CANCÚN, 19 DE MARZO.- En medio de la polémica por el supuesto freno a la inversión que traería consigo la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) sobre la laguna de Bacalar, la firma Energía del Sureste se desistió de continuar con el procedimiento para la obtención de permisos que le permitieran construir el parque fotovoltaico El Ramonal, que se proyectaba a un costado de esta laguna también conocida como de Siete Colores.

Se trataba de una planta de energía solar que pretendía construirse en un predio de más de 130 hectáreas en el municipio de Bacalar, que fue ingresado a evaluación ambiental en octubre del 2017, justo cuando iniciaba la polémica por intención de declarar Área Natural Protegida a la laguna de Bacalar con una inversión de 200 millones de dólares.

El parque fotovoltaico iba a tener una capacidad de generación instalada de 58.7 megawatts, mediante la instalación de 183,000 módulos o celdas fotovoltaicas, instalados de manera paralela a la carretera que corre a lo largo de la laguna.

El proyecto además iba a contar con una subestación eléctrica, área de maniobras, caminos y área de conservación, por lo que la superficie total era de 193 hectáreas.

Freno

Cuando se ingresó el proyecto a evaluación ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en octubre del año pasado, comenzaba a gestarse la polémica por la iniciativa de declarar Área Natural Protegida la laguna de Bacalar y sus alrededores, pues tanto el sector empresarial como los ejidatarios propietarios de tierras en la zona aseguraban desde entonces que las inversiones tanto turísticas como de infraestructura se verían frenadas en caso de que se aprobase esta iniciativa promovida por el Partido Verde Ecologista de México.

En noviembre del 2017, ejidatarios de Bacalar y pequeños empresarios acudieron al Congreso de la Unión para solicitar su apoyo en el rechazo en contra de la iniciativa que propone decretar la laguna de Bacalar como Área Natural Protegida.

Los comuneros manifestaron su total rechazo a la pretensión de decretar ANP la zona de 219,000 hectáreas que comprenden la laguna de Bacalar y áreas aledañas, pues aseguraron que afectaría negativamente y en forma directa el desarrollo económico de más de 50,000 personas de 18 poblaciones localizadas en el referido polígono.

Carta

Los ejidatarios y pequeños empresarios entregaron a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y diputados federales una misma carta que también enviaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que exponen que “durante años los pobladores del sur del estado hemos esperado pacientemente que se puedan dar las condiciones para concretar el anhelado desarrollo económico para nuestras comunidades, pero con esta pretensión de crear un Área Natural Protegida nos condenan a la marginación, a la pobreza y, aún más, a la pérdida de nuestros territorios, que es nuestro principal activo patrimonial”.

Señalaron que las autoridades no han emitido una convocatoria oficial en la que se les informara sobre esta propuesta y se les invitara a participar.

Fuente El Economista

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