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Reservan 5 años daños de ordeña; Pemex alega “seguridad nacional”

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CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE ENERO DE 2018.- Con el argumento de que revelar los datos podría hacerla blanco de atentados y dañar la estabilidad financiera del país, Pemex determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las pérdidas  que ocasiona el huachicoleo a su red de ductos.

Desde noviembre, medio de comunicación nacional solicitó a la paraestatal, vía transparencia, detalles sobre el volumen de los hidrocarburos hurtados, así como el impacto económico que estos ilícitos le generan.

Sin embargo, el pasado 9 de enero el Comité de Transparencia de Pemex Logística aceptó la solicitud de la Subdirección de Transporte para mantener bajo reserva, hasta por cinco años, la confidencialidad de la información requerida.

Otros argumentos señalados fueron que la divulgación de los datos pone en riesgo la vida de personas, a la infraestructura y el medio ambiente, además de que las cifras forman parte de las investigaciones judiciales y también son un secreto comercial e industrial.

De enero a octubre de 2017, Pemex registró ocho mil 664 tomas clandestinas, la cifra más alta de su historia, y que superó el total de las de 2016, según la propia dependencia.

 

Reservan daño huachicolero

La empresa afirma que revelar las pérdidas por ordeña podría hacerla víctima de atentados.

Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las millonarias pérdidas económicas por el robo de hidrocarburos a su red de ductos, por considerar que se trata de un tema de seguridad nacional, ya que dichos datos podrían contribuir a hacerla víctima de atentados y dañar la estabilidad financiera del país.

Excélsior solicitó vía Transparencia, desde noviembre del año pasado, los datos sobre el volumen de los hidrocarburos hurtados, así como el impacto económico que estos actos ilícitos generaban en la empresa.

Sin embargo, el pasado 9 de enero, el Comité de Transparencia de Pemex Logística aceptó la solicitud de la Subdirección de Transporte, de mantener bajo “Reserva hasta por cinco años la confidencialidad de la información requerida”, pues la empresa del Estado lo considera como un tema de seguridad nacional”.

Argumenta que su divulgación pone en riesgo la vida de personas, de la infraestructura y el medio ambiente, además de que dichos datos forman parte de las investigaciones judiciales.

Pemex se niega a hacer públicos los datos por considerar que se trata de un secreto comercial e industrial, con cuya publicidad les estaría otorgando ventaja competitiva a las empresas que no son parte de su esquema.

“El proporcionar esta información coloca en alta posibilidad a esta empresa de sufrir algún tipo de atentado o que se destruya la infraestructura de transporte, con lo cual se puede dañar la estabilidad financiera y económica del país, ya que se podrían perder capitales de inversión extranjera y nacionales, así como afectar de manera directa a la economía de las familias mexicanas, derivado de desabasto de petróleo y demás hidrocarburos. Esto se trata sin duda alguna de un tema de seguridad nacional”.

Es así que en la resolución CTPLOG-5/2018 a la solicitud de información hecha por Excélsior, ha sido determinada en un momento en que el índice delictivo ha rebasado a las autoridades, pues el número de tomas clandestinas se sigue incrementando de manera significativa pese a los cambios en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que tipifica esta actividad como un delito grave con sanciones que van de dos a 25 años de prisión, así como multas de dos mil y hasta 25 mil salarios mínimos.

 

Vulnerabilidad

En los argumentos de la resolución, la empresa insiste en que la pérdida económica por el robo de combustibles es un elemento que debe mantenerse en secretismo, para no colocarse en un estado de vulnerabilidad.

La empresa considera necesario blindar la información y no hacerla pública, asegurando que se estaría involucrando de manera indirecta datos de los ductos y el tipo de producto que se transporta por ellos, los cuales asegura son sustancias tóxicas y altamente explosivas, esto pese a que la solicitud de transparencia sólo buscaba conocer el monto económico, expresado en pesos, que en pérdidas genera para la empresa, así como el volumen, en barriles o litros, de los combustibles robados.

“La trayectoria de los ductos es diversa y pasa por zonas desérticas, pero también en zonas densamente pobladas, cerca de hospitales, escuelas y casas habitación”.

Reconoce que “las acciones ilícitas e indebidas sobre los ductos han provocado que los productos se fuguen y, dependiendo de la magnitud de la toma, se ha afectado a la población, se contaminan áreas naturales como cuerpos de agua y zonas verdes, vitales para los seres vivos, bloqueos de medios de comunicación, y potencialmente se puede llegar a la destrucción de comunidades”.

Afirma que los hechos antes descritos no son calculados, sino que han ocurrido, afectando con ello a la industria petrolera.

La empresa alude al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se señala que los registros de investigación deben reservarse y que sólo las partes involucradas pueden tener acceso a dichos datos.

Asegura que con la entrega de la información solicitada se harían públicos datos recopilados en una carpeta de investigación que sigue el Ministerio Público de la Federación, vulnerando los resultados de estos trabajos.

Pemex también menciona que hacer  público el monto de pérdida económica por el robo de combustibles, que hasta ahora se ha calculado en 20 mil millones de pesos anuales, se afectaría la persecución del delito.

Es por ello que el pasado 9 de enero de este año, en sesión, el Comité de Transparencia de Pemex Logística acordó clasificar la información y reservarla por cinco años.

 

La ordeña sigue imparable

Al cierre de octubre de 2017, el número de tomas clandestinas registró un aumento significativo de 57.4 por ciento en comparación al mismo periodo de 2016, esto a pesar de las estrategias que ha puesto en marcha el gobierno federal, en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex) para disminuir esta práctica delictiva.

De acuerdo con el último reporte de la empresa del Estado, el número de ataques a la red de ductos sumó más de ocho mil 664, entre enero y octubre; sin embargo,  muestra que desde septiembre pasado se superaron las 6 mil 873 tomas detectadas durante todo 2016.

 Es así que el número de perforaciones ilegales registradas en los primeros diez meses del año pasado, representan tres mil 159 más, equivalente a un aumento de 57.4 por ciento en comparación con las cinco mil 505 del mismo periodo de 2016.

Dicha cifra es la más alta en la historia de Pemetróleos Mexicanos, que le está dejando perdidas millonarias, estimadas en 20 mil millones de pesos al año por las propias autoridades, y lo cual demuestra que los denominados huachicoleros siguen operando a pesar de los operativos y estrategias que implementa el gobierno federal y la empresa para desincentivar estas actividades ilegales.

Fuente Excélsior

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Aplazan elección de candidatos para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

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CDMX.- El Consejo Judicial Ciudadano aplazó la elección de la terna de personas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante la sesión de este Consejo, el presidente Jorge Nader explicó que la Guardia Nacional aún no envía los resultados de los exámenes de control de confianza realizados a los siete aspirantes, mismos que son cruciales para la definición de esta terna.

Fiscalía Anticorrupción y Delitos Electorales

Por lo anterior, se votó a favor de aplazar esta elección, que estaba programada para este lunes 2 de diciembre.

No se dio una fecha exacta para esta definición, pues dependerá de cuándo sean entregados estos resultados.

Asimismo, durante la sesión se amplió el plazo para la inscripción de candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales.

Fuente:El Universal

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¿”Simplificación orgánica” o “Capitalización inmediata”?

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  • La eliminación de estos organismos significaría una suma a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos que planean otorgarse al Fondo de Pensiones del Bienestar.

CDMX.- Entre confrontaciones verbales, carteles, videos y audios, senadores de Morena y oposición discutieron reforma constitucional denominada “simplificación orgánica”, la cual fue aprobada en lo general y particular por mayoría calificada y con ello desaparecen siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Además del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Ahora, el dictamen pasará a las legislaturas locales para su análisis y eventual aprobación. Se requiere el aval de 17 congresos estatales para que sea turnado el Ejecutivo y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la eliminación de estos organismos se prevé sumar a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.

Durante cinco horas, Morena y aliados argumentaron que se busca evitar la duplicidad de funciones y desvío de recursos. Mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que será un retroceso.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina expuso que el gobierno humanista ha alcanzado la madurez institucional y ha demostrado que esta listo para reasumir las funciones que fueron delegadas a organismos autónomos, “garantizando transparencia, honestidad, eficacia y austeridad en el manejo de los recursos”.

Subrayó que reasumir estas funciones “no es un retroceso, sino un acto de responsabilidad histórica que reafirma nuestra capacidad de servir al pueblo directamente, sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal y mucho menos, que vaya en contra de los intereses del pueblo que sirva solo a los intereses de unos cuantos y muchas veces a los intereses de los extranjeros”.

Aseguró que este dictamen “es el recordatorio de que debe el poder debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de eso privilegios”.

Posteriormente, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza subrayó que, “en modo alguno, se transgreden los compromisos internacionales de México, no, en todo momento se garantiza la libre competencia y concurrencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión asegurando que no se afecten las reglas del mercado ni los principios de competencia económica”.

Expuso que esta reforma propone que el Ejecutivo federal a través de las autoridades correspondientes regule de manera asimétrica a los actores de estos mercados para eliminar barreras a la competencia lo que redundará en un beneficio para los consumidores y mayor transparencia”.

Sobre la reestructuración de los entes públicos que establece que las estructuras orgánicas deberán ajustarse a los principios de racionalidad y austeridad republicana, “esto no solo contribuirá a una administración más eficiente, sino que permitirá que los recursos se destinen de manera más efectivas a áreas prioritarias, como educación, salud y la infraestructura”.

Afirmó que ésta es una medida necesaria para modernizar la administración pública, garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalece las políticas de bienestar social, “y avanzar en un gobierno más austeros, transparente y comprometido con el bienestar de los mexicanos”.

Así aprobaron la extinción de siete organismos autónomos en el Senado
El senador priista Manlio Fabio Beltrones recordó que la creación de estos organismos tuvo una razón de ser, revisar los actos del Estado ejercidos por los gobiernos para que la ciudadanía tuviera una participación directa en los mismos y en la revisión de su aplicación y en los recursos que se emplearon.

Con la constitución de estos organismos, dijo, se buscó evitar el control unilateral y unipersonal sobre temas que atentaban los derechos de la sociedad.

Aseguró que con esta extinción “estamos suprimiendo también los derechos ciudadanos y la vida democrática”.

“Estoy seguro de que ninguna república que se diga de vanguardia va a dejar de tener en su diseño de estado este órgano constitucional que hoy estamos lastimando. Hoy, lo que estamos escenificando aquí es el revivir al “ogro filantrópico de 1990 y del que nos habíamos alejándotelas cuando podíamos hacer acuerdos todos los responsables de vigilar al Estado mexicano”.
La emecista Amalia García, otra de las políticas que luchó por la construcción de organismos autónomos, expresó:

“El INAI puede tener todos los defectos que quieran, pero lo que no puede ser es que desaparezca un órgano autónomo que nos costó tantas luchas y tanto esfuerzo a tantos mexicanos para crear un estado democrático. No puede ser. Yo me siento agraviada y triste, me resulta inconcebible, no puedo ni dormir de la tristeza, porque nos costó mucho”.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano rechazó la extinción de órganos autónomos y mostró videos de Ricardo Monreal, Alejando Encinas, Zoé Robledo, Luis Armando Melgar y Luisa María Alcalde celebrando la existencia de la transparencia, “desafortunadamente hoy lo van a eliminar, porque ya están en el poder y no quieren ser cuestionados”.

La morenista Martha Lucía Mícher cuestionó que el consejo del INAI aprobara preguntas absurdas sobre el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como “cuánto papel del baño usaba, cuántas botellas de agua tomaba al día y cuánto presupuesto se utilizaba para comprar ropa interior o que marca era el abrigo y costo que utilizó en Sonora”.

En contraste, mencionó que información sobre los viajes del Instituto de Transparencia no se respondió.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda afirmó que los ciudadanos pueden preguntar lo que quieran.

La senadora de Morena, Verónica Camino subió a tribuna con una mampara para explicar los excesos de los órganos autónomos, “los legisladores de la cuarta transformación estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al poder Ejecutivo. Todas las cosas evolucionan, respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia del país”.

El senador del PAN, Marko Cortés adelantó el voto en contra de su bancada, “es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín creía en las instituciones, y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista, es concentrar el poder y no solamente en transparencia”.

La senadora priista Claudia Anaya dijo que 0.05 pesos de cada cien es lo que se gasta en los organismos, “las instituciones cuestan, porque son las garantes de los derechos. Este Senado de la República cuesta, ciérrenlo, si esa es la solución, acábenlo”.

Y la panista Mayuli Martínez dijo que a Morena no le gusta la transparencia, “porque les toca a ustedes” y mostró un audio de supuesta corrupción en Quintana Roo… “ahí está, vamos a darle la mochadita total, ya cuando se descarrile el tren, ya será otro pedo”.

La reforma a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución plantea la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas atribuciones serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública; mientras que las funciones en materia de medición de la pobreza y de los programas sociales que realiza el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval), serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En materia de Acceso a la Información y Datos Personales, quedarán bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y no del INAI, por lo que sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

El dictamen señala que, en materia energética y de competencia económica, en lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus funciones serán ejercidas por las Secretarías de Estado correspondientes.

Se avaló la creación de un órgano desconcentrado, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para impedir que México enfrente sanciones económicas en el marco del T-MEC.

Tendrá independencia técnica y operativa, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque dependerá directamente del gobierno.

Fuente:Milenio

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