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Cancún

Uber a la espera de Ley de Movilidad

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Carlos Águila Arreola / 5to. Poder

CANCÚN, 14 DE ENERO DE 2018.- La plataforma Uber pagó alrededor de 600 millones de pesos en multas tras la detención de 500 automóviles durante el año y cuatro meses en servicio, hasta que el 27 de diciembre pasado suspendió operaciones, reveló Raúl Velasco Castellanos, uno de los operadores inconformes.

En entrevista con 5to. Poder periodismo conSentido, dio a conocer que una de las principales propuestas de la plataforma –cuyo nombre significa “lo mejor”, “lo último”, “lo más” en alemán– para destrabar la Ley de Movilidad que, de aprobarse abrogaría la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, es pagar un impuesto.

“Uber está dispuesto a llegar a acuerdos como en la Ciudad de México, donde se paga un impuesto por servicio; sin embargo, el monopolio (del sindicato de taxistas) en Cancún no quiere eso, quieren que se compren o se otorguen placas con concesiones. En la capital se paga un peso con 10 centavos ($1.10) por cada viaje que haga cualquier vehículo.

“Al final estaríamos pagando la concesión porque de un peso con 10 por servicio que se haga por cada vehículo. Estamos hablando que cada auto hace de 20 a 25 viajes por día, multiplíquelo por un mes, por los coches que somos en Cancún. Activos éramos como 600, pero realmente registrados somos como dos mil, muchos en el corralón.”

Tras hacer las operaciones, cada operador pagaría entre 22 y 27.5 pesos diarios; de 154 a 192.50 a la semana; cada mes ese pago reportaría de 660 a 825, y al año entre 7,920 y 9,900, que multiplicado por 600 operadores en activo, de acuerdo con Velasco Castellanos arroja una cifra nada despreciable de entre 4’752,000 y 5’940,000 pesos.

(Al día, cada uno de los automóviles aportarían 22 y 27.5 pesos; a la semana serían entre 154 y 192.50. Al mes (cada 30 días) el pago sería de 660 a 825 pesos, y al año serían de siete mil 920 a nueve mil 900 pesos. Al multiplicar las cantidades por los 600 operadores que menciona Raúl, arrojan de cuatro millones 752 mil a cinco millones 940 mil pesos.)

Comentó que la startup (empresa emergente) decidió parar servicios por dos razones: el número de detenciones de autos “por el exceso de corrupción de los oficiales de Tránsito y los inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), y la bestialidad de los choferes del sindicato de taxistas, que se dedicaban a cazarnos de forma ilegal”.

“Creemos que durante el primer trimestre de 2018 se va a resolver si Uber regresa o no a Cancún. Era mucho dinero que se estaba pagando por las multas; la primera sale en 60 mil 300 pesos, más arrastre y estadía venía saliendo como en 66 mil, por alrededor de 500 vehículos detenidos en el año y cuatro meses de funcionamiento.”

La suspensión del servicio de Uber en Cancún se concretó a las nueve de la mañana del pasado miércoles 27 de diciembre.

Velasco Castellanos comentó que, de hecho, las oficinas de Uber siguen abiertas e incluso aseguró que la empresa va a responder por los autos detenidos: “Uber sí responde: a la semana nos apoyan, independientemente de la multa y el arrastre.

“Nos dan un apoyo de dos 450 pesos semanales por el tiempo que el coche esté detenido; si está dos o cuatro semanas, pues cuatros semanas nos depositan dos mil 450 pesos”, lo que de hecho se traduce en un salario de nueve mil 800 pesos mensuales.

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Cancún

Anuncia Mara Lezama programa para prevenir el pie diabético

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Cancún.- En el marco del Día Nacional del Pie Diabético, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, anunciaron, a partir de hoy, un programa estratégico de prevención de úlceras plantares que, inicialmente, beneficiará a 300 personas.

Con este programa, Quintana Roo se convierte en el primer estado del país en realizar una jornada de prevención del pie diabético, a través de un estudio plantográfico para detectar zonas de presión y potencial desarrollo de heridas, así como la prescripción de calzado adecuado y la adaptación de plantillas ortopédicas.

“En Quintana Roo ponemos manos a la obra para ayudar a combatir esta silenciosa enfermedad” expresó la Gobernadora en relación con la diabetes. Añadió que con la coordinación entre el Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Sistema DIF Quintana Roo, se realizará este programa estratégico que contempla la entrega de un kit de prevención que contiene un par de calzado especial, una plantilla ortopédica de liberación de puntos de presión y una crema lubricante para pies”.

Mara Lezama destacó que de eso se trata el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, de unirnos todos para cuidar de quienes más nos necesitan, para que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás ni nadie se quede fuera.

La presidenta honoraria del Sistema DIF, Verónica Lezama, dio a conocer que ya se trabaja en la capacitación de las y los pacientes sobre las medidas del cuidado del pie, la importancia de la revisión visual y táctil diaria, detectar oportunamente cambios en la piel, volumen, coloración y sensibilidad.

Al dirigirse a la población quintanarroenses, Mara Lezama reiteró que la prevención ha sido, es y será la estrategia más importante para anticiparnos ante cualquier enfermedad, “porque en este gobierno humanista, con corazón feminista, tu salud y la de tu familia, ¡claro que nos importa!

“En Quintana Roo, en este bello estado, seguimos avanzando en la construcción del segundo piso de la transformación. Sigamos unidas y unidos para transformar y sí, trabajamos por tu salud y la gente que amas” afirmó Mara Lezama acompañada de Verónica Lezama.

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Cancún

Urge hacer política para frenar fraudes inmobiliarios en Q.Roo: Hugo Alday

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Cancún.- En un evento en la Universidad del Caribe, Hugo Alday Nieto presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XVIII Legislatura, abordó la crisis inmobiliaria que enfrenta Quintana Roo y destacó los principales problemas derivados de la expansión urbana irregular, como la proliferación de asentamientos ilegales, el deterioro ambiental y los fraudes inmobiliarios.

Alday subrayó que la expansión descontrolada en áreas protegidas, como el Arrecife Mesoamericano, pone en riesgo ecosistemas clave y genera condiciones insalubres para los habitantes, al igual que la venta ilegal de terrenos sin permisos ni servicios básicos. También mencionó el caso del Ejido Bonfil, donde se han reportado fraudes a compradores de terrenos con validez legal dudosa.

El presidente de la Comisión propuso fortalecer la aplicación de la ley contra desarrolladores ilegales e invasores, además de incentivar la construcción de viviendas sociales mediante la reducción de trámites burocráticos. Recalcó la necesidad de una cooperación más estrecha entre los distintos niveles de gobierno para regularizar asentamientos y promover un desarrollo más sostenible.

En el panel, participaron Maribel Martínez, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y el arquitecto Gerardo Rodríguez, quienes coincidieron en la urgencia de crear políticas públicas que favorezcan un desarrollo urbano ordenado, sustentable y legal.

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