Gama Rodríguez mintió al Congreso al entregar una currícula con datos falsos, en un intento por “aparentar” que cumplía con los requisitos, en específico la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que exige haber residido en la entidad durante los 10 años anteriores al día de la designación.

El hoy magistrado se desempeñó como abogado dictaminador de 2008 al 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, según el jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal mexiquense en respuesta a una solicitud de información: es imposible que el hoy magistrado cumpla el requerimiento de residencia.

Es decir, Fernando Gama mintió al decir que trabajó desde 2006 en “MGM Consultores Fiscales”; que en 2014 fue asesor de la Correduría Pública 13 adscrita a Playa del Carmen; que de 2014 a 2017 se dedicó a impartir conferencias para el Colegio de Contadores en la misma ciudad, cuando en realidad de 2008 a 2015 trabajó en el Estado de México.

De la misma manera entregó datos falsos al ayuntamiento de Solidaridad para su constancia de residencia en Playa del Carmen, porque trabajó hasta 2015 en el Estado de México, de donde es oriundo. De acuerdo a la credencial de elector del magistrado, la primera vez que obtuvo el documento fue precisamente en 2015; es decir, el hoy juez nunca había tenido credencial expedida por el ahora llamado Instituto Nacional Electoral.

En las demandas de amparo se señala como autoridades responsables a los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de la XV Legislatura, que revisaron el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los aspirantes a magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

Como autoridad responsable también están los integrantes de la Diputación Permanente de la XV Legislatura, quienes eligieron a Fernando Gama como magistrado; también es responsable el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, quien propuso a Fernando Gama como parte de las cinco binas finales.

Uno de los amparos fue presentado a nombre de Claudia Romero Angulo, abogada que concursó y cumplió los requisitos para ocupar uno de los cinco espacios, que fue admitido en el juzgado primero de distrito y registrado con el número 225/2018, fijándose la audiencia constitucional para el 10 de abril de 2018.

El otro juicio de garantías se presentó como amparo colectivo promovido por una decena de ciudadanos, que bajo el número 213/2018 quedó ante el juez sexto de distrito, quien pidió a los ciudadanos de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Chetumal ratificar sus firmas en el juzgado ubicado en la capital del estado, por lo que aún no es admitido.

¿Antifiscalía?

A la par, una denuncia por “falso testimonio” fue presentada contra el magistrado en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, instancia que pretendía declinar su competencia bajo el argumento de que Fernando Gama no era funcionario al cometer el presunto delito.

Sin embargo, en la denuncia FGE/QR/OPB/03/1538/2018 se solicitó a la fiscalía investigar la presunta participación de diversos funcionarios en el ilícito, entre éstos el gobernador, los integrantes de la Diputación Permanente y el secretario general del ayuntamiento de Solidaridad, que firmó la constancia de residencia de Gama Rodríguez.

El hecho de que Gama Rodríguez haya entregado información falsa para obtener el cargo de magistrado, implica que tampoco reúne el requisito de “gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año (…) y cualquier otro que lastime la buena fama que lo inhabilitará al cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

“Somos tus ojos” reitera su exigencia de que Fernando Gama renuncie como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por entregar datos falsos y mentir para formar parte del tribunal que tendrá que juzgar y castigar los actos y conductas de funcionarios públicos, además de que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sostener en su cargo al magistrado Fernando Gama contradice a los diputados de la XV Legislatura del Congreso estatal y al gobernador Carlos Manuel Joaquín sobre su voluntad de combatir la corrupción y la impunidad, y convierte su discurso en burda simulación.