CHETUMAL, 15 DE MAYO.- El jaloneo con referencia a la consulta pública que planea llevarse a cabo sobre el uso de plataformas digitales para el servicio de transporte de pasajeros en Benito Juárez no cesa y es que ahora magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo revocaron el acuerdo que permitiría dicha consulta el próximo 1 de julio.

Luego de la decisión, el Ieqroo tendrá que volver a realizar el análisis y fundamentar, con el apoyo de colegios de profesionistas, la trascendencia de la consulta más allá del municipio, haciendo ya muy difícil que la consulta se realice el 1 de julio como originalmente estaba planeada, tal y como horas antes lo advirtió la presidenta-consejera Mayra San Román Carrillo Medina.

Al respecto, Erasmo Abelar Cámara, secretario general del sindicato de taxistas de Cancún “Andrés Quintana Roo”, saludó la decisión del Teqroo y aseguró que esperarán la nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo, que se mantiene empantanada en el Congreso estatal, y que se prevé sea promulgada “en agosto o septiembre próximos”.

“La ley era muy clara, uno de los motivos por los que se desechó (el acuerdo del Ieqroo) fue porque sólo sería en el municipio de Benito Juárez, una ley vinculante que afectaría a los otros 16 sindicatos (son 17 en Quintana Roo). Fue el punto principal que, conforme a la ley, no era viable y por lo que se decidió echar abajo la consulta y regresarla al Ieqroo para volver a ser analizada.”

La sesión del Teqroo concluyó con el voto unánime mediante el que se decidió que el Ieqroo, que había aprobado la consulta con un presupuesto de 12.7 millones de pesos, no tomó en cuenta el impacto del ejercicio en otros municipios; es decir, el tema se analizó en forma superficial y tampoco se consideró el impacto económico en el servicio de transportación en Cancún.

La presidenta del Teqroo, Norma Cerón González, expuso que se declaró la acumulación para su resolución de los expedientes JEC/001/2018, JEC/002/2018 y JEC/003/2018, y ordenó que se les dé copia certificada a todos los actores.

Además, se ordenó al Instituto Electoral del estado realizar de nueva cuenta el análisis del oficio de trascendencia de la consulta, y solicite apoyo a los colegios especialistas en la materia para evitar la afectación a otras demarcaciones.

De acuerdo al proyecto de acuerdo elaborado por el magistrado Vicente Aguilar Rojas, se encontró que el órgano electoral local no consideró el posible impacto de la consulta pública sobre transporte público en los municipios conurbados (Puerto Morelos e Isla Mujeres).

Otra de las justificaciones para echar atrás el proyecto fue que el Ieqroo no consultó al Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta, y es que al pretender realizarla el 1 de julio la convirtió en un ejercicio concurrente con las elecciones federales.

Tampoco se establecieron normas de contingencia en caso de disturbios el día de las votaciones y, por último, los promoventes de la consulta no hicieron el ejercicio extensivo a todos los ciudadanos, lo que vulneró los principios de legalidad y certeza de los ciudadanos.

Horas antes, durante el anuncio de la firma de convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para impulsar “un voto libre y razonado”, la presidenta consejera del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, confirmó que pese a presuntos amparos y mientras no haya pronunciamiento legal (a las 11 de la mañana aún no lo había), continúa el proceso para la impresión de las boletas para la consulta pública sobre transporte público.

Por CArlos Águila Arreola

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