Se ha especulado mucho sobre las reformas a la Ley de Movilidad hechas ayer por el Congreso del estado. Se han hecho comentarios en contra de la autoridad en el sentido de que con las reformas impiden la entrada de la plataforma Uber, empresa que se autocalifica como la gran panacea del transporte privado. Su director en México, Federico Ranero, afirma que con las modificaciones a la Ley hechas ayer se “retrocede e impide que se modernice el sistema de transporte”, además amenaza con que ese servicio “no regresará a Quintana Roo”.

Sin embargo, consideramos que se equivoca Ranero, acostumbrado a imponer su plataforma digital en diferentes estados del país donde los taxistas locales no protestan por no estar organizados. Aunque debe quedar claro que esto no significa que los miembros del sindicato empresarial de Taxistas Andrés Quintana Roo hayan vencido al gobierno estatal por sus presiones y paros. No, simplemente que “lo que es parejo no es chipotudo”. Es decir, no se puede exceptuar a Uber de operar al margen de los reglamentos. Los mismos tribunales federales han establecido que “el servicio de transporte de personas con plataformas tecnológicas debe contar con concesión”.

Al respecto, la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, en su Artículo 31 Bis, establece que, “para prestar el servicio público de transportación de pasajeros, mediante el uso de plataformas tecnológicas se requiere contar con una concesión, lo que no contraviene el Derecho Humano a la igualdad.

Esto se confirma con la tesis jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con respecto a Amparo en Revisión 559/2017, del viernes 22 de junio del 2018, que establece: “…Dicha disposición se aplica de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación, es decir a quienes utilicen las vías y carreteras estatales; perciban una remuneración económica por dicho servicio y, a la vez, cubran las necesidades que, en materia de autotransporte, se requieran para el desarrollo de la entidad, independientemente de que sean pactados por medio de contrato verbal, escrito o bien de cualquier plataforma tecnológica (internet, correo electrónico, celulares y/o aplicaciones de programas utilitarios por dichos medios).

En pocas palabras, las reformas a la Ley de Movilidad no impusieron ninguna traba a Uber, ni hicieron ningún cambio de fondo, sino que en apego a la misma Ley se adecúa al derecho humano a la igualdad. Se da opción a la entrada sin multas tanto a Uber como a otras plataformas, pero con el debido permiso o concesión que permita tener la certeza del número de vehículos y debida protección a los usuarios.

Luego entonces, la postura del director de Uber en México, Federico Ranero, no es más que un acto de vedetismo para captar reflectores, no se le impide prestar el servicio, pero si, como es lo justo, debe regularse con la concesión correspondiente. Además, Uber no es la única plataforma con las características de esa forma de transporte. Claro está, no defendemos a nadie, el Sindicato Andrés Quintana Roo debe adecuarse a la modernidad o será avasallado por avances tecnológicos.