CANCÚN, 27 DE ABRIL.- La empresa Aguakan, concesionaria de agua potable en el norte de Quintana Roo, asegura que no ha sido notificada de ningún proceso para rescindirle el contrato por los servicios que presta en Solidaridad.

Carlos González, vocero de la empresa en Solidaridad, dijo que no se ha recibido ninguna notificación sobre alguna demanda en contra de la empresa, por lo cual se mantienen laborando en normalidad.

El síndico del ayuntamiento, Juan Beristain Navarrete, informó en entrevista aparte, que ya interpusieron el litigio por lesividad, solicitando la cancelación del contrato otorgado a la empresa por el exgobernador Roberto Borge Angulo y el expresidente municipal Mauricio Góngora Escalante.

El procedimiento se presentó ante la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, donde se argumenta que la concesión otorgada a la empresa ha sido negativa y ha afectado al ayuntamiento de Solidaridad.

“Una de las principales ilegalidades que están detrás de la operación fue la violación al artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal”, explicó.

Otro de los argumentos legales es el de las facultades constitucionales contenidas en el artículo 66, fracción III, inciso i), de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y en el artículo 127 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. La referida ley de los municipios establece que son facultades y obligaciones del ayuntamiento “aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.

Además, establece que los ayuntamientos tienen la facultad de expedir el reglamento que establezca las condiciones a que se deberán someter las concesiones de servicios públicos y determinar cuáles de ellos no podrán ser concesionados a particulares.

El síndico asegura que estas condiciones no se han cumplido en el caso de la concesión otorgada a Aguakan.

En tercer lugar, refieren una violación al artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, la cual obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en el 2014 durante el mandato de Mauricio Góngora Escalante, antes de que pidiera licencia como presidente municipal de Solidaridad para competir por la gubernatura.

El síndico añadió que la aprobación de la concesión otorgada se realizó a puerta cerrada, de espaldas a la ciudadanía, sin un análisis previo sobre la conveniencia de otorgar a una empresa privada el servicio de agua potable y alcantarillado.

Antecedentes

El 11 de noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún —empresa dueña de Aguakan— la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio para el municipio de Solidaridad.

Fuente El Economista