, entre ellas la compra de voto y la utilización de programas sociales en beneficio del candidato oficial, sembrando muchas dudas sobre la actuación del INE.
¿Cómo se ha blindado el INE para que los resultados del 1 de julio no generen en la población la sensación de que hubo trampa e ilegalidad, como sucedió en las pasadas elecciones en el Estado de México o en las presidenciales de 2006?
Digamos que hay dos formas de responder a la pregunta: la primera tiene que ver con la confianza pública que hoy se tiene entorno a la institucionalidad electoral y con la que vamos en consecuencia a las elecciones. Efectivamente la elección de 2018 es una ventana de oportunidad para reconstruir la confianza pública que desde 2006, por lo menos, ha venido enfrentando una serie de erosiones, desafíos y cuestionamientos.
El INE enfrenta esta elección con un desafío por remontar, pero también es cierto que tenemos una experiencia que hoy nos ha permitido generar confianza para poder convocar a un número inédito de ciudadanos para esta elección. Vamos a una elección en la necesitaremos como nunca antes de las y los ciudadanos. No es un eufemismo decir que en México el INE organiza las elecciones, pero son las y los ciudadanos los que tienen que apropiarse de la elección y llevarla a cabo.
A 17 días de la jornada electoral se tenían, del millón 400,000 ciudadanos que necesitamos, un millón 330,000 notificaciones ya entregadas y se habían capacitado 1 millón 230,000 ciudadanos que van a ser funcionarios de casillas; es decir, estamos muy bien en términos del reclutamiento de ese ejercito cívico. Así que por un lado, sí tenemos un déficit de confianza, pero por otro, tenemos estos elementos que nos están diciendo que la gente quiere participar.
Mencionas el caso del Estado de México; yo te diría que las elecciones del año pasado fueron una llamada de atención respecto a lo que el INE tenía que hacer para construir esa base de confianza de cara a las elecciones de 2018, bajo la premisa de que la confianza se construye día a día y la confianza no puede traducirse o equipararse a un acto de fe. Luego de las elecciones del año pasado, tomamos una serie de decisiones que se plasmaron en acuerdos que no todos tuvieron un, digámoslo así, buen final, porque fueron revocados por el Tribunal Electoral, pero que demostraron públicamente que el INE estaba haciendo cosas novedosas para tratar de generar el mejor contexto de cara a esta elección.
Me refiero a acuerdos como el de ‘cancha pareja’, la regulación de la actuación de los funcionarios públicos y del dinero público a partir de los lineamientos que emitimos para normar el artículo 134 constitucional; la prohibición del uso de tarjetas durante procesos electorales y los acuerdos que tomamos respecto a cómo se tienen que usar los programas sociales para evitar un uso político de los mismos. Son reacciones del propio instituto frente a una serie de cuestionamientos ciudadanos.
Un debate mediático generaron los llamados de ciertos empresarios como Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal, y Germán Larrea, de Grupo México, a no votar por lo que llamaron prácticas del pasado, haciendo alusión al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto, el presidente del INE dice a Forbes si el órgano electoral actuó debidamente.
Hubo un actor en este proceso electoral que se hizo visible como nunca antes, llamando a no votar por uno de los candidatos presidenciales, incluso, a sus trabajadores: el empresariado o ciertos personajes de él. ¿La reacción del INE ante esta situación fue la adecuada?
Yo creo que es un tema en el que el INE debe ser cauteloso, pero no permisivo; es decir, estamos hablando del ejercicio de uno de los derechos fundamentales para que la democracia exista y se recree, que es la libertad de expresión. Ahora, la libertad de expresión en democracia no es tampoco ilimitada, tiene dos limites fundamentales: uno, el respeto a las reglas, es decir, a las leyes que establecen cuáles son las fronteras que no se pueden cruzar en el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, por parte de los candidatos: la calumnia que está constitucionalmente fijada como un límite claro o la compra de espacios en radio y televisión para emitir una publicidad o una opinión a favor o en contra. Pero, por otro lado, también está el ejercicio responsable de la libertad de expresión.
En el caso de un grupo de empresarios que se manifestaron yo diría lo siguiente: ¿puede una persona manifestar sus preferencias electorales o realizar críticas electorales? Por supuesto que sí, lo que tiene prohibido, límite legal, es que esa libertad de expresión se traduzca en una coacción del el ejercicio libre del voto de otra persona, y la preocupación que el INE externó es que esos empresarios no estaban dirigiendo sus mensajes a la sociedad, se estaban dirigiendo a sus empleados, con los que hay una relación de subordinación, y en donde eventualmente el ejercicio de la libertad de expresión raya en el lindero de la eventual coacción del voto.
Dicho eso, si hubiera tenido lugar una coacción al voto, el INE habría iniciado procedimientos sancionadores. No los iniciamos porque vimos que estaban en la frontera y, digámoslo así, rayando peligrosamente en la comisión de una coacción al voto que está prohibida y que no solamente puede ser sancionada por el INE, sino que eventualmente puede implicar la comisión de un delito.
El llamado a la responsabilidad es precisamente a pensar que sí es cierto que el día de la elección alguien va a ganarla, pero como ocurre en democracia, nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Ganar una elección a toda costa, cueste lo que cueste, no vale la pena, porque la vida sigue después de la elección, ese es el tipo de llamado que se hizo no sólo a los empresarios, sino a todos estos actores responsables del cuidado de esta casa común más allá del día después de las elecciones.
Las casas encuestadoras con más trayectoria en el mercado han coincidido, con más o menos puntos, en las tendencias de las preferencias electorales de los ciudadanos. Sin embargo, los contendientes por la presidencia y sus partidos dieron a conocer a lo largo de este proceso electoral, principalmente en redes sociales, encuestas de origen dudoso que los daban como ganadores o con un “claro” posicionamiento en el segundo lugar.
¿Cómo filtró el INE el boom de encuestas que tuvieron lugar en este proceso electoral?
El INE tiene un rol en el tema de las encuestas, un rol y un mandato legal. El INE al inicio de cada proceso electoral tiene que emitir una serie de requisitos metodológicos que deben de cumplir todas las encuestas que sean publicadas, es un catálogo de requisitos que se construye en una interacción, en una interlocución con el gremio de los encuestadores. Esto ocurrió en septiembre pasado.
Se emitieron criterios como, por ejemplo, que una encuesta que se fuera a publicar tenía que tener una nota metodológica; decir qué tipo de encuesta fue (telefónica o en vivienda); el tamaño de la muestra; el grado de confiabilidad de la propia encuesta, y una serie de características. Las encuestadoras tiene que anunciar al INE que van a realizar una encuesta y tiene que entregarle, una vez que la misma fue publicada, la base de datos; tienen que establecer con toda claridad quién pago la encuesta, porque ese es un dato relevante, en fin, una serie de requisitos. Si mal no recuerdo, ha habido ya tres encuestadoras que han sido sancionadas por no cumplir con esos requisitos metodológicos. Dicho esto, el INE no puede, creo que sería muy delicado, revisar la consistencia metodológica, pero verifica que estos requisitos se cumplan.
Hay quien a llegado a plantear: “es que ustedes tienen que revisar que las encuestas estén bien”. El INE no tiene ese papel. ¿Las encuestas sustituyen a las elecciones? Pues no, en ningún país democrático lo hacen. Las encuestas generan información para los electores y para los propios contendientes. Imagínate cómo sería esta elección sin que hubiera encuestas, habría una incertidumbre que hoy en día no existe y que proporciona elementos de juicio a los propios electores. Creo que no se le puede pedir a la autoridad electoral, insisto, que palomee la veracidad o no de una encuesta, eso sería muy delicado.
ENTREVISTADO PARA FORBES POR Uriel Naum Ávila
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