CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE ENERO DE 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) acusó que el lavado de dinero, supuestamente realizado por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, provocó un daño al erario público estatal por un total de 900 millones 99 mil 418 pesos.

Esto tras la adquisición y venta de 22 predios, algunos de ellos, pertenecientes a la reserva territorial de la entidad que gobernó.

Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes procedentes de una actividad ilícita.

“Una vez que terceras personas tuvieron la propiedad de dichos predios, usaron empresas fachada para retransmitir la propiedad y ocultarlas, sabiendo los actos ilícitos”.

Claudia Romanillo directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAQ) materializó la enajenación y adquisición ilícita de los predios”, señaló la PGR.

El juez Enrique Beltrán Senté dijo que Borge acudió voluntariamente y como hombre libre a enfrentar las imputaciones.

Por otra parte, durante la audiencia el exmandatario estatal, quien platicaba continuamente con sus dos abogados, señaló que padece de un problema en el riñón y requiere de tratamiento, así como de descanso, por lo que requiere de algunos recesos en su comparecencia ante el poder judicial de la federación.

Roberto Borge, aconsejado por su defensa, encabezada por Antonio Collado y Javier López García, se reservó su derecho a declarar ante las imputaciones formuladas por la PGR dentro del expediente 381/2017.

Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, estos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e isla Mujeres y, según las investigaciones el exgobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, “ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común”.

SEGUNDO EXGOBERNADOR EXTRADITADO

El ex gobernador se convirtió hoy en el segundo político mexicano extraditado a México desde Centroamérica en los últimos cinco meses y medio. El 17 de julio de 2017, tras ser detenido el 15 de abril pasado en el noroccidente guatemalteco por presuntos delitos federales y estatales, Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, fue entregado por Guatemala a México.

Borge llegó hoy a 214 días de estar preso en los siete meses desde que, al anochecer del 4 de junio de 2017, fue detenido en Tocumen en un avión de una aerolínea comercial en el que intentó fugarse a Francia; disfrutó del 25 de mayo al 4 de junio pasados en un opulento apartamento del Trump Internacional Hotel & Tower Panamá, frente a la bahía de esta capital.

La cancillería panameña refutó las denuncias del equipo de defensa legal del político de que enfrentó condiciones infrahumanas en las dos cárceles panameñas en las que estuvo recluido y reiteró que Panamá tramitó el caso “en estricto” respeto a los derechos humanos.

Desde el 6 de junio, en su primera audiencia ante un tribunal panameño, Borge se negó a ser extraditado y su defensa alegó que su arresto fue irregular y exigió su liberación.

Los reclamos fueron rechazados. Borge fue aprehendido a solicitud del gobierno mexicano con fines de extradición por una orden de captura que emitió, el pasado 31 de mayo, el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México por el presunto delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado” de dinero.

En la solicitud formal de extradición que entregó el 24 de julio a Panamá, México agregó tres órdenes de detención de un juzgado de Quintana Roo por los supuestos delitos estatales de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de función pública.

Panamá aprobó la extradición el 15 de septiembre y la notificó a Borge el 18 de ese mes, pero la defensa apeló. El proceso se apresuró después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó, el 11 de diciembre, tres recursos de “hábeas corpus” y un incidente de objeciones del político contra su arresto y extradición, y estableció que Borge agotó las vías legales para oponerse a su repatriación.

De esa manera, la Presidencia de Panamá coordinó la entrega que se hizo hoy jueves a la PGR. El 14 de diciembre, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y ministra panameña de Relaciones Exteriores, Isabel De Saint Malo de Alvarado, firmaron la resolución final para extraditar a Borge, quien al día siguiente lo recibió y suscribió, todo al amparo del tratado de extradición de 2007 entre México y Panamá.

La embajada mexicana en esta capital aclaró ayer miércoles que todo el trámite de recepción por la entrega de Borge por parte de Panamá fue ejecutado por la PGR.

La cancillería panameña autorizó únicamente el ingreso de reporteros gráficos a la base del SENAN, para que cubriera los detalles de la extradición pero a unos 100 metros del sitio donde se estacionó la nave de la PGR.

Antes de salir de la celda, Borge fue sometido por el gobierno de Panamá a dos evaluaciones médicas; en la base de Senan, en Tocumen, el gobierno mexicano también le realizó una inspección médica.
Escoltado por una caravana policial, Borge ingresó a las 09:30 horas locales (08:30 de México).

¿Cuántos años de cárcel para Borge?

El titular de la SEIDO en Quintana Roo, Alonso Israel Lira Salas, advirtió que la solicitud deberá ser valorada por el juez ya que el delito por uso de recursos de procedencia ilícita que se le imputa al ex goberador, es considerado no grave.

No obstante, hay otros delitos que se le intentan fincar, como lo son: fraude, malversación de fondos y delincuencia organizada.

De fincársele todos los cargos Borge Ángulo podría alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión según ha estimado Luis Ezequiel Orozco, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo.

Por su parte, el gobierno de Quintana Roo busca que el ex gobernador repare el daño patrimonial y permanezca encarcelado según ha declarado el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

De acuerdo a las penas que tiene, yo creo que debería quedarse ahí”, declaró recientemente.