CANCÚN, 26 DE FEBRERO.- Quintana Roo está en la media nacional en ceguera visual con 4.2 por ciento; sin embargo, la cifra no es del todo confiable porque hay demasiada mala referenciación de pacientes; en tanto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) recibe en promedio 500 demandas anuales, y 30 por cientos son del ámbito médico.

Joaquín Lozano Guasch, director general de la “Clínica de Ojos Cancún”, denunció que “envían a gente que no necesita consulta y a quienes la requieren los aplazan por meses; es algo muy delicado y grave”, señaló el médico durante el panel “Ceguera legal y sus repercusiones”.

“Por las condiciones en la entidad, por su juventud, porque no se tiene a la par el crecimiento demográfico y económico con los sistemas de salud de derechohabientes para que la infraestructura hospitalaria estuviera a la par, y no hay de esos grandes hospitales, lo que provoca rezagos importantes”, indicó.

El experto en salud visual habló sobre las condiciones de incapacidad frente a las cuestiones técnicas y científicas de cuándo una persona es capaz de laboral y cuándo no; expertos en salud y el ámbito laboral hablaron de las consecuencias económicas y sociales que sufren no sólo los pacientes, sino las propias instituciones.

Héctor Luis Sarti Pérez, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) en la entidad, puntualizó que se trabaja en la difusión de programas preventivos para que haya una autodeterminación del empresario para ver qué tanto riesgo hay en su empresa, qué normas cumplen y cuáles no, y eso tiene como finalidad reducir los riesgos de trabajo.

“La gran problemática ocurre cuando muchos trabajadores tienen algún tipo de debilidad visual pero no se atienden, el patrón no tiene forma de determinar si cuenta con una atención adecuada y si utiliza lentes con la graduación puntual para desempeñar sus labores y no se da cuenta ni midió ningún riesgo, y a partir de ese momento será riesgo de trabajo”, dijo.

Explicó la diferencia entre incapacidad de trabajo y estado de invalidez, que depende del grado de afectación para saber si la persona puede o no continuar laborando.

Cuando los casos llegan a la JFCyA se presenta el dictamen de la institución involucrada, también un dictamen del trabajador y si a partir de ese momento, cuando no son coincidentes, se irá a pleito colapsando a las instituciones médicas y a las dependencias en el ámbito laboral.

Sarti Pérez indicó que 75 por ciento de oficinistas padece debilidad visual, y que en la última década se han registrado dos mil 112 expedientes en trámite, de los que 600 son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS), y 20 por ciento están relacionados con riesgo de trabajo, incapacidades e invalidez.

“Recibimos aproximadamente 500 demandas por año de todos los rubros, 30 por ciento es del ámbito médico de 2010 a la fecha más de dos mil expedientes que siguen en trámite para determinar si corresponde o no la incapacidad laboral o estado de invalidez y que tarda incluso mucho tiempo”, dijo Sarti Pérez.

Por Carlos Águila Arreola

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