CANCÚN, 15 DE ABRIL.- Liberan las primeras 15 órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y oficiales secretarios adscritos a la Fiscalía General del Estado, acusados de tortura y abuso de autoridad, en agravio de Héctor Manuel C. F. y Maximiliano Ezequiel M. G.; detenidos en el 2013 como miembros del Cártel del Golfo. Este lunes se esperan 28 más para completar las 43.

El llamado Diablo fue ejecutado el 8 de junio pasado en la marisquería “Las Koras”, a la entrada de la delegación de Alfredo Vladimir Bonfil, cuando estaba con otro sujeto.

La noche del sábado, los elementos de la hoy Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvieron reuniones para acordar qué hacer porque las aprehensiones se harían efectivas en las próximas horas, y serían llevados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún.

También se supo que los agentes que ahora forman parte de la Policía Ministerial que fueron dejados en Benito Juárez, se están organizando junto a los que enviaron a los municipios de Solidaridad y Playa del Carmen para manifestarse y evitar la detención.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, son al menos 33 funcionarios públicos los que están acusados de tortura, mientras que la decena restante están señalados de abuso de autoridad.

En 2013, Héctor Manuel Casique Fernández (a) El Diablo fue  detenido en el bar Mandala, junto a Maximiliano Ezequiel Magallán González, alias El Humo, a quien se le acusaba de perpetrar el ataque en el bar “La Sirenita”, y se les relacionaba con el cártel del Golfo.

En el ataque fallecieron siete personas, entre las que estaba Francisco Achach Castro, secretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” de Cancún.

Casique Fernández quedó en libertad el 10 de marzo de 2014, al no comprobarse su participación en el homicidio de Achach Castro; sin embargo, al salir fue reaprehendido por elementos de la Policía Judicial, sin tener orden de aprehensión

Para obligar a Héctor Casique a firmar una confesión en la que se declaraba culpable de distribuir droga, cobrar derecho de piso y orquestar el multihomicidio fue golpeado, torturado y violado por 43 elementos de la entonces Policía Judicial de Quintana Roo, dirigida entonces por Arturo Olivares Mendiola.

“La tortura que sufrí por parte de la Policía Judicial fue constante, con mucho dolo, mucha saña y duró muchas horas. Entraba un grupo, y luego otro y otro… Se iban turnando y cada grupo me golpeaba hasta que se cansaba: los de Homicidios, los de Narcomenudeo, los de Robo… con amarres, golpes, toques eléctricos, asfixia.

“Y yo supe de lo que se me acusaba hasta que llegué al penal”, narró Casique Fernández a cada medio que lo entrevistó sobre su calvario. “La primera sesión de tortura ocurrió entre la noche del sábado 16 de marzo y el mediodía del lunes 18 de 2013, y también fui golpeado antes de ser trasladado al penal” de Cancún.

Preso

Yaskade Fernández, madre de Héctor, recurrió a todas las instancias para salvar a su hijo. Cuando estaba siendo torturado pidió ayuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhqroo); luego, contra las acusaciones graves contra su hijo y, en paralelo, demandó a Olivares Mendiola y a los policías judiciales que participaron en la tortura y violación.

Fernández recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió un Protocolo de Estambul –instrumento internacional reconocido por la ONU para certificar la tortura–; pidió ayuda a Cencos (centro para la defensa de derechos humanos con sede en la Ciudad de México) y consiguió la atención de Amnistía Internacional y medios nacionales.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró a Casique Fernández víctima del Estado bajo el registro RNV/CEAV/9/668/2014 y, de acuerdo con Yaskade Fernández, el ex gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo –paradójicamente hoy encarcelado–, decidió proteger a los torturadores.

Durante su administración, Olivares Mendiola pasó de la Policía Judicial a la Policía Municipal de Cancún, y de ahí a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Al final del gobierno de Roberto Borge, se desempeñaba como coordinador de Vinculación con Instancias de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por Carlos Águila Arreola

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