Nacional
ASF detecta desvíos por mil 311 mdp en Sedesol y Sedatu, bajo gestión de Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE MARZO.- A través de tres auditorias forenses, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un desvió de recursos por mil 311 millones 867 mil 200 pesos, en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cometidos entre marzo de 2014 y octubre de 2015.
El organismo fiscalizador detectó la simulación de contratos o servicios no recibidos, pese a que se pagaron, a través de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), por 955 millones 310 mil 800 pesos; y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por 356 millones 556 mil 200 millones de pesos.
Las auditorias forenses D17002, D17012 y D17011, dan cuenta de la contratación de la subcontratación de empresas para la realización de los servicios solicitados, las que no existen en los domicilios fiscales proporcionados o su giro en otro al contratado.
En los dos primeros expedientes se detalla que la administración de Robles, al frente de la Sedesol, pagó en un primer contrato 601 millones 658 mil 600 pesos, y en un segundo la cantidad de 353 millones 652 mil 200 pesos.
En un primer caso, entre el 17 de marzo y el 11 de septiembre de 2014, la dependencia federal firmo con RTH los convenios para la producción de materiales en audio y video, cápsulas informativas, así como materiales para redes sociales y páginas de internet, relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Los días 20 de enero y 27 de enero de 2015 de firmaron los convenios para el desarrollo de la estrategia, creatividad, producción y planteamiento conceptual para su aplicación en los mecanismos de capacitación para promover el desarrollo social comunitario.
El 3 de febrero del mismo año se firmó un tercer convenio para la transmisión de 8 mil 607 anuncios de televisión de la campaña “Cruzada Nacional contra el Hambre”, versión “Dos años cumpliendo”.
Robles fue titular de la Sedesol hasta agosto de 2015, cuando fue removida a la Sedatu, y el 17 de septiembre de ese año, se firmó el convenio con el SQCS.
La ASF estableció que el acuerdo era para la contratación de servicios de estrategia creativa, elaboración de cápsulas informativas para radio y TV, mediciones de aceptación, servicios integrados de comunicación política y elaboración de impresos, entre otros.
En el caso de los contratos de Sedesol se explica que los contratos fueron firmados entre el subdirector jurídico en función de apoderado legal, el ex director jurídico y el subdirector de contenidos de Radio y Televisión de Hidalgo, con una directora de área de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la dependencia, sin dar su nombres.
Otra constante es que, en ambos casos, las empresas contratadas por la Sedesol y Sedatu, bajo la administración de Robles, se manifestaron rebasadas para la elaboración de los trabajos solicitados, por lo que subcontrataron 27 y 34 empresas o personas físicas para su realización.
Al hacer la revisión de los domicilios fiscales, explicó la ASF, se detectó que en algunas direcciones no existían o no estaban las empresas subcontratadas, en unos casos; mientras que en otros, el giro o el servicio que proporcionan son diferentes a los planteados en la documentación.
Fuente Excélsior
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Nacional
Emergencia Ambiental en Tabasco: Devastador Derrame de Petróleo Afecta Ecosistemas y Comunidades Enteras

Tabasco, México — Mayo 2025
Una crisis ambiental de gran magnitud sacude al estado de Tabasco tras un derrame masivo de petróleo ocurrido en el municipio de Huimanguillo. La fuga, atribuida a infraestructura deteriorada operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ha contaminado cuerpos de agua, destruido hábitats naturales y dejado en emergencia a miles de habitantes.

Causas: Fuga por ductos corroídos y negligencia operativa
El derrame fue detectado a finales de abril, cuando se identificó una fuga en un ducto perteneciente al campo petrolero de La Venta. Expertos ambientales y habitantes de la zona señalan que la causa principal fue la corrosión por falta de mantenimiento, además de una respuesta tardía por parte de Pemex.
“Se trata de un problema recurrente; no es la primera vez que ocurre una fuga, pero esta ha sido especialmente grave”, denunció un representante de la comunidad de Ocuapan.

Impacto ambiental: Ríos muertos, fauna contaminada y suelos envenenados
Los efectos ecológicos han sido devastadores. La mancha de crudo ha alcanzado el río Carrizal, varias lagunas locales y zonas agrícolas. Se han reportado miles de peces muertos, tortugas cubiertas de petróleo y aves afectadas por la contaminación.
“El ecosistema ha colapsado. El agua está completamente negra y huele a químicos”, relató un pescador de la zona.

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han calificado el incidente como uno de los peores desastres ecológicos de la última década en la región.
Comunidades en crisis: Enfermedades, pérdida de ingresos y desplazamientos
Más de 20 comunidades rurales se encuentran en emergencia sanitaria. Las familias han perdido sus fuentes de agua potable y alimentos. Autoridades de salud han confirmado brotes de enfermedades respiratorias, irritaciones cutáneas y problemas gastrointestinales.

“El agua huele mal, los niños ya se están enfermando y nadie nos da respuesta clara”, lamentó una madre afectada.
Los sectores pesquero y agrícola, vitales para la economía local, están completamente paralizados. La pesca y la siembra se han vuelto actividades imposibles en zonas contaminadas, provocando pérdidas económicas y desempleo.
Acciones del gobierno y Pemex: ¿Suficientes?
Pemex ha desplegado brigadas para sellar la fuga, instalar barreras de contención y recuperar el crudo derramado en cuerpos de agua. También se han distribuido insumos básicos como agua potable y atención médica en las comunidades más afectadas.
No obstante, diversas organizaciones civiles denuncian que las medidas son insuficientes y carecen de un plan de restauración ambiental a largo plazo.

“No hay transparencia ni estudios públicos del impacto real. Solo hay respuestas reactivas y lentas”, acusan representantes locales.
¿Cuánto tiempo tomará recuperar el ecosistema?
Especialistas ambientales estiman que la recuperación del ecosistema podría tardar entre 10 y 20 años, dependiendo de la calidad de las acciones de remediación y la persistencia de contaminantes en el ambiente.
- La remediación de suelos puede tardar de 5 a 15 años.
- Los cuerpos de agua contaminados podrían necesitar entre 3 y 10 años para regenerarse parcialmente.
- La biodiversidad local podría requerir décadas para restablecerse, y algunas especies podrían desaparecer definitivamente.

Exigen justicia y reparación
Organizaciones sociales, líderes comunitarios y habitantes de la región han comenzado a manifestarse públicamente para exigir justicia ambiental. Demandas legales, bloqueos carreteros y concentraciones han surgido con fuerza en los últimos días.
Entre las exigencias se encuentran indemnizaciones, reubicación temporal de las familias más vulnerables, atención médica especializada y un monitoreo independiente de la contaminación.
“Ya basta de convertir Tabasco en un basurero tóxico. Queremos vivir sin miedo a que el agua nos mate”, fue una de las consignas más repetidas durante una reciente movilización en Villahermosa.

Este desastre en Tabasco no es solo una tragedia ambiental, sino un llamado urgente a revisar la operación de la industria petrolera en zonas ecológicamente sensibles. La recuperación requerirá años de trabajo, voluntad política y justicia para quienes hoy están pagando el costo más alto.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Nacional
EL DILEMA DIGITAL: ¿LIBERTAD O CONTROL? MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DE REGULAR LAS PLATAFORMAS

La intensa y a menudo polarizada discusión sobre la necesidad y el alcance de la regulación de las plataformas digitales en México ha alcanzado un nuevo punto álgido esta semana. Diversos sectores de la sociedad, desde empresarios tecnológicos hasta defensores de los derechos de los usuarios, han expresado sus opiniones en foros públicos y a través de comunicados, evidenciando la complejidad del tema.
El debate central gira en torno a equilibrar la innovación y el crecimiento económico que impulsan estas plataformas con la protección de los derechos de los consumidores, la competencia justa y la seguridad de los datos. Por un lado, representantes de la industria tecnológica advierten sobre el riesgo de sofocar la creatividad y la inversión si se implementan regulaciones excesivas o mal concebidas. Argumentan que la naturaleza dinámica y transfronteriza de las plataformas digitales requiere un enfoque regulatorio flexible y adaptable.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y algunos legisladores enfatizan la creciente influencia de estas plataformas en la vida cotidiana y la necesidad de establecer reglas claras para evitar prácticas monopólicas, la difusión de desinformación y la vulneración de la privacidad de los usuarios. Casos recientes de controversia en torno al manejo de datos personales y la moderación de contenidos han alimentado la urgencia de una intervención regulatoria.
Esta semana, un panel de expertos convocado por la Comisión de Economía del Senado presentó un informe preliminar que analiza diferentes modelos regulatorios implementados en otras naciones, como la Unión Europea y Estados Unidos. El informe destaca la necesidad de un enfoque integral que considere las particularidades del mercado mexicano y los desafíos específicos que plantean las plataformas digitales en el contexto nacional.
Entre los puntos más controvertidos se encuentran la definición del alcance de la regulación (¿qué tipo de plataformas deberían ser incluidas?), los mecanismos para garantizar la transparencia en los algoritmos, las medidas para fomentar la competencia y evitar el abuso de posición dominante, y los mecanismos de protección para los usuarios en cuanto a sus datos personales y la calidad de los servicios ofrecidos.
Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen los debates y se presenten propuestas legislativas concretas. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, consciente del impacto significativo que la regulación de las plataformas digitales tendrá en el futuro de la economía, la comunicación y la vida social del país. La búsqueda de un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos sigue siendo el principal desafío en esta crucial discusión.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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