Nacional
Farsa; PGR cumple 2 semanas de haber dicho que ya mero pide extraditar a Duarte
CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE ENERO.- A un par de semanas de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitaría la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no se ha emitido la petición formal de detención provisional con fines de extradición que garantiza que el acusado no evada sus asuntos legales.
En entrevista con SinEmbargo, el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua, el abogado Paulo Díez Gargari, señaló que la dependencia “no ha solicitado al país requerido, que suponen algunos es Estados Unidos, la detención provisional con fines de extradición de César Duarte, que es algo que está previsto en el propio tratado y que con mucha frecuencia se utiliza”.
Esta medida, explicó, consiste en que se pide al país requerido que detenga a la persona. Es una detención provisional, y extiende al Estado un plazo para presentar la solicitud formal de extradición, de modo que eso garantiza que la persona no se vaya a sustraer de la acción de la justicia.
El Artículo 11 de dicho Tratado, establece la facultad de los estados de solicitar al otro estado la detención provisional de la persona que se está requiriendo para efectos de extradición. Eso es lo que permite detener a la persona antes de que ésta tenga noticias de que se ha solicitado su extradición.
Luego de la detención de la persona, el estado que solicitó la extradición, en este caso México, tiene 60 días para presentar la solicitud de extradición.
“Pero aquí todo se ha hecho al revés”, agregó Díez Gargari, quien considera que toda la actuación de la PGR ha sido errática.
El problema, sostuvo, inició desde que la PGR anunció que iría por Duarte y luego que lo haría por tres de las 11 órdenes de aprehensión que existen, lo que generó suspicacia entre las autoridades estatales encargadas de procesar a César Duarte por corrupción.

La caravana por la dignidad “Unidos con valor” recorre diversos estados del país en búsqueda de la extradición del ex Gobernador priista.
Esto porque el Artículo 17 del Tratado tiene una regla general en ese sentido: una persona que ha sido extraditada no puede ser enjuiciada ni sancionada en México, por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición.
Luego la PGR rectificó y terminó por añadir más órdenes, pero no ha mencionado nada sobre la solicitud de detención.
Mientras, la Caravana por la Dignidad “Unidos con valor” recorre el país. Hoy, encabezada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, llegó a León.
Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, arremetió esta tarde en contra de quienes pretenden “ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos” y sostuvo que ese tipo de acciones “no daña solamente a un partido, a un gobierno, daña al país y daña a su historia”. En lo que parecía una referencia a las acusaciones de gobiernos estatales en contra de sus antecesores priistas.
LA FEPADE ENTRA AL CASO
El pasado 22 de enero, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que atraería la investigación sobre los desvíos del erario de Chihuahua al PRI en las elecciones de 2016.
Anunció en conferencia de prensa que la decisión se tomó por las denuncias de los partidos Acción Nacional y de Regeneración Nacional. Ahí es, dijo, donde encontró la forma de atraer el caso.
Sin embargo, esto fue visto como un “obstáculo” por el Gobernador Javier Corral Jurado, ya que se trata de un proceso ya judicializado. Ahora, la Fiscalía General de Chihuahua tendrá que enviar las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y luego fincar las responsabilidades en materia penal y electoral.
La Fepade lo que sostiene en que se trata del presunto desvío de recursos federales y estatales para apoyar a un partido político y no descartó llamar a los involucrados
Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía dijo que el tema está en su competencia al tratarse de apoyos ilegales a un partido político, porque la fiscalización de los partidos es tarea federal y porque no se reportaron ingresos.
Al respecto, Díez Gargari señaló que lo de la Fepade no se trata de un tema de atracción, sino que la Fepade tendrá que abrir una carpeta por el delito electoral, que es algo que se le ha solicitado desde hace tiempo, incluso por el propio Gobierno de Chihuahua.
Lo que no puede hacer la Fepade, es atraer un delito de carácter no electoral, como es el peculado por el cual está vinculado a proceso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
No hay presión pata declarar contra Manlio Fabio Beltrones y César Duarte: Díez Gargari. Foto: Sashenka Gutiérrez, Cuartoscuro
“La Fepade puede y tiene la capacidad de atraer la investigación de algunos delitos electorales, pero no tiene la facultad de atraer los delitos que no lo son. Este caso (el de Gutiérrez) no puede ser atraído por la Fepade por la sencilla razón de que se trata de un asunto judicializado, es decir, ya existe un proceso penal y en ese proceso se ha dictado el auto de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez, de modo que la Fepade no es un órgano jurisdiccional como para atraer un juicio”, comentó el abogado.
Lo adecuado, y lo que se le ha pedido a la Fepade, dijo Díez, es que aclare que no es que va a atraer las investigaciones ni el asunto completo de Chihuahua, sino que lo que hará es investigar el delito electoral que debió investigar desde hace tiempo y para eso, el gobierno del estado de Chihuahua le ha ofrecido toda la colaboración y apoyo para compartir información relevante para el tema electoral con la Fepade.
“Resulta adecuado que la Fepade abra la carpeta de investigación porque es su competencia y debió iniciarlo hace tiempo. Lo que tendría simplemente que hacer es aclarar que no se trata de una atracción sino de la apertura de una carpeta para investigar el delito electoral”, añadió.
Sobre las denuncias de extorsión emitidas por Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, quienes sostienen que son presionados para declarar en contra de César Duarte y el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y de que les piden 90 millones de pesos para no fincarles más responsabilidades, consideró que “está claro es que se trata de un ‘nado sincronizado’ con la defensa de Alejandro Gutiérrez y con la PGR”.
Con información de Sin Embargo
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SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:
- SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
- EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
- EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
- GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.
Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.
Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.
Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.
Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.
Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.
Nacional
IMPULSAN REGULACIÓN DIGITAL PARA TRANSFORMAR EL TURISMO EN MÉXICO
Ciudad de México.— En un contexto de acelerada transformación tecnológica, el senador por Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Turismo que propone la regulación de plataformas digitales de servicios turísticos, con el objetivo de integrarlas de manera equilibrada al sistema nacional. La propuesta busca fortalecer la innovación sin descuidar la certeza jurídica, la protección de los turistas y el orden en el sector.
El planteamiento legislativo, construido a partir del diálogo con representantes del sector turístico, pretende establecer un punto medio entre la permisividad absoluta y las restricciones excesivas, atendiendo una realidad donde las plataformas digitales han modificado profundamente la dinámica del hospedaje y otros servicios relacionados.

“Esta reforma no busca prohibir plataformas digitales; busca integrarlas, ordenarlas y generar reglas claras para todas y todos”, afirmó el senador, al destacar la necesidad de contar con un marco legal actualizado acorde a la era digital. Subrayó que la legislación vigente fue diseñada antes de la expansión de estas tecnologías, lo que ha generado vacíos legales que hoy requieren atención urgente.
Entre los elementos clave de la iniciativa se encuentra el reconocimiento formal de estas plataformas como intermediarios tecnológicos, así como la obligación de registro para anfitriones, intermediarios y empresas en el Registro Nacional de Turismo. Además, contempla mecanismos de transparencia, estándares de calidad, protección de datos personales y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Asimismo, se propone otorgar mayores facultades a estados y municipios para regular aspectos como permisos, uso de suelo y operación territorial, considerando que estas autoridades enfrentan directamente los impactos sociales, urbanos y económicos del hospedaje digital.
La reforma plantea también fomentar una competencia equitativa entre establecimientos tradicionales y plataformas digitales, al tiempo que busca reducir los riesgos asociados a la informalidad y proteger a las comunidades locales. Con ello, se pretende posicionar a México como referente regional en regulación del turismo digital, promoviendo un crecimiento ordenado, sostenible y con beneficios compartidos.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias: Comunicado

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