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Reservan 5 años daños de ordeña; Pemex alega “seguridad nacional”

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CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE ENERO DE 2018.- Con el argumento de que revelar los datos podría hacerla blanco de atentados y dañar la estabilidad financiera del país, Pemex determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las pérdidas  que ocasiona el huachicoleo a su red de ductos.

Desde noviembre, medio de comunicación nacional solicitó a la paraestatal, vía transparencia, detalles sobre el volumen de los hidrocarburos hurtados, así como el impacto económico que estos ilícitos le generan.

Sin embargo, el pasado 9 de enero el Comité de Transparencia de Pemex Logística aceptó la solicitud de la Subdirección de Transporte para mantener bajo reserva, hasta por cinco años, la confidencialidad de la información requerida.

Otros argumentos señalados fueron que la divulgación de los datos pone en riesgo la vida de personas, a la infraestructura y el medio ambiente, además de que las cifras forman parte de las investigaciones judiciales y también son un secreto comercial e industrial.

De enero a octubre de 2017, Pemex registró ocho mil 664 tomas clandestinas, la cifra más alta de su historia, y que superó el total de las de 2016, según la propia dependencia.

 

Reservan daño huachicolero

La empresa afirma que revelar las pérdidas por ordeña podría hacerla víctima de atentados.

Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las millonarias pérdidas económicas por el robo de hidrocarburos a su red de ductos, por considerar que se trata de un tema de seguridad nacional, ya que dichos datos podrían contribuir a hacerla víctima de atentados y dañar la estabilidad financiera del país.

Excélsior solicitó vía Transparencia, desde noviembre del año pasado, los datos sobre el volumen de los hidrocarburos hurtados, así como el impacto económico que estos actos ilícitos generaban en la empresa.

Sin embargo, el pasado 9 de enero, el Comité de Transparencia de Pemex Logística aceptó la solicitud de la Subdirección de Transporte, de mantener bajo “Reserva hasta por cinco años la confidencialidad de la información requerida”, pues la empresa del Estado lo considera como un tema de seguridad nacional”.

Argumenta que su divulgación pone en riesgo la vida de personas, de la infraestructura y el medio ambiente, además de que dichos datos forman parte de las investigaciones judiciales.

Pemex se niega a hacer públicos los datos por considerar que se trata de un secreto comercial e industrial, con cuya publicidad les estaría otorgando ventaja competitiva a las empresas que no son parte de su esquema.

“El proporcionar esta información coloca en alta posibilidad a esta empresa de sufrir algún tipo de atentado o que se destruya la infraestructura de transporte, con lo cual se puede dañar la estabilidad financiera y económica del país, ya que se podrían perder capitales de inversión extranjera y nacionales, así como afectar de manera directa a la economía de las familias mexicanas, derivado de desabasto de petróleo y demás hidrocarburos. Esto se trata sin duda alguna de un tema de seguridad nacional”.

Es así que en la resolución CTPLOG-5/2018 a la solicitud de información hecha por Excélsior, ha sido determinada en un momento en que el índice delictivo ha rebasado a las autoridades, pues el número de tomas clandestinas se sigue incrementando de manera significativa pese a los cambios en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que tipifica esta actividad como un delito grave con sanciones que van de dos a 25 años de prisión, así como multas de dos mil y hasta 25 mil salarios mínimos.

 

Vulnerabilidad

En los argumentos de la resolución, la empresa insiste en que la pérdida económica por el robo de combustibles es un elemento que debe mantenerse en secretismo, para no colocarse en un estado de vulnerabilidad.

La empresa considera necesario blindar la información y no hacerla pública, asegurando que se estaría involucrando de manera indirecta datos de los ductos y el tipo de producto que se transporta por ellos, los cuales asegura son sustancias tóxicas y altamente explosivas, esto pese a que la solicitud de transparencia sólo buscaba conocer el monto económico, expresado en pesos, que en pérdidas genera para la empresa, así como el volumen, en barriles o litros, de los combustibles robados.

“La trayectoria de los ductos es diversa y pasa por zonas desérticas, pero también en zonas densamente pobladas, cerca de hospitales, escuelas y casas habitación”.

Reconoce que “las acciones ilícitas e indebidas sobre los ductos han provocado que los productos se fuguen y, dependiendo de la magnitud de la toma, se ha afectado a la población, se contaminan áreas naturales como cuerpos de agua y zonas verdes, vitales para los seres vivos, bloqueos de medios de comunicación, y potencialmente se puede llegar a la destrucción de comunidades”.

Afirma que los hechos antes descritos no son calculados, sino que han ocurrido, afectando con ello a la industria petrolera.

La empresa alude al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se señala que los registros de investigación deben reservarse y que sólo las partes involucradas pueden tener acceso a dichos datos.

Asegura que con la entrega de la información solicitada se harían públicos datos recopilados en una carpeta de investigación que sigue el Ministerio Público de la Federación, vulnerando los resultados de estos trabajos.

Pemex también menciona que hacer  público el monto de pérdida económica por el robo de combustibles, que hasta ahora se ha calculado en 20 mil millones de pesos anuales, se afectaría la persecución del delito.

Es por ello que el pasado 9 de enero de este año, en sesión, el Comité de Transparencia de Pemex Logística acordó clasificar la información y reservarla por cinco años.

 

La ordeña sigue imparable

Al cierre de octubre de 2017, el número de tomas clandestinas registró un aumento significativo de 57.4 por ciento en comparación al mismo periodo de 2016, esto a pesar de las estrategias que ha puesto en marcha el gobierno federal, en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex) para disminuir esta práctica delictiva.

De acuerdo con el último reporte de la empresa del Estado, el número de ataques a la red de ductos sumó más de ocho mil 664, entre enero y octubre; sin embargo,  muestra que desde septiembre pasado se superaron las 6 mil 873 tomas detectadas durante todo 2016.

 Es así que el número de perforaciones ilegales registradas en los primeros diez meses del año pasado, representan tres mil 159 más, equivalente a un aumento de 57.4 por ciento en comparación con las cinco mil 505 del mismo periodo de 2016.

Dicha cifra es la más alta en la historia de Pemetróleos Mexicanos, que le está dejando perdidas millonarias, estimadas en 20 mil millones de pesos al año por las propias autoridades, y lo cual demuestra que los denominados huachicoleros siguen operando a pesar de los operativos y estrategias que implementa el gobierno federal y la empresa para desincentivar estas actividades ilegales.

Fuente Excélsior

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RansomHub expone vulnerabilidad en sistemas informáticos del Gobierno de México

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Agencia.- El grupo de ransomware RansomHub añadió al Gobierno de México en su lista de víctimas, apuntando específicamente a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal (CJEF). Según datos compartidos en su plataforma en la deep web, el grupo afirma haber encriptado y secuestrado 313 GB de información confidencial, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad y operación de esta entidad clave en la administración pública.

La advertencia fue reportada inicialmente por el especialista en ciberseguridad y analista de amenazas Miguel Becerra, quien, a través de su cuenta en X, señaló que el dominio www[.]gob[.]mx podría haber sido comprometido por los atacantes.

¿Qué datos secuestro RansomHub?
El grupo de ransomware asegura haber obtenido información altamente sensible, entre la que se incluyen:

  • Contratos administrativos.
  • Datos financieros.
  • Información de seguros.
  • Listas de funcionarios de la CJEF con nombre completo, fotografía, RFC, correo institucional y área de trabajo.

Como prueba de su ataque, el grupo publicó un contrato de lineamientos para el arrendamiento de inmuebles utilizados por la Consejería Jurídica. Esta dependencia, fundamental para la estructura administrativa del Ejecutivo Federal, es responsable de revisar y validar los instrumentos jurídicos que se someten a consideración del Presidente de la República y de elaborar los proyectos de iniciativas de ley que este presenta al Congreso de la Unión.

Evidencia publicada por RansomHub en su foro de la dark web.
Evidencia publicada por RansomHub en su foro de la dark web.
Plazo y consecuencias de una potencial filtración del Gobierno de México
El grupo de ciberdelincuentes otorgó un plazo de 10 días para que el gobierno de México pague el rescate. Aunque la cifra exigida no se ha hecho pública, RansomHub amenaza con liberar toda la información en la deep web si no se cumple con el pago.

Entre los archivos secuestrados se encuentran datos críticos que, de ser divulgados, podrían comprometer tanto la operatividad de la Consejería Jurídica como la confidencialidad de los funcionarios y las decisiones estratégicas del gobierno.

Cabe destacar que diversos especialistas como Víctor Ruiz, instructor certificado en ciberseguridad y fundador de SILIKN, recomiendan no pagar a los grupos de ransomware; sin embargo, la decisión también puede depender de las potenciales afectaciones.

“Al saber que la víctima paga, el grupo de ciberdelincuentes puede optar por vender, alquilar o intercambiar con otros grupos el acceso inicial, las credenciales o la información extraída, permitiendo que otros atacantes también se aprovechen de la situación”, alertó Ruiz en otro caso reciente de ransomware.

En referencia al ataque a la CJEF, Ruiz advirtió que los grupos cibercriminales especializados en ransomware, como RansomHub, suelen conservar la información utilizada para vulnerar los sistemas de una empresa o institución gubernamental: “Esto les permite, por un lado, ejecutar nuevos ataques contra las mismas víctimas, continuar extorsionándolas o incluso comercializar estos datos con otros grupos delictivos para amplificar el impacto del ataque”.

El especialista, en declaraciones para Publimetro México, señaló que es fundamental que el gobierno implemente medidas inmediatas y refuerce sus controles de seguridad, ya que, de no hacerlo, “corren el riesgo de que vuelvan a ser atacados y vulnerados en el transcurso de las siguiente semanas”.

¿Quién es RansomHub y cómo opera?
RansomHub es un grupo de ransomware que ha ganado notoriedad global por sus ataques bien organizados y su modelo de Ransomware-as-a-Service (RaaS). Fundado a inicios de 2024, tras el desmantelamiento del grupo ALPHV/BlackCat, RansomHub permite que sus afiliados (quienes utilizan su malware) ejecuten ataques y retengan el 90% de los pagos obtenidos, mientras que el grupo central recibe el 10%. Este modelo ha atraído a numerosos ciberdelincuentes y ha ampliado su impacto global.

El grupo opera bajo un conjunto de reglas que limitan sus objetivos. Por ejemplo, prohíben atacar hospitales sin fines de lucro y organizaciones en países como Cuba, Corea del Norte, y China. Sin embargo, se enfocan en instituciones y empresas con alta capacidad de pago, priorizando objetivos que manejan información sensible, como el sector gubernamental y corporativo.

Una de sus estrategias es liberar pequeñas muestras de datos robados para presionar a las víctimas a pagar. Si el rescate no se realiza, los datos completos son liberados en la deep web, exponiendo información confidencial que puede ser utilizada por otros actores malintencionados.

Entre las víctimas de RansomHub en México están OMA, UNAM y Mabe, con datos sensibles comprometidos en la dark web.
Víctimas mexicanas de RansomHub
México ha sido un blanco recurrente de este grupo. Entre sus víctimas más destacadas se encuentran:

  • Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA): RansomHub liberó 2.2 terabytes de información, incluyendo auditorías, contratos y datos de seguridad de 13 aeropuertos mexicanos.
  • Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): En mayo de 2024, atacaron a la universidad, comprometiendo datos de más de 37,000 usuarios y empleados.
  • Mabe: La empresa mexicana de electrodomésticos también fue blanco del grupo, con amenazas de liberar datos bancarios y personales de miles de clientes


La creciente amenaza del ransomware en México
Este nuevo ataque al Gobierno de México subraya la creciente amenaza que representa el ransomware para las instituciones públicas y privadas en el país. Con datos estratégicos comprometidos y el riesgo de divulgación masiva en caso de incumplimiento, la presión sobre la CJEF es enorme. Este incidente también refuerza la necesidad de invertir en ciberseguridad y establecer protocolos robustos para prevenir y mitigar ataques cibernéticos que comprometen no solo a las organizaciones, sino a la confidencialidad y seguridad nacional

Fuente: Publimetro

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Anuncian recorte presupuestal en seguridad, salud y cultura

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CDMX.- De acuerdo con el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda entregó este viernes a la Cámara de Diputados, 16 de las 19 secretarías gubernamentales registran recortes presupuestales para el próximo año con respecto a los recursos que ejercieron durante el 2024.

Las más castigadas son las secretarías de la Defensa Nacional, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Salud, Medio Ambiente, Energía y Cultura.

Para el siguiente año, el presupuesto para la Secretaría de la Defensa pasa de e 270 mil 465 millones a 151 mil 995 millones de pesos, con una disminución de 118 mil 470 millones, equivalentes a menos 43.8 por ciento. Mientras, los recursos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pasan de 110 mil 339 millones a 70 mil 422 millones, una reducción de 39 mil916 millones, lo que representa 36.2 por ciento menos; mientras para Medio Ambiente el recorte es de 39.4 por ciento al pasar su presupuesto de 73 mil 232 millones a 44 mil 370 millones.

¿De cuánto será el recorte para la Ssa?

Para la Secretaría de Salud el recorte que se le aplica es de 34 mil 420 millones, al pasar su presupuesto de 101 mil 114 millones a 66 mil 693 millones de pesos, mientras el gasto de la Secretaría de Cultura sufre una reducción de 17 mil 467 millones a 12 mil 081 millones, con una disminución de 5 mil 385 millones de pesos.
Lo mismo ocurre con la Secretaría de Energía que para el siguiente año se le asigna un monto presupuestal por 138 mil 307 millones de pesos; es decir, 36 mil 561 millones menos cuando este año tuvo 174 mil 868 millones de pesos.

En contraste, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tendrá un incremento de aumento de 51 mil 467 millones de pesos, al pasar de 89 mil 331 millones a 140 mil 799 millones. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también tiene un de 183.3 por ciento; actualmente ejerce 13 mil 427 millones pero para el siguiente año su gasto crece a 38 mil 048 millones. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Bienestar que, de acuerdo con el PEF, su presupuesto pasará de 567 mil 061 millones a 579 mil 883 millones de pesos.

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