CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE ENERO DE 2018Enero es un mes clave en los procesos por presuntos hechos de corrupción que se le siguen al exgobernador Javier Duarte. Por un lado se vence el plazo que un juez federal le dio a la PGR para completar la investigación en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada antes de ir al juicio, y por el otro, se realizarán dos audiencias iniciales en juzgados de la Ciudad de México donde la Fiscalía de Veracruz le imputará nuevos delitos.

Si todos los casos prosperan, a final de mes el exgobernador de Veracruz podría tener hasta tres juicios abiertos.

Hasta el momento Duarte permanece preso de forma preventiva en el área de observación del Reclusorio Preventivo Norte, a donde llegó desde julio pasado extraditado de Guatemala.

Su defensa intentó en los últimos meses, sin éxito, que la acusación por la que ya se le vinculó a proceso a nivel federal fuera desvirtuada. Lo que si consiguieron en cambio fue retrasar el arranque de los dos procesos promovidos por la Fiscalía de Veracruz, los cuales serán atendidos finalmente por jueces en la Ciudad de México.

El periodo de reclusión de Javier Duarte ha transcurrido hasta ahora sin mayores incidentes, con excepción de una “huelga de hambre” que mantuvo de forma intermitente durante dos semanas para denunciar una supuesta persecución política en su contra.

A continuación se detallan las audiencias que le esperan a Duarte tanto a nivel federal como local.
El caso de la PGR: un paso previo al juicio oral

Es el proceso más avanzado hasta ahora en contra del exgobernador de Veracruz. El pasado 23 de julio un juez federal de control en el Reclusorio Norte consideró que los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República eran suficientes para someter a Duarte a un proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Como marca el nuevo proceso penal acusatorio, el juez concedió a la PGR un plazo de seis meses para completar su investigación y reunir las pruebas que hicieran falta previo al eventual juicio.

Dicho plazo vence el próximo 22 de enero, fecha en que se llevará a cabo la denominada audiencia intermedia en la que la PGR mostrará ante el juez y ante la defensa las pruebas con las que pretende comprobar en juicio oral la culpabilidad de Duarte. A su vez los abogados del exgobernador, encabezados por el litigante Marco Antonio del Toro, descubrirán las evidencias que ellos pretenden llevar ante el tribunal para desvirtuar las acusaciones.

Lo que sucederá en la referida audiencia es que ambas partes, con el aval del juez, acordarán que pruebas pueden dar por hechas para no debatirlas y alargar el juicio oral (como por ejemplo el hecho de que Duarte fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016 o que Karime Macías es su esposa).

En la misma audiencia se debatirán las pruebas en donde exista controversia de alguna de las partes y el juez será el que defina si se mantienen o se eliminan del expediente.

Existe la posibilidad de que en la audiencia intermedia la parte acusada (Duarte) reconozca su culpabilidad en los delitos que se le imputan evitando así ir al juicio oral, lo que a su vez podría traerle el beneficio de una sentencia reducida. No obstante, la defensa ha desechado que esta vaya a ser una ruta que sigan al menos de momento.

Si todo está en orden, el juez de control dará por concluida la audiencia intermedia y el expediente pasará manos de un Tribunal de Juicio Oral compuesto por tres nuevos jueces, quienes llevaran a cabo la audiencia de juicio.

¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre la audiencia intermedia y el juicio oral? Es variable y depende de las cargas de trabajo en el Poder Judicial, pero se prevé que sea por lo menos tres meses.

Cabe recordar que la PGR acusa a Javier Duarte de encabezar una presunta red delictiva que a través de terceros consiguió ocultar el origen de recursos públicos que originalmente fueron extraídos de las arcas del estado mediante pagos a empresas fantasma, y que luego fueron triangulados entre otras compañía fachada, para finalmente ser invertidos en supuestas operaciones legales.

Lo anterior le habría traído a Duarte y sus cómplices beneficios económicos que les permitieron construir un millonario patrimonio inmobiliario, así como realizar otros gastos.
Los dos casos de la Fiscalía de Veracruz: apenas en fase inicial

Javier Duarte fue extraditado de Guatemala a México por el caso de la PGR pero también por dos órdenes de aprehensión más que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo en contra suya, y en los que se imputan al exgobernador cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición

No obstante, a diferencia del caso federal, las imputaciones de Veracruz no se han podido transformar todavía en un juicio.

El motivo principal del retraso en los dos casos son las demandas de amparo que la defensa de Duarte terminó ganando para que las audiencias iniciales no se realizarán ante jueces de Veracruz, sino que fueran transferidos a jueces de la Ciudad de México donde él se encuentra preso.

Será en enero, en fechas aún por definir, cuando finalmente se lleven a cabo las audiencias iniciales de cada una de las dos acusaciones ante jueces de control locales en Ciudad de México. Como sucedió en el caso federal en julio pasado, en dichas audiencias la Fiscalía de Veracruz formulará sus imputaciones y detallará cuales son su datos de prueba. Los jueces, en cada caso, determinarán si los indicios son suficientes para vincular a proceso al exgobernador y abrir un plazo de investigación complementaria.

¿De que tratan los casos que la Fiscalía de Veracruz imputa a Duarte? Uno de ellos, asentado en el expediente 38/2017 está relacionado con un presunto fraude que asciende a por lo menos 220 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones dichos recursos estaban etiquetados para su uso en la Comisión Estatal de Agua pero a través de una orden firmada por el propio Duarte fueron transferidos a otras cuentas ajenas sin que fueran regresados.

El otro caso asentado en el expediente 56/2017 corresponde a la presunta utilización ilegal de un helicóptero de la Fiscalía del estado con el cual Javier Duarte se escapó de Veracruz con dirección al sur del país, luego de que fue advertido (ilegalmente) que existía una orden de aprehensión en su contra. Esto ocurrió dos días después de que ya había pedido licencia al cargo de gobernador.

Los jueces que encabecen ambas audiencias deberán determinar, además de la vinculación o no a proceso del exgobernador, las medidas cautelares que se le impondrán a Duarte en los casos donde sí haya una vinculación. Cabe señalar que ninguno de los delitos que la Fiscalía de Veracruz imputa a Duarte amerita prisión preventiva automática, sin embargo, lo fiscales la solicitarán al juez con el argumento de que el exgobernador ya intentó una vez escapar de la justicia y puede hacerlo de nuevo.

Cabe señalar que, hasta ahora, Duarte permanece preso únicamente por la acusación de la PGR en su contra.

Fuente Animal Político