CANCÚN, 12 DE JULIO.- Cuestionable y opaco trabajo de la XV Legislatura, considera Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien resalta la falta de transparencia en el uso de millones de recursos que la hacen la más cara de México.

En conferencia de prensa, Galaviz dio a conocer el balance del segundo periodo del segundo año de funciones de la XV Legislatura, en donde resalta la poca producción legislativa de los 25 legisladores ante la falta de decretos e inasistencias, eso si, sin descuento en su salario.

El empresario reiteró que el Congreso estatal sigue siendo el más caro y menos eficiente del país, “lo que afecta las finanzas públicas del estado, por lo que su presupuesto debe reducirse en relación con el del gobierno del estado y pasar del 1.65 actual, a uno por ciento.

Galaviz añadió que el Congreso estatal es el legislativo con más presupuesto en el país con casi 400 millones de pesos, pese a una reducción de 300 millones que la actual legislatura aprobó, y como ejemplo señaló que “el estado de Yucatán, que posee el mismo número de diputados que Quintana Roo (25), gastó 165 millones en 2017, mientras que Nuevo León, que tiene casi el doble de diputados (42), lo hizo con 303 millones de pesos.

Y sentenció que “la XV Legislatura quedará con el indicador de haber sido el Congreso más caro de todo el país en proporción de sus diputados”, dijo el también ex presidente de la Asociación de Plazas Comerciales de Quintana Roo.

“El manejo presupuestal de la Legislatura por concluir es de los más opacos del país, por lo que estamos solicitando incorporar a los congresos estatales al Sistema Nacional de Fiscalización, ya que los recursos que se transfieren bimestralmente al estado, son en su mayor parte de origen federal.”

En ese sentido, dijo que el Observatorio Legislativo solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar exhaustivamente el manejo de recursos de los legisladores, sobre todo el que se achaca al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, aún presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal.

El legislador es señalado “por negarse sistemáticamente a declarar y/o revelar el destino de al menos 100 millones de pesos; su gestión huele a fraude y desvío de recursos. Puede hacerse esa presunción porque no hay aclaración; es válido pensar que hay chanchullo” (coloquialmente, es la acción de una persona o acuerdo secreto entre varias para, de forma poco clara, conseguir un beneficio sobre un asunto en perjuicio de otros).

El Observatorio consideró que no hay un análisis del trabajo legislativo, y mucho menos de su impacto; que hay falta de profundidad y detenimiento en el estudio de lo que se aprueba, así como incapacidad para generar acuerdos entre las partes susceptibles de afectación a municipios, empresarios y sectores productivos.

Reiteró que no hay visos de transparencia en la XV Legislatura porque incluso la información es limitada en su página web, y el tema financiero sigue siendo opaco, además de que sus integrantes perdieron la oportunidad de convertirse en un poder independiente y ser un real contrapeso con los otros dos poderes.

“El trabajo del Congreso ha sido limitado y desapegado a la agenda que elaboraron los grupos políticos, y menos a las propuestas ciudadanas, pero sí a muchas enviadas por el titular del Ejecutivo”, acusó Eduardo Galaviz.

Carlos Águila Arreola 

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