Por Teodoro Rentería Arróyave*

Como es del conocimiento público mundial, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, renunció por el asesinato de periodista, Jan Kuciak, ocurrido en febrero y ante el reclamo generalizado de la sociedad ofendida, puesto que el crimen se debió a las investigaciones que realizaba el comunicador en torno a la corrupción gubernamental. El presidente de la República, Andrej Kisja, de inmediato aceptó la dimisión.

Esta decisión que desde luego no asombra en esa nación de la Europa Central, en nuestros países nos parece insólita, porque la desvergonzada impunidad sigue imperando con todas sus secuelas sociales que conlleva.

Todos los asesinatos de periodistas, trabajadores de prensa, familiares y amigos de comunicadores, que son verdaderos ataques a las libertades de prensa y expresión, hasta que no se demuestre lo contrario y que están debidamente documentados en el Registro oportuno y pertinaz del gremio periodístico organizado desde 1983, yacen en la más absoluta impunidad.

Sólo como referencia nos vamos a referir a los dos últimos considerados de gran impacto; algunos colegas de buena fe, se fueron con la declaración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de que su Fiscalía había aclarado el asesinato de la Colega, Miroslava Breach Velducea, a tal grado que afirmaron que era el primer en ser aclarado, todo resultó una patraña publicitaria, prueba irrefutable es que el moño negro sigue enlutando la primera plana de la edición diaria de ’La Jornada’, por Miroslava y también por la otra víctima mortal, el compañero sinaloense, Javier Valdez.

En nuestro país, apenas si vinculan a proceso a dos policías que agredieron a una colega tlaxcalteca por la comisión de los delitos de robo y agresión física y verbal, sin embargo hasta el momento no hay respuesta judicial a la agresión a 5 reporteros que investigaban sobre algunos delitos en la zona minera de Caborca, Sonora, los cuales fueron encañonados y expulsados del ejido El Bajío. También dejamos constancia de la denuncia de la reportera Rosa Ocejo, del medio Zunoticia, en el sentido de que dos policías de San Felipe Orizatlán, Hidalgo la agredieron mientras realizaba sus actividades periodísticas, además de impedirle la cobertura de una manifestación de integrantes de Antorcha Campesina contra funcionarios de la presidencia municipal.

Insistimos, desde luego que estas agresiones contra las libertades de prensa y expresión no son privativas de nuestro país; la Asociación de Periodistas de Guatemala ha denunciado los ataques continuos contra las libertades primarias, a tal grado que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó sus serias preocupaciones por la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos, y solicitó al Estado información precisa acerca de sus programas y políticas para proteger la integridad de quienes ejercen estas labores.

El día en que seamos testigos en nuestros países de que altos y demás funcionarios que sean señalados como autores o participantes en estos crímenes contra las libertades de prensa y expresión, sean renunciados o sometidos a proceso, no lo duden, empezará a revertirse este fenómeno social que afecta por igual todos los pueblos y a la humanidad en su conjunto.

*Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.