CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE MARZO.- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha pagado 26 millones 140 mil 905.87 pesos a 560 personas afectadas por la delincuencia.

Las indemnizaciones cubren el periodo de enero de 2015 (cuando comenzó a operar) al 31 de mayo de 2017. Los pagos más altos son para víctimas de delitos del fuero federal o de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades.

En la delegación de la CEAV Guerrero existen 10 casos de personas indemnizadas como víctimas indirectas de desaparición forzada. Son integrantes de la Coordinación de Víctimas del Club Avispones de Chilpancingo, agredidos el 26 de septiembre de 2014 junto con los normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, está pendiente la reparación del daño por el atentado en el Casino Royale en Nuevo León, en 2011.

Abusos descalabran a la CEAV

Desde el inicio de operaciones del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en enero de 2015 y hasta al 31 de mayo de 2017, han pagado 26 millones 140 mil 905.87 pesos para diversas reparaciones 560 personas, sin embargo, las víctimas de la comisión de un delito del fuero federal, así como las de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades son las que han recibido las reparaciones más altas.

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, hasta mayo del año pasado, ocho de las 560 víctimas registradas habrían recibido el 20.56 por ciento del total de lo erogado por el fondo; es decir, cinco millones 376 mil 778.83 pesos se destinaron a reparar los daños a las víctimas del crimen organizado y de las autoridades, en indemnizaciones que van desde los 120 mil 687.74 pesos, hasta los dos millones 221 mil 230.30 pesos a una sola persona.

El resto de las restituciones se concentró en asistencia para servicios médicos, pago de medicamentos; atención mental en los casos en que la persona quede gravemente afectada psicológica o siquiátricamente; servicios odontológicos y reconstructivos y servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley.

Asimismo, destacaron casos en que la misma víctima recibió recursos hasta en 29 ocasiones, conforme a las medidas inmediatas del título tercero de la Ley General de Víctimas.

En la delegación de la CEAV en Guerrero existen diez casos de personas indemnizadas como víctimas indirectas de desaparición forzada, que son parte del caso Ayotzinapa. Entre ellos se encuentran integrantes de la Coordinación de Víctimas del Club Avispones de Chilpancingo, —quienes fueron agredidos la noche del 26 de septiembre de 2014 junto con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero—, quienes tuvieron acceso a los recursos del Fondo para cubrir medidas de ayuda, asistencia y atención para alimentación y alojamiento.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

“Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”, precisa la legislación.

Una vez entregado el recurso otorgado por la Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas, con cargo al Fondo de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, las personas cuentan con un plazo de treinta días, para entregar los comprobantes del gasto que se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas.

Otro de los casos que está pendiente de reparación del daño es el del Casino Royal en Nuevo León, en donde el 25 de agosto del 2011, donde fueron asesinadas 52 personas a causa de un ataque del crimen organizado, sin embargo, la delegación de la CEAV en el estado únicamente cuenta con el registro de cuatro personas en calidad de víctimas reconocidas en proceso de recibir recursos económicos como reparación del daño.

Fuente Excélsior

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