Nacional
Alejandro Gutiérrez y cómplices de corrupción serán juzgados en Chihuahua

CHIHUAHUA, 27 DE MARZO.- El juez Alejandro Legarda Carreón de Chihuahua, negó la petición de un juez federal sobre la entrega de los casos del exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García; el exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles y el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para definir la competencia de la causa penal 780/2017 referente al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas priistas.
La audiencia inició ayer a las 10 de la mañana en la Sala 1 de la Ciudad Judicial para determinar a los tres procesados por el delito de peculado si debían de seguir en el estado o ser juzgados por un juez federal.
La audiencia de los tres procesados fue para definir la competencia de la causa penal 780/2017 referente al presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas del PRI, luego de que en febrero, el juez federal Gerardo Moreno García, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, determinó que los tres detenidos debían ser juzgados en el ámbito federal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la causa penal debe permanecer en el ámbito local, toda vez que expuso, los delitos señalados significaron una afectación al erario del estado de Chihuahua, pese a que su procedencia era el Ramo 23 Federal.
Antonio Tarín García, pretendía rendir protesta como diputado federal suplente del fallecido Carlos Hermosillo. Foto: Mauricio Huizar
El hecho delictivo se cometió en Chihuahua, dado que los recursos fueron depositados en la cuenta 4058556945 del banco HSBC perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal.
El Ministerio Público aseguró que los servidores públicos, con la aprobación del entonces secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte Jáquez, Jaime Herrera, se aprobaron los contratos con empresas fantasmas para desviar dinero de las arcas estatales.
La contratación de cursos con empresas “fantasmas” se realizó con recursos del Estado, por lo que el delito de peculado en el que están acusados los tres procesados debe de ser juzgado en Chihuahua.
Alegatos
Legarda Carreón determinó que el tribunal de control del Distrito Judicial Morelos es el competente para seguir conociendo de las acusaciones en contra de Gerardo Villegas Madriles, a quien se le dictó auto de vinculación a proceso (formal prisión) el 2 de abril de 2017 por parte del juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez; de Antonio Tarín García, vinculado el 1 de junio de 2017 por el mismo Alejandro Legarda y en contra de Alejandro Gutiérrez, a quien se le dictó vinculación a proceso el 21 de diciembre de 2017 por parte del juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán.
“Lo que sí es de considerarse es que el ente fiscalizador es el federal, y por parte de la Secretaría de la Función Pública federal. Ambos son coincidentes que el recurso que llegó de la Federación a través del convenio de fortalecimiento fue aplicado debidamente, es decir que era un recurso federal, y la Auditoría Superior del Estado verificó que ese dinero (250 millones de pesos), con el cual se realizó el pago de cuatro contratos, derivaba de una afectación a la hacienda estatal, es decir un tercer organismo auditor del ejercicio fiscal de 2016”, precisó el Ministerio Público.
Fuente el Sol de México Online
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Nacional
“Huachicol Fiscal: Altos Mandos y Empresarios en Red de Corrupción Multimillonaria”

En un operativo sin precedentes, autoridades federales desmantelaron una red dedicada al contrabando de combustible mediante documentación falsa y evasión fiscal. La acción conjunta de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad derivó en la detención de al menos 50 personas, entre ellas mandos militares y empresarios vinculados al sector energético.

Destacan las capturas del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar de un exsecretario de Marina, y de los presuntos líderes Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, y Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como “El Flaco de Oro”. Se aseguraron más de 10 millones de litros de diésel, vehículos, armas y documentación apócrifa en el puerto de Tampico.
Omar García Harfuch, titular de Seguridad, declaró que “no habrá impunidad” y que este golpe fortalece la credibilidad institucional. Subrayó que el operativo fue resultado de meses de inteligencia y coordinación.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “cuando hay evidencia de corrupción, se actúa sin distinción”. Reiteró su compromiso con la justicia y reconoció la labor de la Marina. También lamentó el suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien estaba bajo investigación, aunque aclaró que no se ha confirmado su vínculo directo con la red.
Las investigaciones continúan y se prevén nuevas órdenes de aprehensión. El caso revela un esquema de corrupción que involucra permisos falsos, evasión de impuestos y comercialización ilegal de hidrocarburos, con pérdidas millonarias para el país.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
RED DE HUACHICOL FISCAL SACUDE A ALTOS MANDOS: DETENIDO UN VICEALMIRANTE EN OPERATIVO HISTÓRICO

En un operativo sin precedentes contra el robo de hidrocarburos, autoridades mexicanas desmantelaron una red de huachicol fiscal que operaba con alcance nacional e internacional. La acción culminó con la detención de 14 personas, entre ellas un vicealmirante en retiro, señalado como el funcionario naval de más alto rango implicado en este tipo de delitos.
El excomandante, con vínculos familiares en altos círculos militares, fue arrestado junto a empresarios y exfuncionarios públicos acusados de participar en el tráfico ilegal de combustibles. La red utilizaba empresas fachada, documentación apócrifa y contactos institucionales para movilizar más de 10 millones de litros de diésel, decomisados en el puerto de Tampico.

Durante el operativo se aseguraron armas, vehículos y un buque con bandera extranjera, lo que revela la magnitud del esquema criminal. Las investigaciones apuntan a una estructura que operaba desde hace años, con pérdidas millonarias para el Estado y riesgos directos a la seguridad energética del país.
Este caso marca un punto de inflexión en la lucha contra el huachicol, al evidenciar complicidades en niveles estratégicos y reforzar el compromiso por erradicar la corrupción y proteger los recursos nacionales.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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